Muchos uruguayos recordarán la indignación sentida durante el Mundial de Brasil 2014 a raíz de la expulsión de Luis Suárez de aquel país, y la inhabilitación que se le impuso de disputar seis partidos internacionales con la Celeste. La falta cometida por el goleador uruguayo, siendo grave, no lesionó a ningún rival, ni le partió una vértebra a nadie, como sí ocurrió en otras incidencias de ese torneo, faltas asumidas por FIFA con inusual benevolencia respecto a la sanción proferida al uruguayo.
A Suárez se le desconocieron derechos como el de libre circulación, desde que debió abandonar la concentración celeste e irse de Brasil; su derecho al trabajo, por la suspensión por seis partidos internacionales con Uruguay, lo que afectó su labor y la desproporción en la pena generó una exageración mediática que repercutió en su derecho a la dignidad.
Es un fruto de la intolerancia, por lo que el permanente avance y retroceso que caracteriza a la protección de los derechos humanos, ha acotado —que no eliminado— esa ficción jurídica que persigue el aniquilamiento moral, ético, social y político de la víctima.
Paradójicamente, en el Uruguay de estos días se verifica otro intento de aplicar la muerte civil a uno de los principales actores y autores teatrales del país: Franklin Rodríguez.
¿Qué motiva esta caza de brujas que recuerda el tiempo de canallas tan bien narrado por la actriz norteamericana Lillian Hellman en referencia al macartismo anticomunista sufrido por centenares de actores cuando en Hollywood circularon las listas negras?
Rodríguez recibió un castigo que lo excluye del sindicato de actores uruguayos (SUA), así como de trabajar en salas vinculadas al SUA, por haber hecho uso de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, así como de su derecho a la participación, todos ellos derechos civiles y políticos.
Se le vulnera además un derecho social: su derecho al trabajo.
También la pena impuesta a Rodríguez se hace extensiva a aquellos otros actores que quieran trabajar conjuntamente con el sancionado, pues SUA advierte que los mismos deberán atenerse a las consecuencias en caso de ejercer sus derechos. Rodríguez es un leproso. O una especie de muerto civil.
Sr. Director: ¿Quién decretó esto? Pues la muerte civil, como tal, hace tiempo que quedó en desuso por parte de los Estados democráticos, salvo en los regímenes totalitarios.
El escritor cubano Manuel Vázquez Portal a su paso por Montevideo en 2007 lo describió con una frase gráfica: el hombre en piyama. A eso quedó reducido él en 1990, cuando la dictadura cubana lo obligó a existir solamente dentro de su domicilio. Otra referencia puede tenerse en el filme iraní Esto no es una película, documental realizado en 2011 por el cineasta Jafar Panahi, filmado en el interior de su hogar tras ser obligado a permanecer en su domicilio con prohibición de trabajar o circular más allá de la puerta de calle.
¿Enloqueció la democracia uruguaya? No. Es el sindicato de actores uruguayos, SUA, a través de su comisión de ética, quien condena a Rodríguez. Trabajadores de la cultura que le dicen.
A lectores de mi generación quizás les venga a la memoria nombres vinculados al teatro uruguayo: Margarita Xirgú, mentora de Federico García Lorca, exiliada del franquismo en Montevideo, directora de la Comedía Nacional y de la EMAD; Antonio Taco Larreta, Alberto Candeau, lector de la proclama de noviembre de 1983 que inició el descongelamiento de la dictadura uruguaya; Atahualpa del Cioppo, mítico director de Teatro El Galpón, elenco que recibió la solidaridad de mexicanos, panameños, costarricenses, españoles y muchos más, durante los años de su exilio. Delfi Galbiati, lector de la proclama de 2002 que convocó a sectores políticos y sociales que llevaron al Frente Amplio de izquierda al gobierno en 2005. Todos ellos, en innumerables ocasiones, reivindicaron la libertad de expresión, algunos fueron perseguidos, otros sufrieron exilios, otras proscripciones…
Sr. Director, los herederos de esas figuras emblemáticas son los que hoy aspiran a decretar la muerte civil a quien dice lo que piensa y cuestiona lo que entiende debe cuestionar.
Con la particularidad de que quienes hoy dirigen Teatro El Galpón, además, deforman —vaya novedad — la historia reciente: refieren a que ese teatro es parte de un “derecho que pudimos recuperar (junto a otros que habíamos perdido) al volver la democracia a nuestro país”. No. Ese teatro no lo recuperaron ellos. Es una falsedad. Fue la ciudadanía uruguaya democrática la que con su tenaz resistencia a la dictadura recuperó también la libertad artística para el país. El elenco de El Galpón retornó cuando tuvieron esa garantía.
Por respeto a la inteligencia del lector, y del propio Rodríguez, no describo los cuestionamientos. Son eso: cuestionamientos, tan legítimos como los que pueda hacer cualquier persona en uso de sus derechos.
De esta situación queda en evidencia que cuando el objetivo político, es decir, el poder se vuelve la única brújula, y la destrucción del enemigo es la consigna principal de una ideología, es evidente que el recurso natural de esta ideología será la movilización del odio, sostiene el filósofo polaco Leszer Kolakowski. Siempre y cuando consideremos que esta decisión sindical obedece a una ideología. Se parece más a un exabrupto, aunque no por ello menos peligroso por lo que supone como mal precedente.
Pero es necesario otra puntualización referida a mucha gente de la cultura uruguaya, salvo los contados con los dedos de una mano, sobre los que el lector se preguntará por qué guardan silencio.
Quien calla cuando debería hablar y oponerse a esta medida irracional causa un cuádruple daño:
1. A su ética, cuando admite en voz baja su disconformidad con la medida de SUA, pero no la explicita por temor a quedar “pegado” a Rodríguez.
2. A Franklin Rodríguez, a quien deja expuesto a esta especie de muerte civil aplicada por una dirección sindical que incurre en el delito de lesionar derechos humanos.
3. Robustece la irracionalidad entre quienes menos reflexionan —es más fácil seguir al que da la línea— y por tanto facilitan la multiplicación del acoso al sancionado.
4. A la convivencia ciudadana, desde que sectores partidarios, incluido alguno que ayer criticó a Franklin Rodríguez, hoy se embandera con este despropósito para hacer un uso partidario-electoral, lo que rápidamente es traducido a algo que “se ha politizado”, que en la jerga ciudadana equivale a un “todo vale”.
Ante este caso de patología social de parte y parte, es decir, de quienes lesionan derechos humanos y de quienes cohonestan con su silencio; vale recordar, salvando las distancias, que la mafia de la FIFA que decretó la transitoria muerte civil de Luis Suárez en 2014, no tardó en ser desarticulada y encausada penalmente por la fiscal estadounidense Loretta Lynch. Diecisiete meses después.
Hugo Machín
CI 1.312.624-1
