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En la última entrevista que dio el año pasado, el ministro de Economía, Danilo Astori, destacó en Búsqueda el trabajo “excepcional” que, a su juicio, viene realizando la Dirección General Impositiva (DGI) y que ubica a Uruguay con los menores niveles de evasión en la región. El resultado es un aumento de los ingresos, que son para el gobierno como agua en el desierto, en momentos en que el nivel del déficit fiscal plantea una fragilidad para la economía del país.
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Con salarios y otros ingresos aumentando su poder adquisitivo que terminaron pagando más impuesto a la renta personal y sosteniendo un mayor consumo —gravado con IVA y otros tributos—, la recaudación tributaria creció el año pasado frente al anterior. Tras un incremento de 5,8% en diciembre —quitando los efectos de la inflación de precios (o variación real)—, lo cobrado en 2017 por la DGI fue equivalente a US$ 11.005 millones, calculó Búsqueda a partir de datos oficiales. El aumento en todo el año fue de 6,2% frente a 2016, superando el ritmo de expansión que habría tenido el conjunto de la economía uruguaya (en torno a 3% según la última estimación del gobierno).
Esa es la recaudación neta, ya descontados los tributos devueltos al sector exportador, entre otros reintegros que sumaron el equivalente a US$ 1.244 millones.
Los impuestos al consumo explicaron 56% del total cobrado por la DGI el año pasado. En conjunto, su aumento real fue de 4,2%, explicado por el crecimiento del IVA (3%) y del Impuesto Específico Interno (10%).
Los gravámenes sobre la renta —personal y empresarial— recaudaron en 2017 un 15,6% más que el año anterior, siempre en términos reales o a valores constantes. Aportaron 36,5% del total de los ingresos obtenidos por la DGI.
Dentro de esa categoría se destacó el incremento de 26,3% en la recaudación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRAE), sobre todo por la carga sobre las retribuciones al trabajo (28%) que desde enero de 2017 estuvieron alcanzadas con un esquema más gravoso. Algo similar se observó con el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que grava las pasividades y cuya recaudación creció 21%.
Debido al descenso de lo percibido por los impuestos sobre el patrimonio (–2,8%), la recaudación del conjunto de los gravámenes a la propiedad se contrajo 2,1% respecto a 2016. El ITP, que carga las compraventas de inmuebles, aumentó 5,3%, lo que pudo estar asociado a una expansión de ese mercado el año pasado o a una valorización de las viviendas.
En todo 2017 la DGI también recaudó más que el año anterior (12,6%) por concepto de multas, recargos y convenios de refinanciación de adeudos tributarios.