Inteligencia del Estado
En el texto se señala que habrá un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que producirá “inteligencia estratégica”. Se organizará a través de una Mesa Coordinadora de Inteligencia. El futuro gobierno proyecta además una Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la Presidencia. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) actuará como un órgano asesor y consultivo de Presidencia en materia de defensa, integrado por el primer mandatorio, los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía, junto al director de la SIEE.
Educación
La iniciativa, que sustituye varios artículos de la Ley de Educación de 2008, redefine los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), como, por ejemplo, la elaboración del Compromiso de Política Educativa Nacional que acompañará la solicitud de venias para designar a los tres miembros del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que proponga el Ejecutivo. El MEC también enviará a la Asamblea General para su aprobación, antes de la presentación de la ley de Presupuesto, el Plan de Política Educativa Nacional, que fijará los principios generales y las metas de articulación entre las políticas educativas.
En su borrador, el futuro gobierno modifica los órganos de la ANEP, que pasarán de ser consejos a direcciones, a excepción de dos de ellos. Los nuevos organismos serán: el Consejo Directivo Central, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y el Consejo de Formación Docente.
Según la propuesta, el Codicen estará integrado por cinco miembros que deberán “poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación”.
Regla fiscal
El proyecto propone crear una “regla fiscal”, que abarcará a la administración central y a las entidades del artículo 220 de la Constitución, y fijará una “meta indicativa” de resultado estructural que el Poder Ejecutivo determinará en el marco de la Ley de Presupuesto. Será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
Para cada año, el resultado fiscal estructural será “el que surja de la corrección del balance efectivo respecto de aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico”. La metodología de cálculo la establecerá el Ministerio de Economía, si bien el borrador prevé que se pueda crear un “comité de expertos” que aporte insumos, así como un “comité fiscal asesor”.
En el caso de existir excedentes fiscales, los recursos podrán afectarse a un fondo para financiar políticas en fases recesivas del ciclo económico.
Otro artículo dispone, en función de lo previsto en la Constitución de la República, que no podrá aumentarse el gasto público proyectado por el Poder Ejecutivo en las distintas instancias presupuestales.
Inclusión financiera
El texto propone modificar sustancialmente la “ley de inclusión financiera”, eliminando la obligatoriedad del utilizar canales bancarios o dinero electrónico para pagar remuneraciones y otras partidas generadas por los trabajadores, honorarios a profesionales fuera de la relación de dependencia, y los pagos del Estado a sus proveedores. Donde dice “deberá” se indica que “podrá” efectuarse a través de la acreditación en instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero virtual. El Ejecutivo definirá un cronograma para que los empleadores se adapten a ese cambio, si se aprueba.
Un alcance novedoso del proyecto es que también plantea eliminar la bancarización obligatoria para los pagos “por todo concepto originados en transacciones entre particulares”, las que “podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes”.
Mipymes
Bajo el capítulo de “promoción” de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el texto modifica aspectos referidos al impuesto a las ganancias (IRAE) y la forma de su determinación, para los nuevos emprendimientos. También propone bajar los aportes jubilatorios patronales a las micro y pequeñas firmas que inicien una actividad económica (en un 75% durante su primer año, 50% el segundo y 25% en el tercero).
Combustibles
El artículo 192 plantea: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados” establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap. La prestación de dichas actividades se ejercerá en las condiciones que reglamente el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), que a su vez se propone transformar en un servicio descentralizado. Ancap “podrá constituir una sociedad comercial” para participar en ese mercado desmonopolizado, según la iniciativa.
Sociedades satélite
Las sociedades anónimas con participación estatal “deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”, propone.
También busca limitar el surgimiento de nuevas sociedades satélite de los entes —además de revisar el sentido de las ya existentes—. Su creación deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo e informada a la Asamblea General dentro de los 30 días de creadas. Además, serán controladas por la Auditoría Interna de la Nación, asesorada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Por otro lado, dentro de los 180 días a partir de la promulgación de esta ley, si así ocurre, se elaborará un Catálogo de Buenas Prácticas a ser aplicado por estas sociedades satélite y se publicará un reporte anual sobre su cumplimiento.
Contrataciones del Estado
El texto plantea exigir a los organismos públicos que elaboren e informen “planes anuales de contratación de bienes y servicios”. También limita las licitaciones abreviadas o directas.
Y propone crear una Agencia Reguladora de Compras Estatales, eliminando la actual Agencia de Compras y Contrataciones del Estado y la Unidad de Adquisiciones que funciona en la órbita del Ministerio de Economía.
Monitoreo de políticas
Para “maximizar la eficiencia administrativa”, el texto impulsa la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), con autonomía pero dependiente de la Presidencia de la República. Sustituiría a la actual Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas que está en la órbita de la OPP.
Asesorado por la Amepp, el Ejecutivo podrá “comunicar” su “criterio” sobre la “fijación de pautas técnicas para la mejora de gestión” de las empresas públicas y servicios descentralizados.
Funcionarios
La promesa electoral de limitar el ingreso a la función pública está prevista en el artículo 297 del proyecto, cuando establece que las nuevas contrataciones serán una por cada tres vacantes generadas desde que se promulgue la ley.
Se prevé un esquema de redistribución de personal, así como de traslados de funcionarios entre entes autónomos y servicios descentralizados e incisos de la administración central.
Agro
En otra sección, referida al sector agropecuario, el texto establece modificaciones para el régimen de colonos. Se mantiene la obligación de permanecer en el predio, habitarlo y trabajarlo, pero se dispone una excepción para propietarios o miembros de colonias organizadas en viviendas agrupadas en poblados. También se exime de ese requisito a las colonias en las que algún miembro tenga asuntos de salud, estudio o trabajo, debidamente justificados.
Por otro lado, se introducen flexibilizaciones respecto a la titularidad de los inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Las sociedades podrán ser también dueñas, siempre y cuando “su capital social esté representado en cuotas sociales o acciones nominativas, pudiendo su titularidad corresponder a personas físicas o jurídicas”.
Para el Instituto Nacional de Carnes, el borrador de la ley otorga un rol de mayor preponderancia. Tendrá la potestad de inspección y sanción en todo el país, y podrá suspender a quienes incurran en incumplimientos graves. Además, se autoriza a las carnicerías de todo el país a elaborar chorizos artesanales, un viejo reclamo de los carniceros del interior, que tenían prohibida esta actividad.
Relaciones laborales
El “derecho de huelga” deberá ejercerse “de forma pacífica, sin perturbar el orden público” y “asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho a la dirección a ingresar en los locales de la empresa”, señala el texto en otro capítulo. Agrega que el Poder Ejecutivo “podrá imponer restricciones a dichas medidas” cuando la medida de huelga no cumpla con tales condiciones.
El proyecto declara ilegítimos los “piquetes realizados en espacios públicos o privados” que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Se faculta a la fuerza pública a disolver esas manifestaciones.
Seguridad Social
Propone crear en el Ministerio de Trabajo una “comisión de expertos” (con 15 miembros) para analizar el actual sistema previsional, realizar diagnósticos y hacer “recomendaciones de opciones de reforma”.
Establece además un régimen de “compatibilidad” entre la jubilación por causal común con el desempeño de actividad remunerada, sea como dependiente o no. La reglamentación podrá establecer una reducción de la pasividad para aquellas personas menores de 65 años que opten por dicho régimen, sin considerar las prestaciones que provengan del régimen de AFAP, plantea la iniciativa.
Vivienda
El proyecto propone crear la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como un órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda, con el fin de desarrollar proyectos de regularización y relocalización de asentamientos irregulares y demás políticas para tal fin, como “administrar, adquirir, urbanizar, fraccionar, ceder y vender inmuebles”. Tendrá entre sus herramientas la expropiación de bienes inmuebles y la transferencia de “pleno derecho” de aquellos que, siendo de propiedad estatal, estén vacíos o sin uso. Bajo esa nueva dirección estará el Plan Juntos, en caso de aprobarse la ley.
Además, el proyecto instaura un “régimen de arrendamiento sin garantía” para bienes inmuebles (destinados a casa habitación, pero también cuando se trate de una pequeña industria doméstica o artesanal con no más de dos trabajadores dependientes, o ejerzan una profesión universitaria o similar), sin importar lugar de ubicación y que cumplan con ciertas condiciones, también para el ajuste del precio, pago de gastos comunes, desalojo, etc.
Políticas sociales
En cuanto a políticas sociales, con el proyecto se modifican y agregan artículos referidos a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, y de los institutos de la Juventud, del Adulto Mayor, y de mujeres. Además, plantean cambios a la ley sobre adopción para agilizar los trámites.
Salud
Se prevé la creación de una agencia de evaluación y control de medicamentos de alto precio y técnicas complejas. Crearla era parte de las recomendaciones de organismos internacionales referentes al tema y un punto planteado en Uruguay incluso por la industria. La propuesta es que la nueva dependencia se encargue de proponer a las autoridades las metodologías y criterios de evaluación y valoración para que consideren adoptar o no nuevas tecnologías, procedimientos de diagnóstico y terapias y transparentar el proceso, entre otros cometidos. De aprobarse, tendrá un consejo directivo que rotará cada cuatro años integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, Fondo Nacional de Recursos, Escuela de Graduados de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Academia Nacional de Medicina, Instituto Pasteur Montevideo y la Asociación de Economía de la Salud del Uruguay. Se plantea un financiamiento adicional para los medicamentos de alto costo.
Por otra parte, el texto define y regula la telemedicina, e incluye un capítulo destinado a los recursos para financiar tratamientos de alto costo.
Portabilidad numérica y medios
Al final, el proyecto refiere a la portabilidad numérica, una iniciativa que dirigentes que hoy están en la oposición plantearon en los últimos dos gobiernos, pero el Frente Amplio rechazó tratarlos. Como un “derecho” de las personas, da la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico pese a que cambie de operador. La Ursec estará encargada de controlar que esto se cumpla.
El último artículo del proyecto está referido a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o “ley de medios”. En este caso se derogan ocho artículos (total o de manera parcial) que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entre los artículos propuestos para ser derogados figuran el que limita la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados, y el que no permite la propiedad cruzada de servicios de Internet y televisión. Si se aprueba, los canales podrán pedir licencias para brindar Internet, y las telefónicas dar servicios de televisión.
Acá puede leer el borrador del proyecto de ley de urgente consideración impulsado por Luis Lacalle Pou
Información Nacional
2020-01-23T00:00:00
2020-01-23T00:00:00
