La salud pública y la libertad

Primera reflexión: el sistema de salud pública uruguayo ofrece una asistencia estándar que en muchas partes del país no permite alertar muchas expectativas ante cuestiones graves (salvo honrosas excepciones) por carencia de material y de personal. En ciertas regiones del país no existe cobertura de salud para determinadas dolencias y emergencias (incluso, algunas intervenciones de riesgo hay que realizarlas en el extranjero). Los pacientes mueren en los traslados. Y esas localidades que ni siquiera brindan satisfactoriamente el derecho humano a la salud cuentan con jerarquías de gobierno que no merecían tener. Como ciudadanos cabe preguntarnos cosas básicas y sencillas tales como la necesidad de mantener una división organizativa del Estado en 19 departamentos con 19 intendencias y demás funcionarios públicos cuando en esos departamentos es imposible para el Estado cumplir con una de las obligaciones básicas para con los individuos que viven en su territorio. Esta es una cuestión de Estado y no del paladar de los “regionalismos”. En muchos departamentos bastaría con tener buenos administradores en materia agrícola o ganadera, que son los reales intereses del Estado en detrimento de los individuos. En ese sentido debería volver a discutirse sin egoísmos y falsos orgullos regionales y personales el tema planteado últimamente por la senadora Lucía Topolansky de dividir al Uruguay en zonas y reconvertir las figuras de los intendentes en otro tipo de “servidor público”. Por lo tanto: allí donde el Estado no pueda garantizar ni siquiera la salud de las personas, no debería existir un departamento.

Segunda reflexión: cabe preguntar, ¿por qué no se permite a los privados invertir adonde el Estado falla o encuentra superfluo o innecesario invertir? Todos recordamos el “caso Da Vinci” y las trabas de la “corporación pública” a la inversión privada, anteponiendo “conflictos ideológicos” a la salud de los individuos, esto es, posponiendo intereses del individuo ante una “razón de Estado”. ¿Puede actuar un Estado democrático de forma totalitaria? En el ensayo del filósofo alemán Karl Jaspers titulado “La lucha contra el totalitarismo” se nos explica que estos no son un fenómeno exclusivo de las sociedades totalitarias per se, porque aunque adopten formas más sutiles de manifestación en una democracia, el totalitarismo se manifiesta como presiones sobre el individuo, al que suprimen la libertad de pensamiento y de expresión. Jaspers nos incita a “la lucha contra el totalitarismo” que ejemplifica en el fascismo, el nacionalsocialismo y el bolchevismo (comunismo), como tres de las formas en las que se plantea “la disciplina de masas como futuro para la humanidad”. Según este autor, “en todos los lugares en los que el totalitarismo llega al poder, las intrigas y la violencia reemplazan a la política local”, circunstancia bien conocida por los uruguayos durante la dictadura cívico-militar. Pero también en democracia hemos vivenciado cómo desde determinados “aparatos” gubernamentales se quiere “controlar” y “sancionar” al disidente (¿subversivo?), que en los hechos termina siendo aquel que “denuncia” públicamente una carencia, un error, una falla del sistema controlado por el aparato burocrático-estatal.