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Se supone que todos nosotros en virtud de nuestra profesión, empleo o comisión, tenemos un rol que cumplir en la sociedad.
Por tanto, suenan lógicas algunas posturas de personas que ocupan determinada responsabilidad, más allá de que no las compartamos. Eso exactamente me pasa con las varias expresiones públicas del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social respecto del conflicto en el Poder Judicial.
Antes de seguir y para jugar limpio, decir que sí trabajo en el Poder Judicial, que soy un profesional pero no del Derecho, que pertenezco a un gremio (no al judicial) y que no inicié juicio alguno al Estado. Como última cosa, decir que no comparto la preferencia política del ministro pero respeto su trayectoria en ese campo.
Con mi posición claramente expuesta, decir que entiendo perfectamente que el ministro de Trabajo y Seguridad Social de mi país se preocupe por un eventual conflicto en un sector básico del funcionamiento de un Estado como es la administración de Justicia. Lógico que exponga su preocupación públicamente y que trate de dar algunos mensajes a la población para tranquilizarla. Lógico también que exprese cómo el Poder Ejecutivo utilizará las herramientas legales para garantizar una función esencial e instar a transitar por los caminos de la negociación.
También considero admisible en función de ser el ministro un cargo de confianza política, que se deslice algún mensaje de advertencia a los que amenazan con medidas gremiales que pueden afectar seriamente el funcionamiento estatal. Todo bien y dentro del rol.
Lo que me parece mal, y bastante desubicada, es su postura de severo cuestionador de la actitud de quienes eligieron la herramienta gremial para hacer efectivo su derecho. Nada menos que el de hacer que el Estado cumpla con lo comprometido por ley.
Y en su postura superior “enseña” que los funcionarios deben cumplir sus obligaciones y da cátedra sobre qué son las medidas de huelga y lo que las autoridades administrativas de esos funcionarios deben hacer al respecto.
Entiendo que esté enojado. Yo estaría igual si como ex legislador me doy cuenta de que “se me escapó una tortuga”, tortuga que al país le va a costar varios millones de dólares al año. Estaría “re caliente”.
Y ahí va otra cosa que comparto con el ministro. Cada funcionario tiene que cumplir con su obligación. No le quiero recordar que su obligación como legislador era que el “producto” elaborado por el cuerpo que integraba fuera bueno y no generara lo que generó esta norma. Y si no lo podía hacer él personalmente, que toda la estructura que el Parlamento tiene a tal fin y razonablemente bien paga, cumpliera con su función (legisladores, asesores, Dpto. Jurídico, etc.).
No les echemos la culpa a los demás. No seamos soberbios y juzguemos a aquellos ajenos a la estructura legislativa, quienes “me tendrían que haber avisado y no lo hicieron”, deslizando hasta intencionalidades de tal omisión.
¿No será mejor tratar de mirar para adentro y analizar por qué en un período tan corto tantas leyes fueron declaradas inconstitucionales? ¿Solo es culpa de los otros que nos ponen palos en la rueda? ¿No tendremos que mejorar el producto que no está pasando el control de calidad? ¿No habrá que buscar otros responsables, pero adentro?
Para terminar. Más allá de que en este gran lío están metidos miles de funcionarios de la más diversa condición, función, política, etc., sin duda que uno de los aspectos que ha llamado más la atención es la actitud de los magistrados.
Creo que los asiste el derecho a recurrir a medidas de presión para reclamar y se han manejado con ponderación. Las palabras del Dr. Seijas, directivo de AMU, al final de la última asamblea fueron muy pertinentes: “Si se nos exige que apliquemos la ley, exigimos que también se nos aplique a nosotros”.
Sr. Ministro: usted, yo e incluso los que reclaman vamos a tener que pagar por la tortuga que se les escapó. Yo le pido que en vez de enseñarnos sobre obligaciones, “ética sindical” y mostrarnos responsabilidades, revise los procesos para que no tengamos que verlo enojado y pontificando en la televisión.
Y hablando de obligaciones, ahora como integrante del Poder Ejecutivo, cumpla con la de cumplir la ley, tradición que todavía nos sigue distinguiendo a nivel internacional.
