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Desde que llegaron a Viena, Austria, la semana pasada, los miembros de la delegación uruguaya que concurrió a la reunión de la Comisión de Estupefacientes para la Revisión de la Declaración Política y Plan de Acción de Naciones Unidas, han tenido una agenda muy apretada. Se trata del primer encuentro importante sobre ese tema después de que el Parlamento aprobó la ley que habilita y regula la producción y venta de marihuana, y los representantes del gobierno querían reunirse con otras delegaciones para explicar el alcance de la norma y demostrar por qué en su opinión no viola las convenciones internacionales.
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“Nos encargamos de explicar que no pretendemos exportar el modelo de regulación del cannabis a nadie, que es peculiar de nuestro país por sus tradiciones” y que “no es liberalización ni libre mercado”, informó a Búsqueda Milton Romani, uno de los integrantes de la delegación y embajador uruguayo ante las Organización de Estados Americanos.
En el gobierno opinan que las gestiones han tenido buenos resultados pese a que saben que varios países discrepan con la estrategia uruguaya y así lo plantearon en la reunión plenaria y en encuentros bilaterales con la delegación encabezada por el prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa.
Durante la reunión plenaria, los representantes de Rusia, Japón, Suecia, China, Irán, Pakistán, fueron los más claros a la hora de criticar la posibilidad de avanzar en la liberalización de la marihuana. El delegado ruso, por ejemplo, planteó la decepción frente a la “tendencia de descriminalizar las llamadas ‘drogas blandas’”. A su turno, la representante sueca relató que la política de su país era “liberal” y eso provocó un aumento en el consumo, pero que en 2009 esa estrategia se revirtió.
Estados Unidos, un actor considerado “clave” por el gobierno a la hora de discutir el tema drogas, dijo que el sistema internacional de control de drogas “no es perfecto”, pero ha demostrado ser bueno para enfrentar el problema durante las últimas décadas. “Creemos que es más prudente avanzar en una reforma basada en la evidencia dentro del marco de las convenciones que abrazar ideas no probadas que debilitan el sistema y generan el riesgo de un mayor abuso de drogas”, sostuvo el representante del Departamento de Estado estadounidense.
Para el secretario general de la JND, Julio Calzada, la declaración de Estados Unidos era “previsible” y no supone “una condena” a Uruguay, porque la ley busca reducir el consumo y “trabajar dentro de las convenciones internacionales”.
Países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, varios de Centroamérica y algunos europeos como Suecia, República Checa, Bélgica y los Países Bajos plantearon la necesidad de abrir el debate a nuevas estrategias. “El reconocimiento del fracaso de la actual política de drogas impulsó un cuestionamiento de gobiernos, políticos, pensadores de la región y organizaciones de la sociedad civil”, afirmó el delegado de Ecuador, Rodrigo Vélez. “Son muchas las voces que abogan por un cambio de paradigma en el entendimiento y abordaje del fenómeno de las drogas”.
Sin temas “vetados”.
Uruguay llegaba a la reunión en Viena con una posición un tanto debilitada debido a que el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, criticó en varias ocasiones la ley aprobada el 10 de diciembre en el Parlamento porque “marca una tendencia peligrosa” y viola las convenciones internacionales sobre drogas.
Por eso, en su exposición durante la sesión plenaria, Cánepa sostuvo que desde 1961, “por la vía de una interpretación rígida y estrecha de las convenciones, se ha impuesto una lógica que dispone de una única herramienta para el control del uso del cannabis, que es la del control penal”.
“Nuestro país tiene el derecho, en la medida que sus políticas no causen daños a terceros, a implementar aquellas políticas públicas que contribuyan en el marco de la plena vigencia de los derechos humanos de sus ciudadanos, a mejorar y proteger la salud y la calidad de vida de los mismos”, añadió.
Para Calzada, quien participó en muchas de las 26 reuniones bilaterales que organizó la delegación uruguaya, el trabajo en Viena permitió que se abra un espacio a la discusión de alternativas a la “guerra a las drogas” de cara a la Sesión Especial Sobre Drogas de Naciones Unidas de 2016.
Según Romani, Uruguay no fue solo “a defender la ley” sino a pararse como “interlocutores y protagonistas de la necesidad de garantizar un debate franco y abierto, sin prejuicios y crítico con el actual modelo”. Incluso opinó que el país “sale fortalecido “por el amplio marco de alianzas que hemos ido construyendo a diversos niveles y que nos coloca dentro de un bloque alternativo respetable y también con quienes están expectantes con nuestra experiencia”.
