Nuestro cuestionamiento se ve corroborado con el propio título de la nota: “Las AFAP creen que son aceptadas, pero persiste desinformación”.
Si los 750.000 afiliados voluntarios tienen la información suficiente para tomar una decisión que afectará su jubilación, de por vida, cabe preguntarse quienes son entonces los desinformados.
Razonando por la contraria, si la población está desinformada sobre el sistema, ¿bajo qué parámetros toman una decisión tan trascendente?
El propio Sr. Luis Costa, más adelante en la nota se refiere nuevamente al tema, sosteniendo que es muy difícil que los jóvenes piensen en el futuro y que sus preocupaciones pasan por sus estudios, su trabajo, su novia, crear una familia.
Cabe preguntarse nuevamente entonces, si las preocupaciones de los afiliados voluntarios pasan muy lejos de su futuro previsional, y no conocen el tema, ¿en base a qué información toman entonces la decisión?
Particularmente llamativa es su afirmación respecto a las preguntas que les realizan en sus giras, afirmando que se generó la confianza en el sistema “ ... pero no es que la persona sepa con cuánto se va a jubilar, la rentabilidad y su cuenta”.
Una vez más nos surge la pregunta, si ni siquiera saben con cuánto se van a jubilar, ¿cómo saben que les conviene afiliarse?
Lo que sí nos consta, tanto a nosotros como a todas las administradoras de fondos, es que ninguna de ellas informa que esa opción es irreversible, que la decisión tomada en ese momento, es para toda la vida.
Consultadas todas las páginas web de las administradoras de fondos (AFAP), al día de hoy, 04/03/2013, ninguna de ellas informa que la opción por el ahorro individual es irrevocable.
Engañados o no, es seguro que no se les informa la consecuencia del acto de afiliarse.
Cabe agregar que tampoco ninguna informa que el cálculo estimativo que le hicieron de su posible jubilación, a partir del 1º de junio de 2012 debe ser sensiblemente rebajado, por la decisión del Banco Central de bajar la tasa de referencia, lo cual, a nuestro juicio, es un cambio de condiciones que anularía el consentimiento.
La desinformación campea, y también abarca el conocimiento del Sr. Costa sobre nuestra propuesta al diálogo nacional en seguridad social.
Basados en todos los argumentos desarrollados en esta carta, y en la desinformación que las propias administradoras reconocen, propusimos “que todo aquel que se hubiere afiliado voluntariamente, se puede desafiliar, instrumentando para ello un cronograma que permita una transición ordenada”.
A todo aquel que se afilió voluntariamente, hoy, por aplicación de un decreto ilegal, no se le permite desafiliarse. Por lo tanto, todos tienen derecho a revertir su opción, sencillamente porque la ley no se los prohíbe.
Para el futuro, también propusimos establecer, legalmente, condiciones para quienes quieran realizar la opción, contando con toda la información necesaria para ello, instrumentando la opción en el Banco de Previsión Social, con un protocolo establecido sobre la información que se le debe brindar.
Entendemos que es una afiliación con más garantías, que la que puede tener quien firma un formulario, entre mordida y mordida al refuerzo de milanesa en la media hora de descanso. Porque esas son las condiciones en que los jóvenes, que están con la cabeza en otra cosa (novia, trabajo, etc.), están decidiendo su futura jubilación y los posibles problemas financieros que les pueda causar el régimen.
Nos resulta sumamente llamativa la contradicción de argumentos en este tema.
Por un lado, se sostiene fervientemente que el sistema está instalado en la cabeza de la gente, que 750.000 personas no se pueden haber afiliado engañadas, que lo hacen porque les conviene y que cada día que pasa están más contentos con la situación.
¿Por qué entonces les prohibimos desafiliarse?
Si efectivamente todos están conscientemente afiliados en forma voluntaria, ¿quién puede querer irse? ¿Cómo pueden sostenerse dos razonamientos tan contradictorios, uno apoyado en la voluntariedad y el convencimiento y el otro en la prevención de que 700.000 se pueden ir en 9 meses?.
Finalmente, hemos propuesto también revisar la bonificación que la ley brinda a quien se afilia voluntariamente, por ser un costo muy grande, U$S 400 millones de dólares en el 20151, que se suman a otras importantes cargas que el ahorro individual le inflige al sistema público.
Se recauda, controla, inspecciona, cobra compulsivamente y se distribuye, gratis. Todos los costos asociados a la recaudación corren por cuenta del Estado, en beneficio de las administradoras de fondos, que además, según se informó en el diálogo, son las que porcentualmente más ganan en el mundo.
Llegado el momento de jubilarse, se contrata un seguro previsional, hoy servido pura y exclusivamente por el Banco de Seguros del Estado, en un monopolio de hecho ante el retiro de todas las aseguradoras privadas. Si todas se fueron, es porque el negocio da pérdidas, una vez más a costa del erario, no es necesario pensar demasiado quiénes deberán auxiliar a este ente del Estado si las cuentas no le dan.
Y como corolario, para mejorar la jubilación por opción, el BPS deberá pagarle un 50% más a quien aportó un 50% menos.
No compartimos este modelo de seguridad social, pero aun compartiéndolo, está claro que es sumamente caro para las finanzas públicas, y para cada uno de los uruguayos individualmente.
Gabriel Salsamendi
ERT-BPS
1 Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social.
