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Un conocido mío se mudó de Europa a Uruguay hace poco tiempo. Dado que se quedará en el país un tiempo considerable, decidió obtener la tarjeta de puntos de una cadena de supermercados, con sucursal cerca de su casa, para aprovechar los descuentos y promociones.
Cuando el señor fue a hacer el trámite, quedó horrorizado. La empleada del supermercado le pidió un sinnúmero de datos personales: nombre completo, domicilio, teléfono celular, fecha de nacimiento, profesión, estado civil...
Para colmo de males, en vez de entregarle el formulario y una birome al señor para completarlo, la empleada le preguntó sus datos en voz alta, por lo que los demás clientes podían escucharlo responder.
El señor entendió perfectamente para qué la empresa quería sus datos, aunque le disgustara. Lo que le pareció repugnante es que la empleada no se inmutara en lo más mínimo ante semejante atrevimiento.
La privacidad de los datos no es una pavadita. Uruguay no es un pueblo chico, aislado del mundo, donde todos saben qué productos compran los vecinos el almacén, y dónde viven el policía y el ladrón del pueblo. Estamos inmersos en un planeta hiperconectado, donde los delincuentes roban dinero de manera remota, sentados cómodamente en sus casas.
Hace dos semanas, la empresa de clearing estadounidense Equifax anunció que ladrones se infiltraron en sus sistemas informáticos hace un par de meses, y obtuvieron datos personales de 140 millones de personas, incluyendo 200.000 números de tarjetas de crédito. Como si no fuera suficiente, se ha revelado que los exdirectores de seguridad e información de Equifax tienen estudios terciarios completamente ajenos a la informática.(1)
En Uruguay, la Ley 18.331 de protección de datos personales tiene varios artículos estrictos, entre ellos que los datos personales que se guarden en bases de datos deberán ser “no excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieren obtenido”.
Evidentemente esta ley es letra muerta, porque no hay motivo razonable para que un supermercado necesite saber qué día nacieron sus clientes, su profesión ni su estado civil.
Ruego a las autoridades competentes que hagan cumplir la ley, para garantizar los derechos de los habitantes del país.
