Caso Romay: tras fallo de la Corte, jueza intima a ejecutar una sentencia favorable a la parte minoritaria de los herederos

El matrimonio Romay-Salvo tuvo cuatro hijos: Hugo Antonio, Walter Ángel, Daniel Mario y Carlos Lorenzo. En 1960, Elvira Salvo firmó un documento en el que donaba parte de sus bienes a su descendencia. Los problemas surgirían décadas más tarde. Daniel Romay, casado con Zelmira del Castillo, murió en 2003 sin dejar testamento y sin descendencia. En mayo de 2007, Salvo Ferreri promovió contra Del Castillo una acción legal para que le devolviera las acciones de la radio y el canal que ella le había donado a su hijo Daniel. Según el Código Civil, los hijos son “herederos forzosos” de los bienes de sus padres. Si el hijo muere antes que los padres, la herencia pasa a los nietos. Pero este no fue el caso, ya que Daniel Romay y Del Castillo no tuvieron descendencia. Por eso, el resto de la familia Romay entendió que la viuda debía devolver los bienes.

La estirpe Romay Buero, que representa una novena parte de los herederos, se opuso al acuerdo con un escrito judicial en el que denunció que todo era parte de un nuevo “ardid” de sus familiares para perjudicarlos. Sin entrar en el análisis de la conveniencia de la solución propuesta, la jueza del Juzgado de Familia de 8.° turno, María Elena Emmenegger, rechazó homologar el acuerdo. El administrador “carece de facultades a los efectos pretendidos” y el juzgado “carece de norma legal habilitante para conceder tal autorización”, fundamentó. El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2.° turno, con dos votos, mantuvo el fallo de primera instancia, por lo que algunos herederos plantearon recursos de casación.

Uno de los argumentos era técnico. Los herederos consideraban que el fallo de segunda instancia debía haberse analizado por los tres integrantes del tribunal y no por dos, como fue el caso. Argumentaban que no se trataba de una sentencia interlocutoria, sino de una que daba por terminado un proceso, por lo que la norma exige el análisis de los tres ministros.

La Corte discrepó con esa lectura. “La sentencia respecto de la cual se interpusieron los recursos de casación en estudio es una sentencia interlocutoria simple, pues no pone fin al proceso ni impide su continuación; simplemente no hace lugar a una autorización solicitada, pero ello no determina la finalización del proceso sucesorio en cuestión”, argumentó en su sentencia. Esa posición implicó que no fuera necesario, según los ministros, analizar los otros planteos incluidos en la casación.

El riesgo de la prescripción y el rol del administrador

Con ese fallo favorable, la estirpe Romay Buero pidió a la jueza de Familia de 8.º turno que tome “medidas urgentes” que permitan la ejecución de la sentencia favorable de 2017. Además cuestionan la labor desempeñada hasta el momento por el administrador de la sucesión, que en su opinión actúa en favor de una parte de los herederos y no de todos.

El escrito, presentado el viernes 6, sostiene que Del Castillo no cumplió voluntariamente con las obligaciones de restituir las acciones de las sociedades anónimas, entre ellas las de Canal 4, y de pagar más de US$ 30 millones. “En consecuencia, resulta indispensable promover los procedimientos de ejecución correspondientes para obtener el ingreso efectivo de esos bienes y créditos al patrimonio sucesorio”.

Los Romay Buero advirtieron que pasados más de ocho años desde que tienen una sentencia firme el administrador ni siquiera inició los procedimientos de ejecución. “Esta prolongada omisión resulta especialmente grave porque no solo impide la recuperación de activos de considerable valor económico, sino que expone al patrimonio sucesorio al riesgo de que se invoque por la condenada la prescripción extintiva de los derechos reconocidos judicialmente” en el fallo de 2017, advierte el escrito. Recuerda que la Ley de Urgente Consideración bajó de 20 años a 10 el plazo por el cual una persona puede exigir una deuda.

“En estas circunstancias, la prolongada inactividad del administrador exige una intervención judicial urgente y efectiva” del juzgado, agrega el documento. Advierte que la persistencia de “omisiones” para cumplir con la sentencia podría “comprometer la responsabilidad del Estado por el funcionamiento irregular del servicio de justicia”, lo que se vería agravado si prescribe el derecho de reclamar lo resuelto en el fallo de 2017.

Decisión de la jueza

Los Romay Buero pidieron a la jueza que “se disponga, en ejercicio de las facultades de dirección y contralor de la sede sobre la administración judicial, que el administrador judicial promueva, dentro del plazo perentorio de 15 días o del menor que la sede estime pertinente, las actuaciones judiciales necesarias para obtener el cumplimiento efectivo de las sentencias firmes dictadas contra la señora Zelma del Castillo, incluyendo los procedimientos destinados a obtener la restitución de las acciones de Canal 4, Radio Montecarlo SA, Geosol SA y Marson, así como la liquidación y recuperación de los frutos correspondientes”.

Le pidieron también a la jueza que ordene al administrador de la herencia “gestionar de inmediato el levantamiento de la suspensión de plazos del incidente de liquidación de frutos de Canal 4 promoviendo ante el tribunal competente las actuaciones necesarias para su efectiva reanudación” y que promueva “las medidas cautelares, de aseguramiento y ejecutivas que resulten jurídicamente procedentes para preservar los bienes y derechos reconocidos a favor de la sucesión y asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias firmes”.

En una breve resolución adoptada el lunes 9, la jueza resolvió que la alguacil del juzgado practique las intimaciones solicitadas por los Romay Buero en el escrito.