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No recuerdo que en Uruguay se haya legislado en beneficio de delincuentes con nombre y apellido, como se pretende en España. Menos aún forzar cambios de fondo en las instituciones. Aquí existe una sólida cultura democrática y republicana, fuerte control partidario y ciudadano y todos tenemos claro que legislar para unos pocos es inmoral. En ocasiones se registraron intentonas frustradas para derogar el abuso de funciones ante procesos de gobernantes de diferentes partidos. En la actualidad se estudia un proyecto de Código Penal que elimina ese delito en forma general y abstracta con argumentos puramente jurídicos. Como corresponde.
Hay remarcables diferencias porque en Uruguay los partidos son los mismos en todo el país y en las grandes decisiones intervienen las cúpulas y los catedráticos. La semana pasada Andrés Danza destacó en Búsqueda el hilo invisible que ha unido a los gobiernos y a los partidos para transmitir de generación en generación principios que permiten mantener la estabilidad y superar, sin antropofagia política, desastres como la crisis económica de 2002. Desde hace décadas en España se comen unos a otros. Mientras hierven el agua para cocer al rival, preparan el postre. Los ciudadanos, la mayoría ignorante de la esencia, están más preocupado por el costo de los mariscos, el cerdo y el cordero para Navidad.
Cuando en 1975 murió el dictador Francisco Franco, la izquierda y la derecha (Partido Socialista Obrero Español y el hoy Partido Popular) buscaron evitar conflictos para captar el poder. Para contentar a todos la Constitución española de 1978 no estableció un modelo territorial acabado; configuró un Estado que permitía el acceso a la autonomía a las nacionalidades y regiones. Así se llegó a 17 comunidades autónomas descentralizadas con autonomía política y financiera. Los partidos locales reforzaron su poder y algunos las presiden, como en Cataluña, donde el independentismo gobierna a través de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Pero además los antropófagos dejaron armado un sistema judicial con una estructura muy compleja y con muy fuerte incidencia de los partidos en todos los cargos. Cada uno quiere su pedazo de la torta. El ciudadano sigue pensando en el costo de los mariscos, el cerdo y el cordero.
En la situación actual el peso económico de Cataluña y la militancia desestabilizadora de ERC y sus aliados independentistas se proyecta a lo nacional. Sus votos son fundamentales para quien gobierne y por eso le torcieron la mano (el brazo y los principios) al presidente socialista Pedro Sánchez, que aspira a una segunda presidencia. Desde que comenzó su actual mandato hizo una sociedad con los radicales de Podemos; con una derrota socialista perderían los cargos que ocupan. Sánchez tiene claro que es incierta su suerte en las elecciones municipales de mayo de 2023 y en las generales de diciembre del mismo año. Los habilitados para votar oscilarán en 37 millones y Cataluña, considerado el último granero del gobierno, tiene 5,6 millones de votantes.
La presión de ERC tuvo como objetivo beneficiar a los 21 procesados de su gobierno, también inhabilitados políticos, que el 27 de octubre de 2017 declararon que “la República catalana es un estado independiente y soberano de derecho democrático y social”. Cuatro días después el Tribunal Constitucional estableció la inconstitucionalidad de ese dislate y los responsables en diferentes niveles de gobierno fueron imputados por sedición y por malversar dinero público para financiar la campaña de la “independencia”. Vale decir, financiar un golpe de Estado. Algunos se fugaron y permanecen prófugos en Bélgica. Ese fue un desafío a la Constitución y al poder legitimado por la soberanía popular. Pero siguen preocupados por el precio de los mariscos, mientras que con esta ley Sánchez les da la razón a los golpistas con retroactividad.
La modificación del delito de malversación elimina la sanción penal cuando no se cometa en beneficio personal o de terceros: quien le haya robado dinero al Estado para guardarlo en sus bolsillos seguirá como un corrupto malversador. En cambio, el político o gobernante que haya robado dinero del contribuyente para invertirlo en acciones para violar la Constitución, convocar un ilegal referéndum para proclamar la independencia, como en 2017, será un honrado y respetable ciudadano.
La reforma penal también elimina el delito de sedición y en su lugar, como trampa de un ilusionista, crea el llamado “Desórdenes públicos agravados”. Esta nueva figura, expresada con mimos cariñosos, contempla penas de tres a cinco años de prisión frente a los 10 y 15 que establecía la sedición. El gobierno arrolla la división de poderes, tituló elocuente el diario ABC del viernes 16.
En la misma ley, mediante una enmienda, Sánchez pretendió reformar el sistema de integración del Tribunal Constitucional que hoy tiene mayoría “conservadora” para copar dos vacantes y tener mayoría progresista. El PP reaccionó con un recurso de amparo ante el cuerpo de los jueces involucrados en la reforma. El lunes 19 el Tribunal Constitucional votó por mayoría (seis conservadores contra cinco progresistas) frenar las reformas votadas por los diputados que debían definirse hoy, jueves 22, en el Senado. Es la primera vez que ocurre en democracia, y con esto la crisis partidaria e institucional entre la derecha y la izquierda se agrava con los independentistas catalanes alimentando el fuego.
Observe el pasado y el presente político uruguayo, analice la Constitución, considere la transparencia de designación de cargos en nuestro sistema judicial y cómo se discuten, negocian y votan las leyes. Compare todo con España y seguramente respirará aliviado.
