Las víctimas del pasado (I)

Y me ha llamado poderosamente la atención que diversas personalidades del ámbito político (de la oposición) y parte importante de la prensa uruguaya se hayan manifestado expresando su repudio a la realización del acto de reconocimiento internacional y recuperación de la memoria de la Sra. María Claudia I. García de Gelman; tal el referido ítem del fallo.

El Dr. Lacalle, por ejemplo, criticó el acto con un argumento, a mi criterio, de fuerte base antijurídica: argumentó que no ve por qué tiene que “...asumir un Estado democrático legal, actos que fueron contra la ley, fuera de la ley y la Constitución”. Con dicho criterio, Alemania debería haberse negado a pagar indemnizaciones y pensiones (que aún hoy paga) a las víctimas del nazismo, argumentando que Hitler obró fuera de la ley. En Derecho Internacional rige el principio de la continuidad jurídica de los Estados, por lo que su esencia jurídica como sujeto de Derecho no se “disuelve” por contar en determinados lapsos con gobiernos contrarios a su derecho interno.

El diario “El País”, en su editorial de fecha 11 de marzo, criticó la realización del acto tildándolo de inaceptable y argumentando, entre otros puntos, que en todo caso las otras víctimas del terrorismo de Estado “¿no merecen alguna consideración por parte de la Corte?”. Y la respuesta correcta es: no. Porque los jueces dictan sus sentencias en los casos concretos que les son llevados a su juicio. Es decir, no pueden en el caso Gelman extender el fallo a quienes no formularon el reclamo. Si la demanda la inicia Gelman, el fallo solo abarcará a Gelman. Es también un principio del Derecho. Otro argumento del editorial aludido se preguntaba si las víctimas de la guerrilla no merecen también un reconocimiento por parte del Estado. En ese caso, si se pretende un reconocimiento mediante un fallo de la Corte Interamericana, lo que se debe hacer es plantear un juicio ante esa Corte por parte de las víctimas de un terrorismo que pretendió imponer una dictadura usando para ello métodos terroristas en el Uruguay democrático. Pero no pueden los jueces “de paso y ya que estamos” dictar sentencia sobre algo que no fue llevado a juicio.

Por su parte, el Dr. Sanguinetti fue más certero y concienzudo al criticar las formas del acto y no el fondo en sí mismo, pese a que también muestra su desagrado por el contenido de la sentencia. En su editorial del “Correo de los Viernes”, entiende como un exceso las formas decididas por los gobernantes, alegando que bastaba para el cumplimiento de la orden judicial la simple lectura por parte del presidente Mujica. No obstante lo cual, debemos decir que si bien el fallo reservó al Estado y a la contraparte (Gelman) la definición del ritual del mismo, no es menos cierto que de la lectura de la sentencia surge claramente la solemnidad que sí o sí debía presidir el evento.

El quid de la cuestión entonces no pasa por negar el cumplimiento de un fallo judicial internacional. Si se sienta ese precedente en el Uruguay, el Estado no podrá quejarse cuando otros países no cumplan con las condenas a las que internacionalmente son sometidos en diversos tribunales.

El quid pasa por una cuestión vinculada a la historia reciente, dura, difícil y no saldada: el Estado asumiendo por un lado la responsabilidad sobre las salvajadas tremendas de la dictadura y, por el otro, un silencio que hiere a gran parte de la sociedad civil respecto de las salvajadas tremendas cometidas por el terrorismo guerrillero en una especie de “aquí no ha pasado nada” respecto de los delitos cometidos en plena democracia hace 40 y pico de años.

Concluyo expresando que creo que el gobierno hizo bien en cumplir el fallo. Y creo que las víctimas del terrorismo de los 60 y 70 y sus deudos tienen el derecho a reclamar en los fueros nacionales e internacionales: 1. La imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los guerrilleros que con el fin de subvertir el orden constitucional ejecutaron sin tener potestades legales a víctimas inocentes y pusieron en vilo a toda la sociedad civil, buscando con el reclamo lograr la calificación de esos crímenes como delitos de lesa humanidad, rechazando la posibilidad de amnistías respecto de los mismos. 2. Exigir las condenas a las personas que integraron esas organizaciones delictivas que cometieron crímenes de lesa humanidad para lograr sus fines ilegales y anticonstitucionales. 3. Exigir que el Estado uruguayo a través de sus representantes haga un reconocimiento público sobre la situación de desprotección que frente a la violencia armada para derrocar a un gobierno constitucional, quedaron expuestas las víctimas del accionar terrorista y la población civil.

Si las víctimas y los deudos de la guerrilla hicieran el reclamo y éste prosperare, se daría una situación inédita y paradójica: aquellos sujetos que resultaren condenados por los crímenes de lesa humanidad y aquellos que deban representar al Estado en un reconocimiento público serían en algunos casos las mismas e idénticas personas.

Finalmente, como una opción bondadosa y que permita que unos y otros vuelvan a ser “nosotros” con los defectos y virtudes propias de toda sociedad, toda herida social se cerraría, creo definitivamente, si ya cumplido el acto de reconocimiento internacional y público en el caso Gelman llevado adelante por el presidente Mujica, éste, en un acto de grandeza (inusual en la clase política) manifiesta en acto público y solemne, sin necesidad de sentencia alguna, la responsabilidad de los grupos guerrilleros por haber optado por la lucha armada contra un sistema democrático (por imperfecto que fuere y por calamitoso que haya sido el gobierno de turno en la opinión de algunos), reconociendo asimismo el respeto por el dolor de las víctimas de los actos terroristas y de sus deudos, dolor que frente a la visión parcial y tuerta de la historia, se agiganta.

Raúl Geller