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La reforma del sistema de pagos que impulsa el gobierno se puso en marcha este mes con la rebaja de algunos puntos del Impuesto al Valor Agregado y una segunda fase vendrá en poco tiempo, cuando será obligatorio cobrar los sueldos con instrumentos alternativos al efectivo. Esa medida hará aumentar en cerca de 6% la tenencia de tarjetas de crédito y en 12% la posesión de cuentas bancarias, calcularon investigadores del Departamento de Economía (Diecon) de la estatal Facultad de Ciencias Sociales.
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Tanto el alivio tributario como el pago forzoso de sueldos a través de instrumentos electrónicos forman parte de la ley de “inclusión financiera”, aprobada en abril, que entre otras cosas apunta a que se use menos dinero en efectivo y a que más sectores de la población tengan acceso a los servicios bancarios. La implementación de estos cambios es gradual.
La disposición relativa a los pagos de salarios y nuevas pasividades con tarjetas de débito o instrumentos análogos empezará a regir un mes después de que el Banco Central reglamente la figura del emisor de dinero electrónico, lo que aún está pendiente.
Graciela Sanroman y Guillermo Santos, economistas del Diecon, analizaron la propensión a poseer cuentas en los bancos y tarjetas de crédito utilizando para ello datos de la primera Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos hecha por ese departamento para el Banco Central. Dicho sondeo, en su primera etapa, no relevó la tenencia de tarjetas de débito (sí en una segunda fase cuyos resultados se conocerán a comienzos de 2015).
Como preámbulo, en un estudio fechado en agosto señalan que Uruguay presenta un “muy heterogéneo acceso a los servicios financieros básicos a pesar de los esfuerzos en curso del gobierno por promover la inclusión financiera”.
Alrededor de 57% de los empleados reciben sus salarios a través de depósitos bancarios, afirman.
Sanroman dijo a Búsqueda que, de acuerdo con los cálculos efectuados junto a Santos, a partir de la ley de inclusión financiera los hogares con tarjetas de crédito podrían aumentar de 63% a 67%, una suba cercana a 6%. A su vez, la posesión de cuentas bancarias —que da derecho a su titular a disponer de una tarjeta de débito— lo haría de 50% a 56% de los hogares, es decir un incremento de 12%.
¿Quién tiene?
Los investigadores aseguran que los hogares de mayores ingresos son más propensos a tener tarjetas de crédito y cuentas bancarias que los demás, aunque también el nivel educativo y la situación laboral inciden. Asimismo, en las familias cuyo jefe recibe su salario a través de cuentas bancarias es más factible que dispongan de esos “plásticos”.
Los hogares encabezados por personas de hasta 20 años o mayores de 80 tienen menos probabilidad de poseer tarjetas.
El efecto del tamaño del hogar es “significativo y negativo”, lo que podría deberse al hecho de que las familias numerosas son más frecuentes entre los sectores de bajos ingresos.
También los hogares que residen en áreas rurales, ciudades o pueblos pequeños son menos propensos a tener tarjetas de crédito, lo mismo que aquellos cuyo jefe es afrodescendiente. La tenencia de la vivienda no es un determinante significativo, según el estudio.
En cuanto a la situación laboral, los hogares cuyo jefe está inactivo o jubilado son menos propensos a tener tarjetas de crédito.
Por otra parte, el tamaño del hogar afecta negativamente la probabilidad de poseer una cuenta bancaria. Por el contrario, el género, el lugar de residencia y los orígenes étnicos no son factores que tengan una incidencia significativa.
