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Es un “papelito” que “desgasta, erosiona y complica” a los “buenos trabajadores” e impacta en las finanzas del Banco de Previsión Social (BPS), que en mayo gastó U$S 6 millones más de lo habitual. Para la directora en representación de los empresarios en ese instituto, Elvira Domínguez, hay que “corregir” las “disfuncionalidades” del sistema de certificaciones médicas, ya que la última reforma “induce a su uso” y termina “justificando cualquier ausencia”.
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Entre las empresas “crece la preocupación” por esta temática y se empiezan a evaluar alternativas. Fuentes del sector privado dijeron a Búsqueda que, de no mediar cambios normativos, “a la larga la solución podrá ser la contratación de detectives” que corroboren si los trabajadores están realmente enfermos.
“En algún punto alguien va a decir basta y va a ir a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a buscar soluciones que no queremos”, dijo Domínguez ante una platea de médicos y gestores de recursos humanos, el 30 de julio pasado, en una charla organizada por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. En ese foro se analizó el cambio introducido en 2010 en el sistema, por el cual los trabajadores activos acceden a licencias médicas pagas: en vez de ser otorgadas por el BPS, las certificaciones son firmadas por un profesional del prestador de salud al que pertenece el asalariado.
Se trata de un “papelito” que presenta retrasos en el ingreso de información al BPS, falta de controles y una sobredemanda, se repitió en el panel, en el que habló también el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Alfredo Toledo, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Cabrera, el director de Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, Daniel Danatro, y el miembro del Tribunal de Apelaciones del Trabajo Adolfo Fernández.
“Todos sabemos que hay certificaciones por complacencia, que hay trabajadores que se bajan la sintomatología por Google. Son cheques firmados para que nos vengan a cobrar, pero ese papelito debería tener otras garantías”, reclamó Domínguez.
La jerarca del BPS informó que en mayo hubo 15.000 certificaciones médicas por encima de la tendencia histórica. Esto produjo un gasto extra de U$S 6 millones.
La cantidad de beneficiarios de subsidios por enfermedad fueron menos de 11.000 anuales, en promedio, entre 1994 y 2006, pero luego esa cifra aumentó sostenidamente y en 2013 alcanzó a unos 34.000. En todo ese último año esos seguros tuvieron un costo de U$S 159 millones, según datos de ese instituto. El subsidio, pagado por el BPS, se financia con los aportes que hacen los empleadores y con recursos de Rentas Generales.
“La reforma pendiente es reconocer que tenemos que seguir trabajando en este sistema para corregir las disfuncionalidades. Que el BPS no certifique es una puñalada”, opinó.
“Hemos ido abatiendo el atraso en las certificaciones, pero ahora las hacemos a demanda. (…) En este sistema se procuró flexibilizar, pero hay que sancionar para que no sea un problema para la economía en su conjunto. (…) No hay una especialización (médica) en certificación laboral. En el BPS tendríamos que tener nuestros médicos certificadores laborales”, sostuvo Domínguez. Señaló que es una “aspiración” lograr el ingreso de la información en 48 horas, “pero no hay herramientas” que lo posibiliten sin una modificación legal.
Los problemas.
Durante el evento los expositores se refirieron a fallas en el régimen: problemas en la información que los prestadores de salud suben al sistema informático del BPS, demoras de hasta cinco días en el ingreso de las certificaciones, atrasos por los tiempos de espera para consultas con especialistas, diferencias en el sistema para empleados públicos y privados, y hasta falta de información entre los médicos sobre el código de enfermedades que se certifican.
“Si hablamos de casos tenemos para hacer un libro. Todo esto en los grandes números (de la economía) suma. (…) Han venido desde ANEP y de la salud desesperados porque no hay gente (trabajando). El problema en lo público todavía es mayor porque se paga 100%” del sueldo durante la licencia médica y eso es un “estímulo adicional”, apuntó Domínguez.
Según datos de un año atrás que maneja la dirección en representación de los empresarios en el BPS, la mayor proporción de certificaciones se dan en la salud, suministro de agua y saneamiento, e industria manufacturera: superan el 5% de la cantidad de trabajadores formales. Con aproximadamente 3%, le sigue construcción, comercio, alojamientos y servicios de comida, actividades administrativas y servicios de apoyo, actividades dentro de los hogares y servicios.
Representando a los funcionarios de la salud, Cabrera concordó con que el BPS “debe ser el rector” del sistema y que existe una “falta de inspección dentro del propio tratamiento de la enfermedad”.
Fernández señaló que las demoras en los ingresos podrían repercutir en el ámbito judicial, ya que dificulta dilucidar si un despido fue causado con conocimiento, o no, de la enfermedad del trabajador.
Desde la óptica médica, Toledo recordó que “llenar mal ese certificado es una falta de ética grave que está por ley, porque se trata de un acto médico”.
Todo trabajador dependiente —salvo algunos funcionarios públicos bajo determinados vínculos— tiene derecho a certificar su enfermedad desde el primer día. El subsidio mensual es equivalente a 70% de todas las partidas por remuneración (excepto aguinaldo), con un tope que actualmente está en $ 28.655.
