Eso nos lleva a percibir el nuevo contexto como un escenario en el que los hechos se suceden con alteraciones de amplia significación respecto a lo ya conocido e impulsan heterodoxias variadas.
Dada las carencias derivadas de la imposibilidad material de apreciar todas las variantes operativas que se suceden en el plano organizativo institucional, se tiende a opacar la verdadera naturaleza de la situación actual.
La teoría política convencional pregonaba hasta hace pocos años la existencia de un exclusivo centro organizado de poder: el Estado.
Sin embargo, en las últimas décadas la sociedad y la política han hecho emerger variados centros de poder fuera del Estado, distintos del mismo, pero con variados grados de influencia sobre el aparato estatal.
Esto ha llevado a plantear la necesidad de reformar y reconstruir a los Estados que en los últimos lustros se han visto sometidos a intensos procesos de globalización y a su vez enfrentarse a las nuevas acechanzas que se plantean en el escenario internacional sobre futuros impactos universales que propicien desarrollos de mecanismos de desglobalización en forma paralela.
En los países donde se manifiesta el mayor avance, a nivel de mercado, los agentes económicos buscan elaborar productos adaptables a las distintas demandas emergentes por parte de usuarios cada vez más exigentes y calificados, para lo cual se trata de evitar en lo posible cualquier forma de compromiso con objetos inmutables que tengan formas y funciones fijas. La volatilidad y lo efímero son las normas.
Se comienza a vislumbrar una economía de lo transitorio y lo perecedero que tiene un patrón de comportamiento distinto a los procesos de creación de valor ya conocidos.
Se jerarquiza y se hace un uso intensivo del conocimiento, al cual se valora como insumo clave y observamos que en la economía actual la aplicación del mismo en los procesos de producción se hace cada vez más relevante y específico.
A su vez, se manifiesta en todos los planos —y particularmente en lo económico, social y político— la aparición de un pluralismo progresivo de actores y entidades que se expresa en una sociedad de amplia diversidad institucional y de extendida difusión del poder.
El naciente pluralismo se orienta a la función y a la eficacia y se articula por medio de variadas instituciones que se abocan a distintas tareas especializadas, como ser la creación de riqueza, la educación, la salud, la formación de la juventud en valores y hábitos, la promoción de las iniciativas individuales, el abordaje de los problemas de pobreza e indigencia, la promoción social, etc.
Este nuevo pluralismo de la sociedad, la economía y la política plantean cambios de suma importancia en los procesos de decisiones colectivas y por ende afectan marcadamente a las instituciones públicas.
Transformaciones de las funciones estatales
Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX las funciones que ejercía el Estado emanaban de una visión en la cual el agente político económico Estado era prácticamente el centro del poder.
Pero ese proceso de sacralización de lo estatal ha dejado paso en los últimos tiempos a un análisis sobre la verdadera naturaleza que deben tener las acciones colectivas en una sociedad moderna y sobre la naturaleza de la producción de bienes públicos.
Las actuales sociedades, impulsadas por un remozado espíritu emprendedor de sus integrantes, generan la aparición de un reformado pluralismo de actores y entidades que se caracteriza por la existencia de variados centros de poder fuera del Estado y que en muchos casos persiguen fines públicos.
En la actualidad, por ejemplo, las tareas sociales se realizan por intermedio de instituciones como ser la empresa, el sindicato, organizaciones de ayuda mutua, el sistema de sanidad, la escuela o la educación en todos los niveles.
Y este nuevo pluralismo de la sociedad se guía por el cumplimiento de la función encomendada y el grado de eficacia que se obtiene al desempeñarla; por tanto este nuevo estilo no se esfuerza en cumplir meramente con la reglamentación y el control, sino que busca la confiabilidad, la responsabilidad y la innovación.
La nueva situación derivada de la revolución tecnológica requiere disponer de servicios colectivos numerosos, complejos e inteligentes. Pero no necesariamente deben ser provistos por el Estado nacional.
Los adelantos sociales dependerán cada vez más de la calidad del sistema colectivo que se ocupe de los temas públicos. Pero este sistema puede ser garantizado en gran medida por colectividades locales, por organismos especializados autónomos o por quienes están en condiciones de ofrecer un mejor servicio que garantice la innovación, el desarrollo y el cambio.
Se hace necesario contar con un Estado sobrio y austero, capaz de programar e invertir a largo plazo y que sea hábil para arbitrar entre los actores políticos, sociales y económicos de forma tal que no tenga inconvenientes en desaparecer y retirarse cuando una actividad demuestre ser fructífera y pueda ser garantizada por el accionar de los responsables que la ejercen.
De allí que se haya convertido en una necesidad imperiosa el proceso de modernizar las estructuras públicas a partir del replanteo de sus funciones y principios que son altamente influidos por la ocurrencia continua de sucesos aceleradamente transformadores.
Todos los análisis comparativos muestran que la manifestación de la crisis de los aparatos estatales es universal. Al eclosionar el cambio, las sociedades se convierten en más activas, los ciudadanos están más informados y pretenden tomar mejores decisiones para lo cual requieren mayor y más calificada información, mientras que las distancias culturales y las barreras sociales se achican.
Esto deriva en un tejido social más complejo y por ende más difícil de administrar. Las distintas instituciones públicas no pueden hacerlo y las actividades de las mismas tienden a empobrecerse y a entrar en crisis.
La emergencia de nuevos problemas, que provienen de la existencia de una trama social más enmarañada y exigente —la cual requiere mayor atención y cuidado— lleva a implementar crecientes y más sofisticadas formas de intervención para las cuales aún no existen los instrumentos adecuados que permitan enfrentar estos urgidos requerimientos.
En estas circunstancias se plantea una paradoja muy nítida: en la medida que es mayor la libertad de los participantes en el juego político social es preciso disponer de mayor organización.
Sin embargo, esta incongruencia no queda solitaria, porque se patentiza, asimismo, en la demanda suplementaria por una mayor organización potencialmente encubridora de un superior requerimiento de intervención pública pero de distinta naturaleza a la habitual.
Y esto es así porque muchos problemas que hasta ahora se manifestaban en ámbitos sectoriales o regionales se han convertido en dificultades generales y nacionales debido a la interdependencia creciente de todas las actividades.
En este caso, el Estado debería proveer el marco suficientemente amplio que permita a todos los interesados estar vinculados a la administración de problemas comunes.
Los ciudadanos, gracias a su mejor educación, a su mayor grado de libertad, disponen de un acceso más fluido a los centros de decisión y en consecuencia mayor posibilidad de intervenir más rápida y activamente.
Se observa, entonces, que el relacionamiento que se establece en el nivel político administrativo se convierte en más arduo, con más problemas y dificultades, pero también con más participantes.
Ante este tipo de cambios, los sistemas administrativos no parecen encontrarse preparados para lidiar con los desafíos que se presentan.
Si bien se dispone de mayor apoyo informático, aún no se han considerado las condiciones políticas, institucionales y de capacidades colectivas e individuales, que permitan establecer las políticas de funcionamiento de los sistemas de decisión de las acciones públicas.
El tema refiere a las grandes definiciones sobre los sistemas administrativos que permitan absorber la variedad, diversificación y complejidad de las actuales demandas por servicios públicos.
La modernización, en este caso, no es equivalente al extendido uso de las computadoras, sino que tiene que ver con la visión estratégica, los métodos e instrumentos a implementar y a la formación de una cultura de logros y resultados adecuada a los retos que se plantean.
Todas estas consideraciones nos llevan a que concibamos que los intentos de reforma del Estado tienen que asumir a estos condicionamientos si pretendemos aumentar su gobernabilidad proveyendo a las instituciones estatales de los medios financieros y administrativos que permitan que la economía nacional se torne internacionalmente competitiva como lo demandan los nuevos tiempos.
Es entonces que ante estos nuevos desafíos un conjunto de nuevos valores a ser desarrollados deben ser aplicados para atender estos requerimientos.
El Banco Mundial, por ejemplo, en esa búsqueda define a la gobernabilidad democrática como aquella dimensión que debe atender a:
- La estabilidad política
- La efectividad del gobierno
- La voz ciudadana y la rendición de cuentas (accountability)
- El imperio de la ley
- La calidad regulatoria
- El control de la corrupción
Esta gobernabilidad, junto con los equilibrios macroeconómicos, apunta a establecer una mecánica del desarrollo que permita la obtención de la equidad social.
Como se ve, un largo camino por delante aguarda a la sociedad uruguaya para enfrentar los avatares de nuestro tiempo.
Cr. Ec. Isaac Umansky
