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    Las remuneraciones de algunos gerentes y altos mandos en el Estado superan los $ 200.000

    Con el sueldo que están generando en enero, en las próximas semanas gran parte de los funcionarios públicos van a cobrar algunos cientos de pesos o unos pocos miles más. A otro grupo menos numeroso, que son los que ocupan cargos altos, el mismo porcentaje de ajuste anual le puede hacer engrosar sus salarios en decenas de miles de pesos.

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    Las brechas salariales dentro del Estado son amplias, y si bien el sueldo promedio rondó el año pasado los $ 35.600 mensuales, entre los mandos altos se ven cifras superiores a los $ 200.000 nominales, relevó Búsqueda de los sitios web de las propias reparticiones, y los presupuestos de las empresas estatales y servicios descentralizados. No se encontró información de todo el sector público, y en algunos casos los datos son incompletos, al indicarse por ejemplo, solo el salario básico, sin detalles de otras partidas, lo que restringe el análisis.

    Al cierre de 2014 (último dato disponible) la Oficina Nacional de Servicio Civil contabilizaba 308.091 vínculos laborales con el Estado. En escalafones de perfil profesional, técnico-profesional y administrativo —muchos de los cuales son mandos medios o altos— rondaban los 70.000.

    El sueldo promedio en el sector público supera el de los trabajadores privados formales ($ 21.500 aproximadamente en 2015, según cálculos propios).

    Jerarcas y gerentes.

    En 2015, antes del ajuste por inflación (9,4%) que corresponde aplicar este enero, el presidente de la República tenía fijado un sueldo de $ 318.693. Esa remuneración opera como tope para los salarios en el Estado; nadie puede cobrar de forma permanente más de 60% de ese monto, salvo el personal diplomático con funciones en el exterior, dispone la ley 17.556. El salario del vicepresidente era de $ 266.718, y los legisladores cobraban $ 160.050 más gastos de representación.

    El año pasado los ministros de Estado percibieron una remuneración mensual de $ 186.692, y los subsecretarios $ 158.917. Un director de secretaría tenía fijado un sueldo nominal de $ 130.873 al mes.

    El pago para los cargos jerárquicos o de alta dirección en el Estado es variado.

    En el Ministerio de Turismo un gerente de área cobró unos $ 50.500 de sueldo de grado en 2013 (el dato más actual informado en su web). En ese mismo año en la cartera de Industria, Energía y Minería, ese mismo cargo tenía asignada una remuneración total mensual de $ 82.988; el sueldo del gerente financiero contable en dicha secretaría de Estado rondaba los $ 85.000.

    Bajo un contrato de alta especialización, el director gerente de la división contabilidad y finanzas del Ministerio de Economía percibía $ 107.712 en 2015. Ese era uno de los salarios más altos en esa cartera.

    El titular de la Dirección General Impositiva (DGI) tuvo una paga fija mensual de $ 194.532 el año pasado. Los encargados de departamento cobraban entre $ 113.416 y $ 164.912. Un cargo de asesor figura en la web de esa oficina recaudadora con una retribución fija de $ 149.149. Entre los profesionales de la DGI los sueldos más elevados llegaban a $ 138.893.

    En la Dirección Nacional de Aduanas los sueldos del personal de los grados más altos tienen como tope el equivalente a 90% de lo que cobra el titular de la repartición ($ 112.177 en 2015).

    La mayor remuneración de nivel gerencial supera los $ 200.000 en Ancap, una empresa cuya gestión ha sido cuestionada duramente a raíz de las pérdidas sufridas en los últimos tiempos.

    En UTE los sueldos más elevados entre los funcionarios con responsabilidades gerenciales —el grupo considerado “estratégico”— alcanzaban a $ 237.781 en 2015, antes del ajuste que corresponde aplicar este mes. Dicho monto incluye la partida de alimentación.

    El gerente general de OSE tenía asignada una remuneración de $ 198.283 en 2015, que superaba la paga al Directorio ($ 121.624 el presidente, y $ 99.775 el vice y el director).

    En el Banco República los salarios en el ejercicio 2015 excedían los $ 100.000 al mes para el personal presupuestado y eventual de grado 48 y superiores, a lo que se suman en algunos casos compensaciones y beneficios diversos. En esos grados están, entre otros, el gerente general, el secretario general, los gerentes ejecutivos, y los gerentes de categorías 1 y 2 del escalafón administrativo.

    Todo el personal con funciones de dirección del Banco de Seguros del Estado —unos 60 jerarcas con cargos de gerente general, subgerente general, secretario general, auditor general, directores de división, gerente de riesgo, gerente de gestión de proyectos, entre otros— cobró el año pasado salarios de entre $ 123.281 y $ 192.258 nominales al mes, dependiendo de su grado, surge del presupuesto aprobado a fin de diciembre por el Poder Ejecutivo. Además, algunos subgerentes tuvieron sueldos mayores a $ 100.000.

    En la Corporación de Protección del Ahorro Bancario los sueldos fijados en el presupuesto de 2016 son de $ 166.261 para el presidente, $ 142.510 para el vice y $ 114.008 para el director. Sin embargo, los salarios son mayores para el gerente ($ 236.713), subgerentes ($ 201.204) y también los técnicos de categorías 1 y 2 (entre $ 115.264 y $ 146.197) de esa persona jurídica de derecho público no estatal que administra un fondo para garantizar los depósitos.

    También en el Banco de Previsión Social varios cargos están mejor pagos que los del Directorio. En 2015, algunos sueldos base llegan a $ 237.481, a lo que se suman primas de alimentación ($ 8.640) y por cumplimiento de metas ($ 9.530).

    El presidente del Instituto Nacional de Carnes cobra el mismo sueldo mensual líquido que un subsecretario de Estado, y el vice 85% de ese monto ($ 158.917 y unos $ 135.000, respectivamente). Para el director general de dicho organismo el sueldo base era de $ 126.852, a lo que se agregan partidas alimentarias y de salud que llevan el total a $ 146.776.

    En la Intendencia de Montevideo, desde el 1º de octubre de 2015 un director de Departamento tiene fijado un sueldo base de $ 133.243, y de $ 106.594 en el caso de un director de División, pero la paga puede ser mucho mayor considerando la compensación unificada (30% sobre el salario base de cada funcionario o 13,5% si son profesionales), prima por antigüedad, compensación familiar, y la prima por rendimiento y asiduidad. El máximo cargo ejecutivo en la comuna —el de intendente— está remunerado con un básico de $ 166.554, más $ 66.622 de “gastos de representación”.

    La Intendencia montevideana discute un convenio laboral con el sindicato de funcionarios municipales (Adeom) bajo un clima que se tensó en los últimos días, precisamente por la divulgación por parte de un jerarca comunal del sueldo promedio en la comuna ($ 72.997). “Si la mayoría de los trabajadores tuviesen remuneraciones elevadas sería una ironía pedir un sueldo mínimo de $ 30.500, porque eso supondría una reducción”, alegó el secretario general de Adeom, Facundo Cladera.

    Intentos de reformas

    “El torrente de reformas organizacionales en el aparato estatal ha tenido impactos específicos en las características de los recursos humanos en múltiples dimensiones, incluyendo la magnitud, la calificación, las reestructuras escalafonarias, el foco hacia remunerar resultados, etc. No obstante, más allá de algunos intentos por abordar la problemática del servicio civil en su integralidad, esta es un área que todavía requiere de una revisión del enfoque conceptual y su consiguiente implementación”, evalúa Mario Bergara, presidente del Banco Central, en el libro “Las nuevas reglas de juego en Uruguay” presentado a fines de 2015. “En efecto —agrega el jerarca—, en el primer gobierno frenteamplista se planteó la simplificación y la transparencia en cuanto a los rubros remunerativos de los funcionarios públicos y la construcción de un Sistema Integral de Remuneraciones y Ocupación (SIRO), que por su complejidad y su falta de adaptación a la realidad preexistente no se plasmó en los hechos. En la segunda administración frentista se avanzó en una reformulación del Estatuto del Funcionario en base a un proceso de negociación con las entidades gremiales que procuró racionalizar algunas pautas del vínculo laboral en el Estado. De todas maneras, resta trabajo por hacer. Por otra parte, no se debe tener una expectativa desmedida del impacto de este tipo de reforma transversal cuando las circunstancias de prestación de los servicios públicos son tan heterogéneas; el efecto parece ser más notorio cuando se transforman los procesos concretos y se impacta el servicio civil de manera particular en cada organismo”.

    La mirada desde afuera sobre el servicio civil uruguayo es que hubo avances, pero que aún tiene espacio para mejorar. En 2004 se caracterizaba por estar sujeto a una carrera administrativa “de larga data pero con poco dinamismo, una brecha significativa entre las normas y la práctica, y la aplicación de reglas ad hoc para cubrir vacantes con urgencia”, según un informe publicado en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que abarcó a varios países de la región. En los 10 años siguientes “se produjeron algunos cambios”, entre los que se destacan una mayor transparencia en el acceso a la función pública, la negociación de un nuevo Estatuto y la modificación del modelo de carrera del gobierno central.

    En 2005 el Frente Amplio “llegó al poder incluyendo en su agenda una mejora sustantiva del servicio civil”, dice. Sin embargo, según el análisis, la “ausencia de un plan sistemático de reestructuraciones en el gobierno central y la lentitud de las entidades al enfrentar dicho proceso, impidieron la implantación del SIRO en la práctica”. A la falta de apoyo al nuevo sistema por parte de los directivos de los organismos se sumaron críticas de los sindicatos, que alegaron haber participado poco en la confección del SIRO, explica. Aun así, el escalafón de conducción “pudo escapar a la restricción relativa a las reestructuraciones por ser totalmente nuevo”, según el BID.

    En ese documento se incluye un índice de Desarrollo del Servicio Civil que, para Uruguay, pasó de 47 puntos en 2004 a 52 en 2014, lo que ubica al país por encima del promedio de América Latina (38 puntos). En burocracias como la uruguaya “coexisten segmentos profesionales y cierto grado de politización”, a la vez que presenta una mayor “coherencia estratégica, reflejada en una implantación más extendida del criterio de mérito y en cierto nivel de aplicación de incentivos al rendimiento” que en otras. “La función rectora es más robusta, aunque no por ello está necesariamente consolidada”, acota.

    Solo Brasil y Chile —con índices de 65 y 67 puntos en un máximo de 100— están en una categoría alta en función de este índice. Sus servicios civiles tienen una “sólida coherencia estratégica”, y un mayor peso de los criterios de mérito y de flexibilidad, según el BID.