La “paradoja fiscal”
El CED presenta como una paradoja el nivel creciente de imposición tributaria en simultáneo con un déficit fiscal en aumento.
Afirma que la presión fiscal aumentó 3,3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2005 y 2025, de 23,8% a 27,1%. A valores del PIB de 2025 (un Producto del orden de los US$ 85.500 millones), equivale a más de US$ 2.800 millones al año adicionales que el Estado “extrae” de la economía vía impuestos. A su vez, el gasto primario —sin considerar los pagos de intereses de deuda— se expandió más del doble de rápido en el mismo lapso: de 21,3% a 28,9% del PIB, es decir, 7,6 puntos.
El resultado primario, que en 2005 era un superávit de 2,5% del PIB, se transformó en un déficit de 1,8% en 2025. Incluida la carga de intereses, el déficit global del sector público consolidado alcanzó a 4,7% del PIB en 2025, un máximo fuera de años de crisis desde que existen registros confiables.
El CED enfatiza que, cada vez que los ingresos aumentaron, el gasto subió más rápido: “La brecha no se cierra con más impuestos porque el problema es de gasto y, sobre todo, de su composición”. El 83% del gasto primario está comprometido en rubros prácticamente inmodificables, como las transferencias a la seguridad social y otras, además de las remuneraciones del sector público.
Gasto y resultados
Como un segundo hallazgo, la investigación sostiene que las dos funciones donde Uruguay más se aparta, por exceso, del patrón de gasto de sus comparadores son justamente donde los resultados son más débiles. El país destina el 18,6% de su gasto público a la educación, la proporción más alta de toda la muestra internacional y por encima del promedio de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de un 11,8%.
Acota que, sin embargo, en PISA (por sus siglas en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de 2022 obtuvo 409 puntos en matemática frente a 472 de la OCDE, y quedó por debajo de Chile en las tres áreas analizadas en esas pruebas, pese a que ese país prioriza menos la educación en su presupuesto (significa un 16,1% de su gasto). El CED plantea que, medido por la métrica que suele oponerse a este argumento —el gasto por alumno en dólares a precios de paridad de poder adquisitivo—, los recursos destinados por estudiante de secundaria se multiplicaron por más de cuatro entre 2003 y 2019 (de US$ 937 a US$ 3.930), mientras el egreso de la educación media “apenas pasó de 33% a 43%”. Con un gasto por alumno 37% superior al promedio latinoamericano, Uruguay gradúa al 42% de sus estudiantes de secundaria, frente a más del 85% de Chile.
Desde la perspectiva de los resultados, la investigación también analiza la seguridad ciudadana.
Uruguay destina el 7,1% de su presupuesto al orden público, frente a un 4,1% de la OCDE. Señala que ese gasto más que se duplicó en 20 años, aunque los resultados fueron en sentido contrario: la tasa de homicidios pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 10,7 en 2022 —un aumento de 37%—, entre tres y cuatro veces la de Chile (3,6).
Menciona que el propio Ministerio del Interior reconoció en 2025 que existe un problema de “calidad del gasto”: más recursos y, simultáneamente, más problemas de seguridad.
El “Estado empresario”
El informe analiza el rol estatal en algunas actividades industriales y comerciales.
Sobre la serie mensual de la consultora SEG Ingeniería (213 observaciones entre julio de 2008 y marzo de 2026), hace una cuantificación de la prima que pagan los uruguayos por los combustibles respecto a un referente competitivo regional (promedio de Chile y Brasil). El CED visualiza un resultado “categórico”: en todos los meses, el gasoil y la nafta en Uruguay fueron más caros. En promedio entre 2010 y 2025, el gasoil estuvo 41% por sobre el referente y la nafta un 35% por encima.
El documento plantea, además, un patrón mencionado como revelador: cuando el precio internacional del petróleo cae, la prima de Uruguay tiende a aumentar, no a disminuir. “Ese sobreprecio es una transferencia de los consumidores hacia el fisco que no aparece en ninguna línea del presupuesto pero es económicamente equivalente a un impuesto”, sentencia.
Plantilla “sin freno”
Una cuarta dimensión del análisis refiere a la plantilla estatal.
Indica que el empleo público se “expandió sin freno” entre 2005 y 2024, y pasó de 231.270 a 301.893; es un aumento de más de 70.000 vínculos, equivalente al 30,5%, en un período en que la población creció apenas 6%.
Como “dato decisivo”, el CED señala que ese crecimiento de la plantilla pública ocurrió en simultáneo con una suba de 49,7% en el salario real en ese sector.
“El Estado aumentó al mismo tiempo cuánta gente emplea y cuánto le paga, durante dos décadas —una combinación que ningún empleador privado podría sostener de forma continua—. Esto es posible solo porque el sector público no enfrenta una restricción presupuestaria dura: el costo de contratar no recae sobre quien decide la contratación, sino sobre el contribuyente”, sostiene el CED.
Además, expone que la brecha salarial respecto del sector privado es del 15% y se concentra en las categorías de menor calificación —que representan el 58,9% del empleo público—, donde esa prima no se explica por escasez de talento. El informe estima ese sobrecosto en el orden de 0,45% del PIB, unos US$ 364 millones anuales que “pagan los contribuyentes sin contrapartida en calidad de servicio”.
La libertad económica
El último hallazgo mencionado en la investigación refiere a la “caída más pronunciada que ningún ranking le hizo a Uruguay”.
Señala que el país tiene un puntaje global “razonable” en los principales índices internacionales de libertad económica. Pero ese promedio “esconde una historia de dos Uruguay”: en el área 1 del índice del Fraser Institute —que mide el tamaño del gobierno y el peso de las empresas públicas en la economía—, pasó del puesto 15 en 1990 al 98 en 2023, entre 165 países. “Es una caída de 83 posiciones en tres décadas; no existe otra dimensión del índice donde Uruguay haya retrocedido tanto”.
En paralelo, los subíndices institucionales del Heritage Index mejoraron de manera consistente: los “derechos de propiedad” pasaron de 50 a 84,8 puntos y la “integridad gubernamental” lo hizo de 50 a 78,1. “Uruguay construyó instituciones sólidas y, simultáneamente, expandió la presencia económica del Estado”, resumen.
Debate “impostergable”
Para el CED, el “conjunto de la evidencia” recogida en su análisis converge en el diagnóstico referido a que “el tamaño y la estructura del Estado uruguayo dejaron de estar alineados con el nivel de desarrollo del país y con la capacidad de su economía para sostenerlo. No es una conclusión ideológica sobre cuánto Estado debe haber, sino una constatación empírica sobre cuánto Estado puede pagar Uruguay y qué está recibiendo a cambio”.
Machaca en ese concepto: “No es que Uruguay invierta poco, es que invierte mucho y recibe poco. Más presión fiscal que no cierra el déficit; un Estado empresario que cobra una prima permanente; el mayor esfuerzo educativo de la región con resultados por debajo de quien gasta menos; un empleo público que creció sin freno y sobrepaga donde no hay escasez; instituciones sólidas conviviendo con un sector público que no para de crecer. En todos los casos, una parte creciente de los recursos se consume en sostener la estructura antes de llegar al ciudadano”.
Desde su perspectiva, el costo de no corregir esto “no es abstracto: es la rigidez que deja a cualquier gobierno —del signo que sea— sin margen para responder a una crisis, y es el deterioro silencioso de los servicios que la ciudadanía espera del Estado. La pregunta que abre este diagnóstico —qué Estado le conviene a los uruguayos— es la que el país necesita responder en los próximos años”. Para el CED, ese debate, “basado en evidencia y no en consignas, es impostergable”.
