La columna “El peligroso malcriado” (Búsqueda, 17/09/2015), sobre Rafael Correa, al cual se acusa de dirigir un “gobierno electo” pero su país no es una democracia y mucho menos una república, es un peligro para sus compatriotas y un pésimo ejemplo para la región, se puede aplicar con creces —todos lo sabemos y algunos lo hemos afirmado, empezando por el propio autor de la nota, Claudio Paolillo— a Nicolás Maduro.
La sentencia contra Leopoldo López subraya aún más —si falta hiciera— la fractura institucional de Venezuela, iniciada por Hugo Chávez en el año 2004, cuando politizó el Tribunal Supremo de Justicia que, con ese nuevo cariz, rechaza de plano el principio de la separación de poderes.
López fue condenado a 13 años, nueve meses y siete días de penitenciaría en la cárcel militar de Ramo Verde, por ser declarado culpable de todos los cargos: instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Porque, según la “justicia” venezolana, López actuó como autor intelectual de las muertes y los daños ocurridos el 12 de febrero en Caracas, en la primera de varias marchas masivas a lo largo del país que pedían la renuncia de Maduro. Vale decir, que se le imputa la culpabilidad de las 43 muertes que generó la brutal represión bolivariana, tanto militar como de los temidos grupos paramilitares, entre ellos, los tristemente famosos “tupamaros”.
El juicio contra López, evidentemente, no fue ni imparcial ni independiente del gobierno, por: 1) al acusado no se le permitió presentar pruebas; 2) durante el proceso sólo pudo exhibir dos testigos; 3) según ha denunció su esposa, en las entrevistas de López con sus abogados siempre había militares presentes; 4) durante el juicio se les negó la entrada a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores internacionales; 5) la orden de detención de López admite que él no estaba en el lugar donde se registraron los hechos; sin embargo lo acusa de “pronunciamientos con mensajes subliminales” por Twitter; 6) la defensa que López no pudo presentar contenía indicios de que habían sido miembros del oficialismo los responsables de los 43 muertos.
¿Por qué ese ensañamiento contra López? La historia es así: después de recibirse de economista “cum Laude” en el Kenyon College de Ohio y luego de lograr su “master en políticas públicas” en Harvard, López ganó la alcaldía de Chacao en Caracas y gobernó con éxito dos veces consecutivas (2000-2008, o sea ya en épocas de Hugo Chávez). Quiso competir por la Alcaldía de Caracas en 2008 y por la Presidencia en 2012 enfrentando a Chávez, pero fue ilegalmente inhabilitado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió un fallo a su favor ignorado por el gobierno bolivariano.
En 2013 se rebeló contra el statu quo de la oposición y contra los fallidos diálogos con Maduro que, pese a la presencia del Vaticano y de la Unasur, no lograron concesión alguna. En febrero de 2014 lideró las marchas pacíficas y la denuncia de la represión que lo llevó a una orden de detención, a su voluntaria entrega y a todo lo demás que hemos ya comentado.
Ahora bien, si el propio Chávez le tuvo miedo siendo un político principiante, es fácil imaginarse el pánico de Maduro de que quedara en libertad un líder ya afirmado, en plena crisis económica y caos político-social venezolano y la condena a López responde a eso: a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Con 20% de apoyo menos que la oposición, al gobierno bolivariano le resultará casi imposible derrotar limpiamente a sus adversarios, por lo que el presidente maneja todos o algunos de estos caminos:
- enviar opositores a la cárcel (como López, Ledezma, el general Baduel, Ángel González, Damián Martín, Christian Holdack, etc.) o inhabilitarlos electoralmente, como a la ex diputada María Corina Machado o sacarlos del país, como Rafael Huizi Clavier, vicealmirante retirado de la Armada que está en exilio y declaró que hay entre 400 y 500 oficiales opositores en esas condiciones;
- el del fraude pre electoral y electoral;
- buscar excusas para suspender las elecciones del 6/12. Entre esas excusas, quizás, esté la crisis con Colombia para poder victimizarse y llegar a la conclusión de que no hay garantías para la realización de un acto electoral.
Internacionalmente, han sido muchas las voces calificadas que se han elevado para censurar a Venezuela. “Este caso es una farsa”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. También fue criticado por Amnistía Internacional, por la Unión Europea y por la Internacional Socialista. Ya en octubre de 2014, la ONU había calificado la detención de López como “arbitraria”, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos había exigido en vano su liberación y el abogado de Nelson Mandela, Irwin Colter, la pidió a finales del año pasado.
De su lado, Felipe González, aseguró: “Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto y el régimen ha decidido una condena por razones políticas”. A González ya se había sumado un grupo de 27 ex mandatarios de España y Latinoamérica difundiendo la Declaración de Caracas, en la que exigen, entre otras cosas, “el cese de las persecuciones y la libertad de los presos políticos”.
A todo esto, ¿qué hacen los gobiernos latinoamericanos? Pues la mayoría por ideología, conveniencia económica o simple cobardía, se llaman a silencio. Que a decir verdad, ha sido roto por los gobiernos de Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú, que se han pronunciado sobre la sentencia contra López, con diferentes matices (el más duro fue el presidente de Costa Rica, el único que se expresó personalmente).
¿Y el Uruguay? El Frente Amplio está dividido en las opiniones, pero con brazo enyesado en las votaciones. El presidente uruguayo ejerce la presidencia rotatoria de la Unasur y no se ha pronunciado sobre el juicio a López, ni tampoco su Cancillería.
El Nuevo Espacio y su líder, el senador Rafael Michelini, vicepresidente de la Internacional Socialista (de la cual López es miembro), además de emitir un comunicado, aseguró que “Venezuela está en una situación delicada, pero no se arregla esto violando los derechos humanos, quitando derechos a los opositores y, de alguna forma, enturbiando el sistema electoral” y definió a López “como un preso político al cual el gobierno de Nicolás Maduro quiere alejar de las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en Venezuela”. En el mismo sentido, la senadora Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, opinó que “la condena al opositor venezolano es desproporcionada y emplazo a los organismos internacionales a que ayuden a revertir una situación compleja que hay en Venezuela”.
En cambio, el MPP del senador José Mujica y el Partido Comunista están furibundamente a favor de Maduro. Así, el diputado emepepista Jorge Meroni expresó que Uruguay no se puede entrometer en asuntos internos y menos de la Justicia de otro país. Lástima que se olvidó Meroni de que su líder Mujica, siendo presidente de la República, le envió al primer mandatario Barack Obama una carta abierta, a raíz del asunto de los presos de Guantánamo, donde le requería la liberación de cuatro presos de cárceles yanquis: un portorriqueño y tres cubanos. En esa ocasión, porque se trataba de Estados Unidos y no de un gobierno “compañero”, el presidente y el MPP no consideraron que “no se puede entrometer en asuntos internos y menos en la justicia de otro país”.
Para que se pueda aquilatar bien la diferencia entre una izquierda coherente y la frenteamplista, bastaría poner como ejemplo que el Senado chileno aprobó por unanimidad el rechazo a la condena de Leopoldo López.
Mientras tanto, en el Senado de nuestro país una moción en el mismo sentido firmada por los senadores nacionalistas, colorados e independiente, fue rechazada por un Frente Amplio sesentista y retrógrado que se negó a considerar la declaración. ¿Y Michelini? ¿Y Payssé? Nada. Ningún legislador oficialista se tomó el trabajo de por lo menos fundamentar su posición.
Bien haría el Frente Amplio en reflexionar sobre aquello de que cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados pierden el respeto. Si es que les importa el respeto.
Adolfo Castells Mendívil
