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Algunos economistas que han investigado los ciclos políticos y el desempeño fiscal en Uruguay a lo largo de la historia constataron un comportamiento definido como “oportunista”: el resultado se deteriora en la proximidad del proceso electoral y con posterioridad a la votación se procesa un ajuste. A la luz del aumento del déficit en las cuentas públicas verificado en los meses recientes, en este 2014 parece reafirmarse tal hipótesis.
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El resultado fiscal negativo se ubicó en el equivalente a U$S 1.718 millones en los 12 meses terminados en marzo, lo que representa 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI), según las cifras difundidas el 30 de abril. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó en un comunicado que incidieron “fractores de carácter extraordinario y transitorio vinculados a los pagos de pasivididades del Banco de Previsión Social, lo que se revertirá en abril. Dejando de lado esos aspectos, el déficit del sector público consolidado habría sido de 2,9% del PBI, aseguró.
Las finanzas públicas habían cerrado el año pasado con un déficit de U$S 1.243 millones, es decir 2,4% del Producto. El resultado de 12 meses mejoró a enero (fue 2,2% del PBI), pero volvió a deteriorarse a febrero (3%) y a marzo.
La ampliación en ese último mes del déficit —hasta su mayor nivel desde setiembre de 2003 (3,2% del Producto)— se dio porque mejoró el desempeño del gobierno central respecto a un año atrás, pero ocurrió lo contrario con las principales empresas públicas.
“Transcurrido el primer trimestre del actual año electoral, ya empeoraron en 1% del PBI las finanzas públicas con relación a 2013”, escribió el jueves 1º en su cuenta de la red Twitter el consultor económico Javier de Haedo. Y agregó que en 2004 el “presidente Batlle dejó el déficit en 1,7% del PBI, cuando se salía de una gran crisis. Hoy es casi el doble, en el auge económico”.
Desde el gobierno se quitó trascendencia al nuevo dato.
“Hoy estamos en una situación financiera del Estado diferente a la de 10 años atrás. Eso nos permite tener un déficit fiscal un poco más alto que en los primeros años del gobierno anterior y eso es lo que nos da la tranquilidad de que las cuentas públicas siguen estando en un sendero sustentable”, declaró el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, en el marco del acto organizado por el PIT-CNT el jueves 1º por el Día de los Trabajadores. Ante el planteo de la central obrera durante la proclama de aliviar la carga del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas subiendo su mínimo no imponible, el jerarca dijo que en el gobierno existe “la vocación de ir analizando” tal medida, si bien “está claro que la situación fiscal no otorga mucha holgura y genera la necesidad de tener mayor recaudo”.
Marzo.
El gobierno central tuvo un déficit de U$S 32,4 millones en marzo, que resultó menor al de un año atrás (U$S 46,5 millones). Dicha mejora obedeció a que si bien sus ingresos disminuyeron 0,7% medidos en términos reales —descontado el efecto de la inflación—, los gastos lo hicieron todavía más (1,8%) en ese período.
En los 12 meses cerrados a marzo el gobierno central tuvo un déficit de U$S 947 millones.
Los entes también influyen en el resultado del conjunto del sector público. En marzo las principales empresas comerciales e industriales del Estado perdieron en conjunto algo más de U$S 10 millones, pero como además hicieron giros a Rentas Generales el saldo global negativo fue mayor, de U$S 31,6 millones. En marzo de 2013 dicho resultado (incluidas las transferencias) había sido un superávit de casi U$S 102 millones.
La desmejora se explicó en gran medida por las pérdidas de Antel, que rondaron los U$S 17 millones (U$S 24 si se incluyen los giros a Rentas Generales).
Ciclos
El gasto de la administración central para los años electorales queda definido en la ley de Presupuesto quinquenal votada al inicio de cada período de gobierno y en la de Rendición de Cuentas del año prelectoral. Para este 2014 quedó definido un aumento en los egresos cercano a los U$S 220 millones respecto al inicio de la actual administración (“línea de base”); la última Rendición —que habilitó U$S 70 millones adicionales— puso énfasis en los refuerzos presupuestales para la Administración Nacional de Educación Pública, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la Univerisidad Tecnológica.
Algunos estudios académicos han abordado el manejo fiscal y su conexión con los ciclos políticos.
En “La economía política de los déficit fiscales en Uruguay” Diego Aboal, Fernando Lorenzo y Gabriel Oddone constatan para el período que va de 1925 al 2000, que hay un “efecto cíclico” que “está caracterizado por un deterioro del resultado fiscal en el año electoral y una mejora en el segundo año del período de gobierno”.
En esa investigación publicada en 2002 agregaban que la presencia de un ciclo político “oportunista” —un concepto introducido en trabajos de los años setenta de Nordhaus y Lindbeck que alude a la búsqueda de la reelección en el gobierno a través de la manipulación de variables económicas clave— en el “gasto público y en el déficit fiscal parece ser un rasgo característico de la gestión presupuestaria de los gobernantes uruguayos. Sin embargo, la evidencia sugiere que la menor restricción al financiamiento de los déficits fiscales a partir de la segunda mitad del siglo, debido al levantamiento de los topes a la emisión de dinero contra redescuentos, estimuló la existencia y la magnitud de este tipo de ciclos electorales oportunistas”.
Según Aboal, Lorenzo y Oddone, la “evidencia sugiere que los gobiernos institucionalmente fuertes pero políticamente débiles han mostrado resultados fiscales promedialmente menores. El proceso político actual se enmarca precisamente en dicho contexto, de tal modo que si los ciclos oportunistas se reproducen en combinaciones con estos factores con vistas al proceso electoral de 2004, los desempeños fiscales futuros pueden afrontar desbalances importantes”.
En años más recientes Ulises García Repetto, Milton Torrelli y Henry Willebald, del Instituto de Economía de la Facultad de Economía estatal, realizaron estudios econométricos que comprobaron la existencia de un ciclo político en el manejo del gasto público, pero la evidencia “tiende a diluirse” cuando se refiere a egresos más específicos, como los relacionados con las pasividades.
