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El tema de las empresas públicas en nuestro país cada tanto incursiona en la discusión pública. Hace años el debate era si debían o no permanecer en el ámbito público y luego de unos años, la discusión se centró sobre cuál debía ser su régimen jurídico institucional, su reestructura y la profesionalización de su gestión.
El primer debate hoy está superado pues la ciudadanía se expresó hace ya varios años y también porque en el mundo en general, ha retrocedido la opción privatizadora.
El otro debate sigue vigente y cada tanto emerge en la discusión pública.
El caso de ANCAP ha puesto en un primer plano nuevamente el problema y, como ocurre en nuestro país con otros temas, el debate continúa sin llegar nunca a una solución definitiva.
Las empresas públicas tienen un peso muy importante en la estructura económica del país. Por lo tanto, su gestión es fundamental a la hora de evaluarla, pues su impacto en la competitividad de nuestra economía es muy fuerte.
Sin embargo, en líneas generales, muy poco se ha hecho para lograr que las empresas públicas, fundamentalmente las industriales y comerciales, se ajusten a la estrategia de apertura que el país necesita para contribuir a mejorar la competitividad del país.
El ejemplo de ANCAP es un caso paradigmático; claro ejemplo de lo que no se debe hacer en la gestión de ninguna empresa y en particular de las empresas públicas. Es increíble que el Frente Amplio con su gestión en el ente mencionado haya dado los mejores argumentos a aquellos partidarios de la privatización de las empresas públicas.
De acuerdo a lo que ha trascendido de la Comisión Investigadora del Senado, el monto presupuestado para cada una de las inversiones realizadas por el ente, todas han superado largamente lo proyectado, llegando en algunos casos a cuadruplicar lo inicialmente estimado.
El endeudamiento asciende a unos dos mil millones de dólares y según lo expresado por el ex ministro de economía, el economista Fernando Lorenzo, su vencimiento es de corto plazo.
Es enorme el gasto en publicidad para una empresa que opera en régimen de monopolio.
El acuerdo con el gobierno de Venezuela para la adquisición del petróleo de ese país, mediante el cual se paga al contado el 25% de la importación y el saldo se financia a largo plazo, se financia la materia prima para elaborar el combustible a largo plazo y cuyo producto lo vende al contado o lo cobra en el corto plazo. En tanto, las compras vinculadas al capital de trabajo se financian a largo plazo, las inversiones en bienes de uso vencen en promedio en menos de un año.
Seguramente, un gerente responsable de área financiera que tuviera una gestión como la que comentamos, en cualquier empresa sería despedido por incompetente e inconsciente.
La planta de Alur, una inversión realizada por ANCAP, le vende el etanol producido por dicha planta al doble del precio del mercado. Algunos analistas estiman que el sobre costo que pagará ANCAP en el año 2015 por ese concepto superará los cien millones de dólares. En el año 2012 ese sobre costo fue del orden de los cincuenta millones de dólares.
Las consecuencias de esta gestión irresponsable por decir lo menos es que la empresa monopólica ANCAP, que vende el combustible más caro de la región, ha sufrido en los últimos dos años pérdidas por más de cuatrocientos millones de dólares, que ha perdido el cincuenta por ciento del capital y se encuentra endeudada en dos mil millones de dólares.
Existe convencimiento de que el gobierno central deberá efectuar un rescate capitalizando la empresa para evitar su quiebra.
Obviamente, quien pagará esta aventura empresarial será el pueblo, en tanto a quienes son los responsables de esta gestión nada les pasará y quizás alguno tenga el premio de ser un futuro candidato presidencial y quizá presidente.
