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El ex presidente francés Nicolas Sarkozy, de opaco recuerdo, ya en los confines de su mandato, al inaugurar una cumbre del G 20, dio lectura a un discurso escrito quizá por algún funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), influido por la inefable presidenta argentina presente en el acto como integrante del “Comité de Inversiones”, en el que incluyó a Uruguay en una ingrata lista de “paraísos fiscales”, en compañía de países como Vanuatu y Botswana.
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El hecho (o mejor, el dicho), pese a provenir de un personaje que ocupaba más espacios en las crónicas del jet set y en las revistas “del corazón” que en los diarios del mundo, causó en Uruguay alguna indignación en la población en general y desencadenó un frenesí de actividad en el gobierno que salió despavorido a celebrar doce convenios de intercambio de información tributaria (algunos de ellos con países “relevantes”, como Argentina), a modificar el régimen de las sociedades anónimas cuyas acciones pasaron a ser nominativas, a adherir en todo lo que se pudiese al Foro Global para la Transparencia y la Información Impositiva y, en general, a aceptar sin chistar las recomendaciones de la OCDE en la materia, aun cuando estas no eran ni son vinculantes.
Mucha gente destacada en Uruguay emitió su opinión contraria al desdichado discurso de Sarkozy, a las injustas exigencias de la OCDE y a la obsecuente reacción del gobierno el que, lejos de elevar su protesta, corrió a cumplir con los deseos (ya que no imposiciones) del organismo internacional, en una actitud no condigna con la historia ni la filosofía del partido de gobierno.
Entre muchos otros, los ex ministros Isaac Alfie e Ignacio de Posadas y los senadores Larrañaga, Abreu y Bordaberry, manifestaron su rechazo, en un seminario que el Instituto de Estudios Cívicos y la Asociación de Promotores Privados de la construcción (APPCU) organizaron, precisamente, para elucidar los efectos que las medidas tomadas por el gobierno a instancias de la OCDE podrían tener sobre la inversión extranjera directa radicada (o a radicarse) en nuestro país.
El ex presidente Sanguinetti, en una nota en “La Nación”, dijo que la invectiva de la OCDE contra Uruguay, en boca de Sarkozy, era, además de injusta —porque Uruguay es el país de América Latina con menor evasión y grava a los no residentes con el impuesto a la renta como a cualquier hijo de vecino—, “hipócrita porque nada dice, por ejemplo, de la Isla de Mann ni de Gibraltar ni del estado norteamericano de Delaware, esos sí paraísos fiscales donde el no residente no paga impuestos”.
El destino, ya se sabe, es juguetón e inescrutable y quiso, unos meses después de aquel desdichado discurso, que un notorio francés, de abultada fortuna, el primer actor y ya mítico Gérard Depardieu, harto de las exacciones a sus ingresos por parte de una burocracia ávida, liara sus bártulos y sus portentosos ahorros y se mandara mudar hacia tierras impositivamente más hospitalarias. Fue a dar a la vieja Rusia, de tan rica como sufrida historia, que viene retornando por sus fueros y recuperando su sitial de potencia internacional, siendo a esta altura uno de los pilares del poderoso grupo BRIC, del G 8 y del G 20.
¿Se animará la OCDE a protestarle a Rusia?
¿Incluirán a la vieja nación de los zares en la “lista negra” de los “paraísos fiscales” o en la “lista gris” de los países que colaboran escasamente con la transparencia internacional y el intercambio de información impositiva?
¿Amenazará a Rusia algún pedantuelo presidente con quedar aislada de la comunidad internacional junto a Vanuatu, Botswana o el remoto y exótico Uruguay?
Seguramente no.
Pero de hacerlo es muy probable que Rusia no se dé siquiera por enterada. Jamás perdería una potencia como Rusia la posibilidad de recibir inversiones extranjeras por el capricho, más o menos justificado, de la burocracia internacional.
¿Alguien ha ponderado, por ejemplo, cuánto le ha costado a Uruguay en pérdida de inversiones extranjeras, el salir corriendo a cumplir, a pie juntillas, las recomendaciones de la OCDE a instancias del gobierno argentino?
La presión externa contra las inversiones en Uruguay no es nueva.
Se inició hace años cuando se empezó a hablar del “lavado de activos”, de los capitales del narcotráfico y otras mitologías.
Cuando se comprobó que por su pequeñez Uruguay no era una plaza atractiva para lavar capitales o para la inversión del narcotráfico, se atacó al viejo y consagrado “secreto bancario” (que siempre pudo ser y fue levantado por orden judicial ante cualquier sospecha), después se intentó ir contra las zonas francas; y ahora se ataca en general, sacudiendo conceptos como la defensa de la transparencia y el intercambio de información tributaria.
La verdad es que las inversiones que vienen al Uruguay son, en su abrumadora mayoría, argentinas. Y lo hacen buscando algo legítimo, simple y claro como el agua: seguridad. (Si buscaran rentabilidad acudirían a plazas más atractivas).
Uruguay haría muy bien en seguir garantizando esa seguridad que vienen a buscar los inversores, y no entregarlos a la voracidad fiscal o a la inseguridad de la que, desde siempre, huyen.
Si Uruguay no les da seguridad, otro país lo hará. Quizá Rusia, aunque es un poco lejos, claro.
