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El sistema de Justicia uruguayo tiene por delante un año para prepararse para la entrada en vigencia de la reforma del Código del Proceso Penal. La Fiscalía, en particular, tendrá un cambio profundo, porque pasará a cumplir un rol protagónico en el proceso, ya que las investigaciones saldrán de la órbita del juez y pasarán a manos de los fiscales.
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Con la reforma en la mira, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, comenzó meses atrás una transformación de la Fiscalía, para redefinir sus cometidos como una institución de persecución penal. Es que Díaz está convencido de que ese debe ser el rol del organismo. En enero el presidente Tabaré Vázquez aprobó un decreto que eliminó 11 fiscalías civiles y las reasignó al área penal, de Violencia Doméstica, de Ejecución y Aduana. Las fiscalías penales aumentaron de 15 a 20.
El proceso sigue en marcha. En los próximos días el fiscal de Corte enviará al Poder Ejecutivo una solicitud para crear otras cuatro fiscalías penales. Según informó Díaz a Búsqueda, una fiscalía Civil, una de Aduana y las dos fiscalías de Ejecución pasarán al ámbito penal.
“Es la segunda fase del proceso de implementación de la reforma procesal penal, de un proceso de transformación interna de la Fiscalía y de redistribución de los cometidos”, dijo Díaz. “Lo importante es que aumentamos sustantivamente la cantidad de gente destinada al trabajo en la materia penal”, agregó. En total quedarán 24 sedes destinadas a esa área, lo que permitirá añadir un turno más a los cinco que funcionan en la actualidad. El trabajo se organizará en seis turnos de cuatro fiscalías cada uno. “Esto nos va a permitir tratar de una manera más eficaz y eficiente cada uno de los asuntos”, afirmó.
Especialización.
Los cambios no terminan ahí. La Fiscalía General se propone modificar la forma de trabajo de las sedes penales, para que se especialicen por tipo de delito. “Apostamos a una forma distinta de distribución de las cargas de trabajo, tomando en cuenta las modalidades delictivas”, informó Díaz. “En este momento estamos desarrollando los estudios estadísticos necesarios para definir cuál sería la distribución”, explicó.
La idea es que por turno haya una fiscalía especializada en cada tipo de delito, para que reciba todas las denuncias de su área de investigación. “La decisión está tomada, lo que vamos a afinar es cómo distribuimos las cargas de trabajo”, aseguró Díaz. En principio se maneja la posibilidad de que haya una Fiscalía para los delitos de flagrancia y contra la propiedad, una para homicidios y lesiones, otra para drogas, y otra especializada en delitos sexuales.
“Todavía lo estamos estudiando, pero la idea es distribuir las cargas de trabajo por modalidad delictiva y no tanto por turno temporal. Eso permite un mayor conocimiento de cada una de las situaciones”, afirmó el fiscal de Corte. Se trata de “cómo se va a plantar la Fiscalía a la hora de investigar los delitos”.
“Con esto rompemos la estructura espejo de la organización de la Fiscalía con la del Poder Judicial”, explicó Díaz. La nueva forma de trabajo se pondrá en marcha cerca de la fecha de entrada en vigencia de la reforma, añadió.
El jerarca explicó que hasta ahora no se había hecho un estudio detallado sobre las cargas de trabajo de las fiscalías, la cantidad de denuncias y el tipo de delitos. Actualmente hay una Unidad de Análisis y Contexto que trabaja con la información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y analiza todas las denuncias que llegan, “delito por delito, turno por turno, mes a mes”, dijo Díaz. “Necesitamos esa información para saber cómo distribuimos a la gente”, explicó.
“Hay una diferencia muy grande de calidad de trabajo según la zona. Capaz una zona requiere más gente, y repartir todo por igual puede ser inequitativo. Ese estudio nos da información que no teníamos, y te permite tomar decisiones en cómo distribuir las cargas de trabajo”.
La cantidad y el tipo de delitos que se cometen varía según la zona geográfica. Montevideo y Canelones, por ejemplo, concentran más del 90% de las rapiñas que se cometen en Uruguay.
En la capital la distribución de los delitos también es desigual. La Policía dividió Montevideo en cuatro zonas operativas para combatir la inseguridad y en cada una el comportamiento criminal es distinto. Así, en la Zona 1 (Centro, Cordón y Ciudad Vieja, entre otros barrios) hubo 2.062 rapiñas en 2015, mientras que la Zona 3 (Maroñas, Casavalle, Piedras Blancas) es la que registró más: 5.807.
La Zona 3 también lideró la cantidad de denuncias de homicidios (85) y lesionados graves (105). La Zona 4 (Cerro Norte, Paso de la Arena, La Teja) ocupó el segundo lugar en cantidad de rapiñas denunciadas en 2015 (5.047) y homicidios (84).
En la Zona 2 (Carrasco, Malvín, Punta Gorda), en tanto, hubo 4.213 rapiñas, 35 homicidios y 51 lesionados graves durante el año pasado.
Críticas.
El énfasis de Díaz en la investigación penal ha recibido críticas de algunos operadores judiciales. Recientemente, la Asociación de Magistrados dijo en un comunicado que la materia penal “parece ser la única que le preocupa al fiscal general”.
El fiscal de Corte rechazó esos cuestionamientos. “Las fiscalías en el mundo moderno son organismos de persecución penal. Si concebimos a la Fiscalía como una institución moderna, la concebimos como un instituto de persecución penal. Los asuntos civiles son problemas de las partes, alcanza con la intervención del juez. ¿Por qué tiene que intervenir la Fiscalía en un divorcio?”, cuestionó.
