Las áreas protegidas se gestionan entre vaivenes de la voluntad política y las dificultades vinculadas con la propiedad privada

Con esto Soutullo, que fue el responsable del Área de Conservación de la Biodiversidad en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), encargada de diseñar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), desató un debate en el panel de expertos que disertaron la semana pasada durante las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Biodiversidad y Ecología realizadas el 4 y el 7 de diciembre en La Paloma, Rocha. El evento fue organizado por el Centro Universitario Región Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar), que esta semana inauguró su nuevo edificio en Rocha.

Es difícil ver estos servicios en números. Por ejemplo, las Intendencias saben bien cuánto dinero tienen en el banco, pero les es difícil ver y calcular la riqueza almacenada en la naturaleza y, en el caso de las Intendencias costeras, en las playas.

Problema del método.

Al margen de este problema de imagen de las áreas protegidas que parecen ser poco valoradas por algunos, según opinaron los especialistas, existen otro tipo de dificultades vinculadas a cómo manejar y cómo producir dentro de un territorio protegido por el SNAP y que además es propiedad privada. Eso ocurre en todas las áreas protegidas del país, como por ejemplo Esteros de Farrapos, Quebrada de los Cuervos y Laguna de Rocha.

“Cuando miras las metodologías disponibles hay cosas que no cierran”, dijo la doctora en Ciencias Biológicas Lorena Rodríguez, docente del Grupo Ecología Funcional Acuática en el CURE. Rodríguez además coordina el equipo técnico que elabora el Plan de Manejo del área protegida de Laguna de Rocha.

Si bien hay cuestiones ambientales que resolver dentro de las áreas protegidas, como la caza furtiva y el control de la pesca, “en realidad muchas de las cosas a resolver son temas de ordenamiento territorial”, dijo Rodríguez. Por ejemplo, en Laguna de Rocha se busca la forma de revertir un fraccionamiento de 2.000 solares desde la década de 1940 en una zona de dunas, una barra arenosa que divide la laguna del mar. Pero en esta zona ya no se puede construir por una declaración transitoria hasta que se apruebe definitivamente el Plan de Manejo de esta área protegida, que se prevé para 2013.

Este tema no cabe dentro de las metodologías y la normativa del SNAP sino que cae dentro de la normativa de ordenamiento territorial y la responsabilidad escapa a la Dinama.

“A nivel meteorológico tienen muchas dificultades en abordar lo paisajístico, cultural y territorial. Nos damos la cabeza contra la pared contra la propiedad privada tratando de resolver problemas en espacios privados”, comentó Rodríguez durante las Jornadas en La Paloma.

“Construir allí sería un riesgo enorme por temas de erosión costera. Sin embargo, revertir un fraccionamiento no es tan sencillo, tienen propietarios y normativa que los ampara. Es un proceso complejo”, aclaró Rodríguez a Búsqueda.

“Estas cosas que parecen muy triviales en realidad da mucho trabajo resolverlas. Es como armar un puzzle”, comentó. Se deben contemplar los aspectos ambientales —asegurar la conservación y un manejo acorde para cada tipo de ecosistema— y superponerlas con otros “que ya existían”, como la propiedad de la tierra, los instrumentos de ordenamiento territorial y las categorías de uso del suelo, resumió Rodríguez. 

Por eso “hay que revisar la metodología de los Planes de Manejo” para que puedan incorporar las distintas dimensiones que integran el sistema, agregó la investigadora. “La dificultad está en integrar tantas dimensiones al mismo tiempo” y “la forma de lograrlo es trabajar de forma más integrada con las instituciones para poder coordinar”, destacó.

Expropiar.

Existen soluciones para dirimir qué hacer con esa barra o franja de arena privada que divide la Laguna de Rocha del mar.

“Hay herramientas de ordenamiento territorial que permiten hacer acuerdos o ir paralelo a los planes de manejo. Lo que se hace desde el ordenamiento territorial está marcado por las políticas. Entonces muchas veces sucede que hay cosas que no se llevan adelante porque hay herramientas que no se está en condiciones de utilizar. En el caso de la barra arenosa, se podría expropiar y saldríamos del problema. La herramienta existe pero no es fácil de aplicar”, dijo Piazza.

“No van a dar plata para expropiar. La Dinama no va a destinar dos millones de dólares para expropiar —la barra arenosa—. La expropiación tiene sus problemas pero a nivel mundial la expropiación ha sido una herramienta”, dijo Rodríguez.

“Esto ocurre porque no hay un punto de partida y objetivos comunes”, dijo Piazza.

Por otra parte, “hay que seguir ajustando cosas en el SNAP en cuanto a la metodología, porque no se adaptan 100% a nuestro territorio”, dijo a Búsqueda Javier Bentancourt, director del área protegida Laguna de Rocha integrada al SNAP en 2010.

Cuando a un área se la divide en función de los distintos ambientes que tiene, como indica el SNAP, un mismo padrón puede tener tres zonas distintas. En caso de que ese predio sea dedicado a la producción agropecuaria, el SNAP recomienda hacerlo a intensidades distintas en función de los diferentes ambientes. “Si en un mismo predio te toca una zona de alta intensidad, otra media y otra baja, ¿cómo lo marcas, cómo lo determinas en el propio terreno? Hay cosas que en la práctica pueden ser bastante más complicadas de lo que parecen en la teoría”, detalló Bentancourt. Por eso de a poco “hay que ir aprendiendo de cada Plan de Manejo —documento que marca las pautas para el uso, preservación y gestión de un área—” y de las dificultades planteadas, para que sirva a futuro.

“El SNAP es algo muy nuevo y estamos aprendiendo sobre la marcha. Son experiencias que se generan entre quienes hacen los Planes de Manejo, quienes los gestionamos y después los tratamos de aplicar”, resumió Bentancourt.

Voluntad política.

En la década de 1990 —previo a la existencia del SNAP creado por ley en el 2000 y reglamentado en 2005— ya el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (Probides) definió áreas protegidas al este del país.

“Instrumentos de planificación hay. El problema es la voluntad política de llevarlos a cabo y la capacidad de nuestros organismos de poder ejecutarlos”, dijo Gerardo Evia, coordinador del Probides.

“Los instrumentos están pero el planificador no les da el uso que les puede dar porque hay una voluntad política que no pasa por ahí”. El trabajo muchas veces se concentra en la búsqueda de “consensos entre las instituciones que llevan adelante las políticas territoriales y los equipos que están planteando el Plan de Manejo del área protegida”, opinó Piazza.

“A nivel nacional no estamos todos en la misma. Esa es la dificultad y con esa dificultad tenemos que trabajar”, resumió Rodríguez.

Pero además de la voluntad política la participación de quienes habitan y producen en ese territorio es clave. “Necesitas las dos patas”, destacó Rodríguez.

Hubo casos de áreas protegidas que contaban con voluntad política para integrarlas al SNAP y establecer pautas de manejo de esa tierra, pero los vecinos han hecho “fuerza en contra” y han “embarrado la cancha”, como en Cerro Verde. En la Laguna de Rocha hubo productores que estaban en contra del ingreso del área al SNAP y los reclamos demoraron el ingreso de la zona como área protegida dos años más.

“Aun con todas las trabas hay muchas cosas por hacer”, destacó Rodríguez.

En 10 años las áreas protegidas en Uruguay pasaron de tener un solo guardaparques a tener 30. Hay 16 zonas delimitadas —entre las protegidas y las que están en proceso de ingreso al SNAP— con un Plan de Manejo aprobado y tres en proceso.