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    La seguridad pública y los menores (I)

    Sr. Director:

    Menores infractores en acción. Es muy gratificante escuchar a personas que trabajan en pos de mejorar el país en el cual vivimos y convivimos. En concreto me refiero a un fiscal de menores, Gustavo Zubía, quien participó en una conferencia sobre la minoridad infractora el pasado jueves.

    Tuve la oportunidad de escuchar gran parte de su exposición por medio de un canal nacional.

    Hoy en día, se escuchan diversas opiniones acerca de cómo combatir la minoridad infractora. Gustavo Zubía, en la conferencia mencionada, expuso largo y tendido sobre la temática, desde su posición de fiscal. Su análisis y argumentos son dignos de ser reproducidos por todos aquellos que quieran tratar el tema con cierta seriedad, y no hablar sin fundamentos.

    Su exposición fue muy crítica contra todo el sistema político en general. Crítica que, por otro lado, fue fundada con una argumentación sólida y edificada sobre bases ciertas y comprobables. Este tipo de argumentación es la que debemos llamar constructiva.

    El fin de sus dichos, según pude interpretar, fue “despertar” al sistema político y a la sociedad sobre la problemática de la minoridad infractora.

    En este pequeño comentario me tomo el atrevimiento de reproducir los dichos vertidos por Gustavo Zubía, intentando dejar al descubierto la real envergadura del problema.

    En definitiva, entiendo que este tipo de opiniones deben ser reproducidas por todos aquellos que entendamos a la minoridad infractora como un problema real, actual y sobre todo dañino para la sociedad en su conjunto.

    Así pues, Zubía resumió su exposición en los siguientes conceptos:

    (i) Que la minoridad infractora es un problema real. En este sentido proporcionó estadísticas, que a mi humilde entender son alarmantes. Según expuso, entre el 40% y el 50% de las rapiñas (delito violento) en el Uruguay son cometidas por menores de 18 años.

    (ii) Que en nuestro país cometer delitos es un negocio para los jóvenes. En este sentido, relató una charla que mantuvo con un joven donde este último le comentó que en los últimos tres meses había asaltado tres supermercados haciéndose con 200.000 pesos. Cuando el fiscal lo interroga y le consulta por qué lo hizo, el menor le responde: “Fijate, voy para adentro (refiriéndose a los institutos de reclusión del INAU) tres meses pero me hice de 200.000 pesos”. Situación que denota una mentalidad delictiva, una conciencia del delito cometido y de sus consecuencias. Todo ello medido sobre la base del binomio costo-beneficio.

    (iii) Que hoy en día, primero se dispara y luego se pregunta si la víctima tiene pertenencias de valor. Si en algún momento existieron los llamados “códigos” en el ámbito del delito, lo anterior demuestra su inexistencia en tiempos actuales.

    (iv) Que en nuestro país, el 90% de los delitos cometidos por menores no se corresponden con situaciones de hambre.

    (v) Que en su opinión personal, no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Pero que debe entenderse que el Código de la Niñez y la Adolescencia (cuerpo normativo que regula estos temas) fue pensado para “jóvenes que cometieran errores y no para jóvenes que cometieran horrores”.

    (vi) Que las soluciones propuestas por los distintos partidos políticos intentan “pintar las paredes de una casa, cuando el techo de la misma se está derrumbado”.

    (vii) Por último, utilizó una metáfora para describir a la sociedad en relación al cuerpo humano. La cual intentaré reproducir lo más fielmente posible; “que los órganos vitales del ser humano están en el centro, pero que el hombre se desplaza con una pierna izquierda y otra derecha (…). No sé si se me entiende la sutileza”, finalizó.

    (viii) En definitiva, propuso actualizar el Código de la Niñez y la Adolescencia sobre las bases expuestas, intentando introducir herramientas que sean rápidas de ser ejecutadas y de ser aplicadas por los operadores del derecho. Que, en suma, la legislación no sea una traba para quienes la ejecutan sino un instrumento real y actual.

    Sobre estas bases es que, estimo, debe actuar el Poder Legislativo. Lo cual, en resumidas cuentas, es:

    (i) Ser benevolente con aquellos donde el delito es fruto de una “picardía”.

    (ii) Condenar con severidad aquellos delitos en donde exista conciencia delictiva, de sus causas y sus consecuencias.

    Este sistema dual, si se quiere, permitirá juzgar en su justa medida cada caso concreto.

    Por último, entiendo que los menores infractores deben ser re-educados. Y parte de esa reeducación es hacerles entender que sus conductas son severamente sancionadas en esta sociedad. Y cuando digo “severamente”, que se entienda: me refiero a un sistema de reclusión acorde a la edad, donde se dicten clases, se aprendan oficios y se trabaje.

    Todo esto puede, en alguna manera, resultar utópico, pero quien no arriesga, y más en temas sociales, no gana. El riesgo de lo irreal está presente. Será cuestión de los elegidos (el Parlamento) adaptar la utopía a la realidad, sobre una base progresiva de medidas urgentes de ser tomadas.

    Gonzalo Irrazábal Pérez Fourcade

    C.I. 4:247.122-3