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Un atentado siniestro que permanece impune. Hace algunas semanas se publicó un acertado fallo judicial que, en primera instancia, da la razón a un grupo de adquirentes de pasajes aéreos perjudicados por la abrupta quiebra de Pluna. Al mismo tiempo el gobierno atiende los reclamos y propuestas de los trabajadores de esa compañía e intenta, mal o bien, dar soluciones. Pero de aquellos que creyeron en las propuestas del gobierno y ayudaron con su dinero a otorgar liquidez para posibilitar la nueva etapa que inició Pluna en 2010 nadie habla.
¿Será que se piensa que esos varios centenares de ahorristas son financistas adinerados y por eso no merecen atención, ni amparo, ni justicia?
Hablan las máximas autoridades de que el país necesita inversión para su crecimiento.
Quienes invirtieron en la nueva Pluna no son especuladores o “fondos buitres”, son inversores uruguayos, residentes y no residentes, además de extranjeros, que creyeron en un proyecto respaldado a tambor batiente por las máximas autoridades que dirigen la economía del país y, por cierto, no para recibir beneficios extraordinarios sino intereses moderados.
De estas dos clases de inversores los más infelices son los uruguayos que optaron por ser fieles a su país. En efecto, en vez de colocar sus ahorros en el extranjero, donde hay millones de dólares de compatriotas, los colocaron a tasas normales en una empresa nacional cuyos accionistas (Estado y privados extranjeros) se habían comprometido formalmente a capitalizar la empresa, compromiso que violaron flagrantemente.
Hace ya más de un año que Rosalía, que tiene 60, trabaja como doméstica y está casada con un obrero sanitario, me preguntó qué podría hacer con los U$S 30.000 que tenía ahorrados.
“Por ahora los tenemos colocados en un banco —me explicó— pero los intereses son casi nada. Con mi marido, como los dos estamos cerca de jubilarnos y los hijos ya son independientes, pensamos juntar algo más, vender nuestra casa y comprar medio afuera algo con terrenito para tener aunque sea un árbol propio para sentarnos a tomar mate en vez de tener que salir a la vereda como ahora. No se olvide que nos criamos en el campo” (son salteños).
“Bueno, mi querida, tu gobierno (los dos votaron al Frente) está ofreciendo la posibilidad de colocar en Pluna con todas las garantías. Yo coloqué dinero en Pluna”, le aconsejé en mala hora.
“Sí —me respondió—, los vimos a Tabaré y a Astori hablando de eso”.
No sé con qué gestor lo hicieron pero sí que colocaron sus ahorros en Pluna. Por supuesto, el tiempo pasa y Rosalía está desesperada.
Los lectores deben saber que cuando el gobierno se vio enfrentado a principios del 2012 a la negativa del socio privado Leadgate/Jazz/SAO a cumplir con su compromiso formal de capitalizar Pluna, en vez de exigirle judicialmente el aporte como hubiera correspondido, pergeñó una triple maniobra de vaciamiento de la empresa, cuyo único objeto era que el costo político fuera el menor posible, sacrificando la seguridad jurídica que alguna vez fue y debe ser el orgullo de nuestro país.
En primer lugar, dejó escapar impunemente a Leadgate/Jazz/SAO como accionista, tolerándole implícita e ilegítimamente su cumplimiento a la obligación de capitalizar y, como si ello fuera poco, le otorgó indemnidad no solo al accionista privado que escapaba como deudor sino también a sus principales directores y gerentes.
En segundo lugar, hizo desaparecer la obligación del Estado de capitalizar Pluna formalmente contraída a través de PLUNA ENTE AUTÓNOMO y, en tercer lugar, lo peor y más grave, el gobierno mandató a su mayoría parlamentaria a votar una ley, a todas luces inconstitucional, que le expropia a los acreedores quirografarios de Pluna y sin indemnización previa, el único activo valioso de la empresa quebrada (7 aviones) a efectos de transferirlos a un fideicomiso constituido con fraude a la ley, con el propósito de subastarlos para pagar con su producido exclusivamente deudas con terceros contraídas por el Estado.
Toda una triple maniobra de insolvencia societaria fraudulenta, con seguras implicancias penales si estuviéramos hablando de accionistas privados.
La diferencia es que aquí se ha utilizado la potestad legislativa del Estado y el poder del gobierno para vaciar una empresa privada de la que el Estado era accionista y deudor, todo un fraude a los acreedores laborales, comerciales y financieros de Pluna.
Desde 2003, el sector privado de Uruguay ha venido utilizando el instituto del fideicomiso de manera muy importante, sana y con estricto apego a la legalidad. Nadie podría haber imaginado que en esta primera década desde la sanción de la Ley de Fideicomisos, el único sujeto que se valió de dicho instrumento para cometer un fraude burdo haya sido, nada más ni nada menos, que nuestro gobierno en el caso Pluna.
Desde mediados del año pasado la Suprema Corte de Justicia tiene a estudio un sinnúmero de acciones de inconstitucionalidad presentadas por distintos damnificados esperando que se haga justicia con este crimen legislativo que sigue impune.
La justicia es justicia solo si se realiza en tiempo y forma.
Esperemos que siendo un caso de flagrante estafa queden gobernantes sensibles y sensatos que comprendan que cuanto más demoren en buscar soluciones más caro le saldrá políticamente al gobierno y más caro le saldrá al Estado, manejado por este gobierno o por el que le suceda, indemnizar a los perjudicados.
El que calla otorga. La oposición, en defensa de los ciudadanos que representa, y la prensa, como expresión del reclamo ciudadano, después del alboroto inicial están demasiado callados.
El crimen impune cometido es en sí una monstruosidad sublevante del orden social. Mejor dicho: es la alteración del orden social. Si el crimen es cometido por el primer magistrado público o por el supremo representante del pueblo, solo encuentro agravantes: primero, porque el culpable está ligado a la patria por un deber sagrado; segundo, porque está armado de un gran poder y es peligroso tolerar sus atentados.
