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Todos los informes conocidos y por conocer remarcan el rol fundamental de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como un factor dinamizador de la economía y, sobre todo, como grandes generadores de empleo. Pero lo que resulta totalmente absurdo es que la misma legislación laboral que aplica para las empresas multinacionales rija para el kiosco de la esquina. Esa es una situación extremadamente injusta para el pequeño empresario y extremadamente perjudicial para el propio trabajador que busca empleo.
Tenemos que ver a la empresa mipyme como a un niño al cual no podemos cargar con todo el peso de los salarios, licencias, aguinaldos, licencias especiales y 20 etcéteras más por la sencilla razón de que no es una empresa adulta que pueda soportar tamaño peso.
Por lo tanto, el pequeño comerciante se ve sometido a una disyuntiva de hierro: o contrata a una persona con todo ese inmenso cúmulo de beneficios laborales (que ni él mismo posee ni disfruta) o no contrata a nadie. Y la mayoría optan por no contratar personal, jugar “al achique” o comprar tecnología que sustituya a la mano de obra poco calificada.
Si la legislación laboral uruguaya y la actividad sindical fueran tan exitosas, no habría cerca de 200.000 desocupados y otros tantos subocupados. Dentro de los ocupados, un enorme porcentaje gana menos de 1.000 dólares por mes, que es lo que gana un delivery por quincena en Europa. Todo esto es por culpa de la rigidez laboral y los nefastos “derechos adquiridos”, los cuales, paradójicamente, terminan perjudicando más al trabajador que beneficiándolo.
Los sectores más perjudicados por estas ridículas políticas son los jóvenes (donde los niveles de desocupación llegan al 25%) y las personas mayores de 45 años. En cambio, si hubiera una legislación flexible que permita a las partes llegar a acuerdos libres y voluntarios donde cada uno decida qué es lo bueno para sí y no lo que el legislador, el burócrata o el sindicalista creen que es bueno, en este país habría desocupación prácticamente cero.
Todo esto se refleja también en las tasas de informalidad en el empleo. En una reciente nota publicada por El Observador, se informa: “La mayor tasa de informalismo en todo el país la tiene Rivera. En ese departamento, cuatro de cada 10 trabajadores ocupados no están registrados en la seguridad social (40,4%). En segundo lugar se encuentra Soriano con 34,8%, seguido por Artigas con 34,6%, casi 13 puntos por encima de la media de todo el país”.
Estas tasas de informalidad, sumadas a los niveles de desempleo y subempleo, así como el bajo promedio salarial, son la demostración cabal del fracaso de toda esta legislación laboral supuestamente protectora del trabajador y de la cual estamos orgullososos.
Pero en realidad se trata de un falso orgullo por el cual casi el 50% de los jóvenes aspiran a irse del país y cada vez son más los jóvenes que no quieren tener hijos por las dificultades sobre todo económicas que implica asumir esa responsabilidad.
Este es un asunto que debemos cambiar radicalmente y hacerlo cuanto antes; le guste a quien le guste y sabiendo que es un tema políticamente incorrecto y que va a contrapelo de la cultura estatista y socialista que vive en este país desde hace 100 años. Pero comienzo tienen las cosas. Es ahora.
