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Nuestro gobierno, fiel a su filosofía liberal a la cual me adhiero plenamente, ha establecido que la administración de la vacuna anti-Covid no es obligatoria, además de ser por supuesto gratuita.
Y ha establecido esto a pesar de todos los perjuicios que dicha enfermedad puede provocar, tanto sanitarios como económicos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.
Por otro lado, ha realizado campañas informativas para estimular la vacunación y cortar la circulación del virus.
A pesar de que los hechos han demostrado aquí y en el exterior que la vacunación es en ese aspecto sumamente efectiva, sigue existiendo en nuestro país un grupo de personas que por razones ideológicas de difícil comprensión no quieren ser vacunadas.
La consecuencia de esta posición es que la pandemia continúa esparciéndose, sobre todo a nivel de estos grupos no vacunados (el 80% de las camas de CTI con Covid-19 es de no vacunados) y la circulación comunitaria del virus continúa vigente, con su trágica consecuencia de pérdida de vidas, internaciones hospitalarias complicadas, medicamentos, pérdidas económicas personales y empresariales, etc.
Por otro lado, a pesar de no ser obligatoria, frente a todo esto hay muchos empleadores tanto públicos como privados que tienen en cuenta si su empleado o aspirante a serlo está o no vacunado en el momento de evaluarlo para contratarlo o ascenderlo en la escala laboral o de darle otra responsabilidad.
Es lícito y es lógico que así se proceda. Es por protección del público, de sus compañeros de trabajo y de ellos mismos.
Yo sugiero que para promover aún más la campaña de la vacunación y también para bajar algo el costo que la pandemia provoca en nuestra sociedad, todo enfermo de Covid-19 que no se haya vacunado en forma expresamente voluntaria en su momento (por supuesto se exceptúan los que hayan tenido razones médicas o de otro tipo también valederas), asuma por sí mismo los costos directos que hayan provocado su enfermedad (test diagnósticos, medicación, internación, CTI, etc.), y que dichos costos les sean reintegrados por el paciente a su institución de salud, sea esta estatal, paraestatal o privada, en la forma que oportunamente se establecerá.
