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En la carta que escribí haciendo justicia a la impar trayectoria del fallecido Gustavo Magariños, destacadísimo basquetbolista en su queridísimo club Trouville y en las selecciones nacionales, expresé que al enviar a Búsqueda dicha carta, postergaba otra carta que tenía intención de remitir a vuestro semanario, referida a la tan criticada —con sobrada razón— ley que autoriza la venta y producción doméstica de tan “inocente” droga.
Manos a la obra, pues, como bautizó a su movimiento político el querido amigo Alberto Volonté.
Principio por el aspecto jurídico de la ley, que por cierto no es el más importante, afirmando que la misma es inconstitucional. En efecto, dispone el artículo 44 de la Constitución: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”.
Va de suyo, entonces, que si el Estado debe legislar, en todas las cuestiones atinentes a la salud, “procurando” el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país, es radicalmente contraria a esa disposición de la Carta una ley que autoriza —más bien promueve— la venta y la producción privada de una droga tan nociva como lo es la marihuana según opinión unánime de muchos médicos, de la sociedad de psiquiatría del Uruguay, la que emitió tiempo atrás una categórica declaración contraria a esta ley insólita y, ¿por qué no decirlo?, de todos los uruguayos que, sin ser médicos tenemos un mínimo de sentido común y, además, no tenemos herrumbradas nuestras neuronas.
Siendo así, como lo es, resulta de toda evidencia, que la venta de marihuana en las farmacias, así como su consumo por quienes la consuman tras producirla en sus domicilios, no ocasionará “el perfeccionamiento físico, moral y social ” de quienes consuman marihuana por las vías antedichas. Gedeón lo sabía.
Resulta indiscutible, pues, que la horrenda ley en cuestión es inconstitucional. Claro que ello no significa que la Suprema Corte de Justicia vaya a declararla tal. Y ello, porque, a tal efecto, se requiere la promoción de acciones que soliciten la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de marras.
Y, para promoverlas, de acuerdo al artículo 258 de la Carta, es menester acreditar la titularidad, por parte del accionante de un “interés directo, personal y legítimo”, del cual, obviamente, no somos titulares cuantos nos oponemos a la horrenda ley en cuestión.
En cuanto a los padres o abuelos de un adolescente o jovencito gravemente dañado en su salud y en su aptitud laboral por el consumo de droga su interés sería sí personal y legítimo, pero es cuestionable que dicho interés sea directo. Por otra parte, de obtener, alguno de esos padres o abuelos la declaración de la inconstitucionalidad de la malhadada ley, en los hechos es muy claro que ello no va a determinar que alguien deje de consumir la droga a que ya es adicto.
Obvio es, por último, que los desdichados jóvenes adictos al cannabis, quienes sí podrían alegar la titularidad de un interés directo, personal y directo, en los contados casos en que se encontraran en tratamiento para dejar su adicción, sí podrían obtener la declaración de la inconstitucionalidad de la ley. Pero, como ya lo expresé precedentemente, tal declaración no modificaría el hecho de que el consumo de marihuana, que era anterior a esta ley absurda vaya a disminuir en un ápice.
Dejemos, pues, lo jurídico, y pasemos a los hechos. Desde esta óptica, la entrada en rigor de esta malhadada ley, es una pésima señal para quienes consumen la droga o pueden pasar a consumirla en el futuro.
En efecto, si alguna chance hay, escasa, de que un joven que consume la marihuana deje de hacerlo, tal chance se esfuma al enterarse el o los jóvenes de que se trate, que generalmente son cientos o miles, de que el gobierno del país, ha legalizado la venta de la droga de que es adicto.
Además, hay otro aspecto muy negativo de esta malhadada ley, cual es el de que autoriza a producir privadamente hasta seis plantas de cannabis. Ello no solo aumentará la producción de la droga, como es obvio, porque esas seis plantas pueden transformarse en sesenta, desde que este desgobierno que nada controla, que es impotente para combatir a la delincuencia desenfrenada que padece el país y que ni siquiera puede con las barras bravas que hacen barrabasadas en las canchas de fútbol, va a poder controlar que quienes planten las seis plantitas autorizadas por la ley, no aprovechen la bolada para plantar cien y terminar transformándose en nuevos traficantes de la droga.
En suma, nada de bueno tiene esta ley horrenda, sancionada con el propósito ingenuo de que la venta de la marihuana en las farmacias va a reducir el mercado de quienes compran la droga a los narcotraficantes.
Estos, que son circunstanciales desalmados, mucho peores que Al Capone —recuérdese, de paso, el desastre que los narcotraficantes están causando en México— no se detiene ante nadie. Por consiguiente, si la venta en las farmacias realmente consigue disminuir el elenco de consumidores, pues aquellos harán volar por los aires una farmacia —bomba mediante— y ninguno de estos comercios venderán, en adelante, ni un miligramo de marihuana, de lo cual, por otra parte, sus dueños no son en absoluto partidarios.
Es a todas luces ingenuo, ilusorio, pues, el propósito del presidente Mujica, de combatir a los narcotraficantes mediante la venta de la droga en las antes llamadas “boticas”
