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El gobierno festejó la decisión de la Unión Europea (UE) de sacar a Uruguay de una “lista gris”, anunciada el martes 12. Figurar en esa nómina lo exponía a ser objeto de “medidas defensivas” —sanciones— por parte de otros países, principalmente los más desarrollados, además de afectar su reputación internacional.
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Para adoptar tal determinación, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que reunió en Bruselas a los ministros de Hacienda del bloque, tuvo en cuenta que, en enero, el Foro de Prácticas Fiscales Nocivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó las enmiendas realizadas por Uruguay a sus regímenes de incentivos tributarios de zonas francas, para el software y la biotecnología, que se apartaban de los estándares internacionales.
Se recorrió un “arduo camino” que supuso la sanción de dos leyes y un decreto, destacó el Ministerio de Economía en un comunicado. “Uruguay no solo ha superado la evaluación que se realiza en el seno del Foro de Prácticas Fiscales Nocivas que funciona en el ámbito de la OCDE”, sino también la primera revisión integral de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes, lo que lo pone en “un lugar de privilegio en relación con las mejores prácticas fiscales globales, lucha contra la evasión fiscal y mejora del buen gobierno y la transparencia”, agregó. En la “lista gris” quedaron 34 jurisdicciones y la “negra” se amplió a 15, casi todos “paraísos fiscales”.