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Regocija que el sistema político uruguayo no registre una corrupción sistémica en los términos del Código Penal. Existe en cambio una reiterada corrupción política mediante el uso abusivo del poder y desviaciones democráticas. No es nuevo, pero se constata un aumento agravado: cuando los desbordes salen a la luz son defendidos o justificados por líderes políticos de los abusadores. La democracia se fatiga y merma la confianza en los políticos, pese a que la mayoría son probos.
En diciembre de 1998 se votó la Ley 17.060, que establece cómo deben actuar los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus tareas. Se complementó con una declaración jurada de bienes e ingresos y la creación de una Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. Luego el decreto 30 de 2003 (Normas de conducta de la función pública) realizó más precisiones. Ese paquete significó un enorme avance desde el punto de vista legal, pero algunos vándalos anteponen intereses personales o partidarios al bien común.
Para la ley penal, el vocablo corrupción refiere al uso indebido de la función pública para obtener ventajas económicas para sí o para un tercero. Popularmente se asocia casi exclusivamente a delitos como abuso de funciones, peculado, soborno, fraude, concusión o cohecho. Por el mecanismo de la asociación de ideas se ha instalado en el imaginario colectivo que el vocablo refiere exclusivamente a las violaciones a la ley penal. Sin embargo, hay otras corrupciones y el vocablo debe identificarse con sinónimos como dañar, pervertir, envilecer, gangrenar, manipular o intoxicar. Hay más, pero con esos alcanza.
La Ley 17.060 pone énfasis en la probidad del funcionario como conducta íntegra y obligatoria con prioridad en el interés público en favor de la comunidad mediante la buena fe y la imparcialidad de sus decisiones. Incluye la imparcialidad y evitar tratos preferenciales. Hay que separar los intereses personales y evitar todo conflicto y conjunción de intereses. Destaca la transparencia de la función pública y que todo lo relativo a esta puede ser divulgado libremente, salvo que por ley o por resolución fundada deban permanecer reservados o secretos.
La cuestión es que el uso indebido del poder mediante operaciones políticas permanece en las sombras hasta que algún periodista lo transparenta. Un ejemplo emblemático ocurrió el jueves 11 cuando Búsqueda publicó un extenso artículo con confesiones del coronel retirado Enrique Montagno, vocal del directorio de ASSE en representación de Cabildo Abierto (CA).
Recogió una conversación grabada entre Montagno y el excabildante Adrián Puppo. El militar aseguró que había montado una “estructura gigantesca” en el organismo al colocar a 135 personas afines a su ideología. Formuló duras críticas al funcionamiento de la cúpula del organismo, pronosticó que la coalición gobernante “se va a romper fea”, afirmó que a Luis Lacalle Pou lo salvó la pandemia y que los blancos “jodieron” a su sector y a los colorados en el reparto de cargos. La semana pasada en Búsqueda, Juan Pablo Mosteiro sintetiza la esencia de los dichos de Montagno.
El coronel retirado renunció casi de inmediato tras una conversación entre el presidente Lacalle y el líder de CA, el senador y general retirado Guido Manini Ríos. Pese a sus dichos y a la renuncia, para Manini Montagno es de su plena confianza. Por eso avaló un comunicado de CA que destaca “el reconocimiento profesional a un servidor del país que contribuyó desde su función a que se logre un mejor acceso a la atención pública en todos los sectores del país enfrentando una situación excepcional de pandemia”. Casi un héroe.
A la renuncia le siguió el cese de 30 funcionarios de ASSE contratados irregularmente por directivas de Montagno a espaldas del directorio.
Lo siguiente fue patético. Manini se dedicó a descalificar a Búsqueda en lugar de cuestionar o analizar los dichos de Montagno. En Radio Monte Carlo difamó: “Parece que es una nueva forma de hacer periodismo comprar grabaciones privadas”. Calificó lo publicado como de “una prensa amarilla” y “una suerte de Gran Hermano en el que uno tiene que cuidarse de lo que habla con cualquiera”. Sostuvo que “es mucho más grave discutir sobre una conversación privada que fue grabada sin consentimiento que lo que se pudo haber dicho en sí”.
La semana pasada en una contundente columna que tituló Salió carísimo, general, el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, recuerda que la campaña electoral de Cabildo Abierto se basó en destacar que ese sector tenía un comportamiento diferente al resto del sistema político y que se apoyó en la frase “¡Se acabó el recreo!”. Montagno continuó en el recreo jugando a la rayuela con sus camaradas.
Con sus ataques el senador retomó su corrupto discurso antidemocrático. La historia demuestra que silenciar a la prensa es la primera medida de los golpistas. Digo que retomó su filosofía antidemocrática porque está en la línea de lo que escribió en 2019 al cabo del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas sobre violaciones a los derechos humanos de los militares condenados Jorge Pajarito Silveira, José Nino Gavazzo y Luis Maurente. Con cero prueba cuestionó la honorabilidad y honestidad de casi dos docenas de fiscales y jueces intervinientes para juzgar esos casos, incluida en alguno la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
“En muchas oportunidades (la Justicia) se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho (penal) del enemigo (…) muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”, sostuvo. Por esos dichos el entonces presidente Tabaré Vázquez ?ordenó su pase a retiro.
Aquel no fue un exabrupto circunstancial. En junio del año pasado, a raíz del procesamiento del militar retirado Leonardo Vidal por el homicidio en 1972 del tupamaro Nélson Berreta, insistió: “Cuando en el futuro se haga una historia de este período de la vida del país, el capítulo relativo a la Justicia va a ser de lo más bochornoso de la historia de la Justicia uruguaya”. No fue solo una opinión crítica a la que tiene derecho. Sostiene la existencia de una conspiración clandestina. Dispara contra el Estado de derecho y acusa a jueces y fiscales de actuar como un cuerpo organizado de “genuflexos” y “prevaricadores”.
Vale parafrasear al inglés Edward Bulwer-Lytton para recordarle a Manini que la pluma con la que se escribieron la Constitución y las leyes y la que utilizan fiscales, jueces y periodistas, es un instrumento democrático más poderoso y digno que la espada.
