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Pasadas las 19.30 del lunes 4, Jhonny López atiende el teléfono del despacho de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Aunque es policía ejecutivo del Ministerio del Interior y tiene un cargo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, su pase en comisión no obedece a un pedido de seguridad. “A la prueba está que atendió él”, dice la legisladora, que asegura que López tiene varias tareas en su oficina y hace además las veces de chofer.
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Otro efectivo policial ejecutivo que es chofer y realiza “todo tipo de tareas” es Alberto di Cristófaro, pedido en comisión por el diputado frenteamplista Felipe Carballo, indica el propio legislador. En una función similar —y “para hacer trámites”— trabaja Hugo González Correa, un efectivo policial que la diputada nacionalista Valentina dos Santos conoce de Artigas. Y Daniel Fernández Borbón, también policía, se encarga de los traslados y “aspectos logísticos” de Juan Sartori, explica Juan Straneo, suplente del senador blanco.
Salvo quienes trabajan para el senador Eduardo Bonomi, que como exministro del Interior tiene a dos policías de su confianza como custodia, el resto de los funcionarios del Ministerio del Interior en comisión en el Parlamento no cumplen labores específicas de seguridad, según lo manifestado a Búsqueda por senadores y diputados que solicitaron su pase.
En total son 26 los funcionarios de esta secretaría de Estado que están actualmente en las Cámaras de Senadores y de Representantes, cumpliendo tareas para legisladores de los cuatro principales partidos políticos. Aunque quienes se desempeñan en el Parlamento son pocos si se toma en cuenta el total de funcionarios del ministerio que están en comisión en todos los organismos públicos, la situación pretende ser solucionada por el ministro Luis Alberto Heber, que ha hecho de la necesidad de más policías uno de sus principales reclamos.
Los casos interpelan la normativa vigente utilizada por el Ministerio del Interior y suponen un problema de personal para la cartera. La ley N° 17.243 del 2000 establece que “no podrá autorizarse el pase en comisión a otras dependencias u organismos públicos de los integrantes del escalafón policial, excepto aquellos que impliquen el cumplimiento de un servicio de seguridad a juicio del Ministerio del Interior”.
Desde el ministerio señalaron que, al momento de aprobar un pase, se verifica que efectivamente la solicitud del parlamentario esté fundamentada en la necesidad de un servicio de seguridad, por ejemplo, de custodia. De todas formas, una vez aprobado el pedido, la tarea que finalmente se le asigna al funcionario en comisión “es responsabilidad del peticionante” y “el ministerio no tiene posibilidades de controlar que la tarea no sea la de prestar seguridad”, afirmó un integrante de la cartera.
Policías consultados por Búsqueda indicaron que, más allá de que los legisladores afirmen públicamente que utilizan a un policía como chofer o secretario y no como escolta, el hecho de que el policía pueda estar legalmente armado y deba ceñirse a los procedimientos de su función original determinan que su rol en el Parlamento “sea indivisible” a brindar labores de seguridad.
Las tareas que cumple el personal policial en pases en comisión ya habían generado inquietud en el Poder Ejecutivo anterior, aunque en esa ocasión respecto a las asistencias. En 2015 Tabaré Vázquez exigió a todos los ministerios realizar un control del efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios en pase en comisión, una decisión que surgió a partir de una iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional, que requirió a sus funcionarios en comisión a presentar cada fin de mes constancia de asistencia laboral firmada por su superior.
La preocupación actual del Ministerio del Interior no solo abarca a los policías en comisión que no trabajan como tales, sino también a los funcionarios no ejecutivos de la cartera —por ejemplo, abogados— que fueron autorizados a ir al Parlamento previo al 1º de marzo de 2020: pese a que pertenecen al escalafón policial al que refiere la ley N° 17.243, en sus casos son civiles y por tanto no ejercen servicios de seguridad como demanda la normativa. En esta posición se encuentran funcionarios del senador de Cabildo AbiertoGuillermo Domenech, de los frenteamplistas Bonomi, Charles Carrera y Enrique Rubio, y del diputado frenteamplista Nicolás Viera, entre otros varios legisladores. “¿Qué servicio de seguridad puede prestar una contadora?”, cuestionó un jerarca del ministerio. Las anteriores autoridades de esa cartera interpretaban que la ley solo era aplicable a los policías ejecutivos y dejaban por fuera a los efectivos administrativos y técnicos.
Es mucho
Dos semanas atrás, al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Senadores, Heber debatió sobre los policías en comisión y el problema que generan para su ministerio. “Hemos sabido que hay 600 que están en esa situación. Como conozco la labor parlamentaria, cuando un legislador me pide un policía en comisión nunca lo he negado, pero en algunos casos se piden tres por legislador y eso no era como antes, cuando pedíamos algún policía para cumplir funciones de seguridad. Sobre todo, era uno por legislador. Esta es una situación que está instalada. Lo cierto es que hay 600 policías en comisión; es mucho”, dijo.
De los 33.000 funcionarios que tiene el Ministerio del Interior, casi 10.000 hacen tareas civiles y alrededor de 23.000 son ejecutivos y cumplen tareas policiales. De estos últimos, 4.800 certifican que están en el Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial o en junta médica.
En junio el consejo directivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) analizó un informe elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre el uso de las licencias médicas en el sector público. Allí advirtió que “uno de los datos que más llama la atención es la evolución de las certificaciones médicas en el Ministerio del Interior”: los funcionarios de la cartera representan más del 75% del total de días certificados en la Administración Central, con certificaciones médicas que pasaron de 147.890 en el 2016 a 668.432 en el 2020.
A partir de estas cifras, los cálculos de las autoridades ministeriales concluyen que son necesarios 2.000 funcionarios por día para trabajos policiales.
Para generar las vacantes que permitan aumentar la fuerza policial se busca reemplazar a muchos de quienes están en subsidio por enfermedad. “Es una gran injusticia que estemos pagando cuando no están realmente enfermos. Hay mucha gente que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, causados por mucha tensión, pero 4.800 me parece una cifra importante. Si está incapacitado para cumplir la función, el sistema social de la caja policial brinda su ayuda a quien en definitiva está en esa situación y, entonces, se le da la baja para que ingrese otra persona que sí esté capacitada”, explicó Heber.
