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Antes de fin de año un diputado del partido de gobierno y del grupo del presidente de la República, lanzó la idea del salario básico universal y ya la misma ha tenido algunas repercusiones. Por supuesto que no faltó quien la calificara de “Tortorelli”, asimilándola a algunas de las propuestas de un personaje político de la primera mitad del siglo pasado llamado Domingo Tortorelli, de quien conocimos las anécdotas por nuestros mayores y que se caracterizaba por sugerir soluciones altamente demagógicas, rayanas en lo ridículo y totalmente impracticables. El caso que nos ocupa está lejos de caer en esa categoría, aunque también está lejos en el tiempo de poder ser llevado a la práctica. Pero no debería ser alegremente descartado sino todo lo contrario.
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Digamos para empezar que la idea no es un invento del diputado emepepista, aunque su mérito innegable ha sido plantearla en voz alta, sino que hace años que se ha vuelto a considerar en el mundo desarrollado y por cierto que filosóficamente tiene raíces que se remontan por lo menos a la antigua Roma. En 1918, en su libro “Roads to freedom”, Bertrand Russell ya abogaba por un salario social. Hace más de cincuenta años en los países escandinavos apareció la idea de una retribución básica universal. Varios premiados con el Nobel en Economía han sido partidarios, obviamente que con matices o diferencias importantes entre ellos, de una solución similar (p.ej. James Meade, Milton Friedman, Robert Theobald, James Tobin, Paul Samuelson, John K. Galbraith, Paul Krugman). Es un tema que se está debatiendo en Europa continental desde hace más de quince años y en 1995 Jean Marc Ferry escribió un enjundioso libro al respecto titulado “L’Allocation universal” así como Pierre Manent le dedica algunas páginas en su “Curso de filosofía política” (2001) o Fernando Savater lo ha promovido en diversos artículos en “El País” de Madrid y en su libro “Los diez mandamientos en el siglo XXI”. Cabe señalar además que, de algún modo, ya funciona en Brasil y en Alaska así como que es inminente su incorporación en Chile y desde hace unos años es objeto de una recomendación de la OIT, cuyo fundamento y gran aspiración es que llegue a ser un “subsidio básico universal” en todo el mundo.
Para no caer en el simplismo de la fácil, y hasta haragana, descalificación, recordemos lo que nos contaban los contemporáneos de Batlle y Ordóñez acerca de la propuesta de la Ley de 8 horas, que era desestimada por sus detractores aduciendo que las empresas se iban a fundir. O como lo relata el autor de “Doña Ramona”, obra teatral que ha estado nuevamente en cartel en estos días, luego de muchos años transcurridos desde su estreno en plena dictadura en los años 80, cuando le hace decir a su personaje, quien oficiaba de doméstica en una familia acomodada de Montevideo a comienzos del siglo, que Batlle no podía obligarla a hacer en ocho horas todo lo que le llevaba mucho más tiempo hacer cotidianamente en la casa. Porque esa era la forma en que se criticaba una idea de avanzada, que tampoco había sido invento de Don Pepe, sino que este la había tomado de pensadores de vanguardia e incorporado a su programa con una visión de futuro como parece que ya no tienen los políticos, quienes hace muchos años que no se dedican a imaginar y proyectar entre todos una sociedad mejor sino que se limitan a administrar el día a día y no siempre de la mejor manera.
Sin pretender agotar el tema, sino para estimular al debate serio y generalizado dentro de todo el espectro social y político, digamos que en el mundo está planteado no para suplementar o incrementar los subsidios ya existentes, como el seguro de paro o la propia jubilación paga por el Estado, subsidios de alimentación, etc., sino para sustituirlos de una manera más racional, más eficiente y más justa procurando quitarle al trabajador la necesidad de realizar cualquier tipo de tarea para sobrevivir, reduciendo la explotación y haciendo que quienes más gastan porque más tienen sean los que financian esta redistribución de la riqueza, pero comprometiendo también al Estado a reducir el gasto innecesario. No reduciendo los servicios pero sí racionalizando la contratación de personal en áreas prioritarias y no simplemente para reducir la tasa de desempleo. Por otra parte, si todos los ciudadanos reciben una porción de la renta nacional, van a estar más alertas en el control de lo que gasta el Estado y van a contribuir a cuidar los recursos públicos donde quiera que se encuentren, ya sea en las oficinas, las escuelas o los hospitales donde el público ha sido eternamente testigo de descontroles y despilfarros.
Es cierto que una iniciativa de esta naturaleza requiera mucho tiempo de estudio para proyectarla y fundamentalmente para financiarla, pero está lejos de ser imposible. Lo que no debería es ser patrimonio exclusivo de un grupo político, y menos de uno integrante del gobierno, entre otras cosas para que no se le etiquete como un mecanismo cazavotos, como vemos que lamentablemente ha sucedido en algunos de los países de la región, lo cual desnaturalizaría la sana intención que la formulación de la propuesta estamos seguros que tiene. Pero para que ello no ocurra lo que tienen que hacer los otros grupos, tanto en el partido del proponente como en los de la oposición, es primero no descartarla a priori, y menos descalificarla ligeramente, para luego comenzar a estudiarla como una política de Estado. Creemos que puede tener mucho más impacto social que el autocultivo de cannabis o el matrimonio entre personas del mismo género, por citar algunas de las propuestas que se han estado manejando últimamente a nivel de todos los partidos y que por cierto pueden también ser consideradas de vanguardia.
En lo personal consideramos que el Partido Colorado, al que hemos votado en apoyo a sus ideas batllistas, que hoy lamentablemente vemos en minoría dentro del partido, debería, en consonancia con el espíritu que sabiamente le insuflara Batlle y Ordóñez, darle prioritaria consideración al tratamiento de este tema procurando, con su contribución al estudio de iniciativas de este tipo, volver a posicionarse como “el escudo de los débiles¨, que tanto bien le hizo al prestigio del Uruguay en el mundo, al bienestar de su población en general y al fortalecimiento de su clase media, que en cualquier país es el mejor motor para el desarrollo y el crecimiento.
