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Los asentamientos son la solución habitacional que demasiados compatriotas han encontrado para vergüenza nacional. Son una de las caras de la pobreza, pero no son consecuencia inevitable de ella. Es verdad que hay casos extremos en los que algunas personas no encuentran otra solución que refugiarse, instalándose en forma muy precaria en algún sitio, pero los asentamientos son mayoritariamente otra cosa, son loteos ilegales en los que los predios, viviendas y otros se venden o alquilan, son parte en negro del mercado inmobiliario. Hay demasiados, superan los seiscientos, más del 75% de ellos están ubicados en el área metropolitana de Montevideo, departamento en el que se encuentran más del 80% de estos. Y no es casualidad ni es el destino, en buena medida resultan de la gestión urbana y territorial de Montevideo, que, gobernada por el Frente Amplio desde 1990, ha provocado un importante aumento de su número y de la cantidad de personas que viven en ellos, mayoritariamente en condiciones inhumanas, siendo también responsable de buena parte de los asentamientos en los departamentos vecinos.
Los asentamientos tienen múltiples causas, entre las que se encuentran en un lugar destacado los criterios y las políticas de gestión territorial y urbana que han aplicado los intendentes frenteamplistas de Montevideo, con el asesoramiento de sus planificadores, el entusiasta apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Udelar.
En efecto, han tenido como objetivos fundamentales en sus planes de gestión urbana de la ciudad el impedir la expansión del área urbanizada y el llenado de los “huecos urbanos”. Son criterios que hay que destacar porque han tenido un enorme y muy negativo impacto social, son de las principales causas del crecimiento y permanencia de los asentamientos.
Es más, a pesar de que ya han pasado más de tres décadas aplicando aquellos criterios de gestión urbana, la realidad muestra que los resultados esperados no se lograron. No se llenaron los “huecos” en la trama urbana, lo que obviamente no es humanamente relevante ante la proliferación de asentamientos, no se densificaron ni renovaron áreas tugurizadas ni las que han quedado obsoletas, mientras las áreas urbanas se fueron expandiendo, de la peor y más inhumana forma posible, en los asentamientos.
Esto, en buena medida se debe a que la intendencia ha negado sistemáticamente los permisos a los proyectos de urbanizaciones o de viviendas destinadas a sectores de bajos ingresos o medios bajos en áreas periféricas, diciéndoles a los promotores que sus ideas eran buenísimas pero que tenían que desarrollarlas en los “huecos urbanos”. Lo gravísimo de estos rechazos es que interesados en adquirir los predios o viviendas de los emprendimientos denegados, teniendo recursos como para comprar uno de esos inmuebles, terminaron en los asentamientos.
Los políticos y planificadores del Frente Amplio nunca entendieron que la gestión urbana y territorial debe realizarse para que las personas puedan encontrar un sitio donde instalarse que les resulte adecuado para desarrollar sus planes de vida, creen lo opuesto, que la gente se debe instalar en donde a ellos les parece. Para peor, impusieron esos criterios de gestión en todo el país al aprobar las leyes referidas al Ordenamiento Territorial, con las que, además de impedir o reducir la expansión urbana y por ello la oferta de predios, imponen requisitos a las nuevas urbanizaciones que incrementan sus costos, lo que obliga a ponerlos en el mercado con precios altos, haciendo subir los precios de todos los inmuebles. No es entendible que, por esto y por los demás criterios de gestión obsoletos y el centralismo que imponen, aún no hayan sido derogadas.
Por otro lado, ¿será cierto que los intendentes y planificadores frenteamplistas tuvieron y tienen como objetivo llenar los “huecos urbanos”? No lo parece, no solo por los resultados obtenidos, sino porque no se conoce que hayan diseñado, promovido o aplicado medidas que apunten a llenar esos “huecos”. Peor aún, ni siquiera han mostrado tener diagnosticadas las causas de su existencia, a pesar de que sin conocerlas y entenderlas no hay forma de diseñar medidas para movilizar los inmuebles que los conforman.
Intentan explicarlos asegurando que el problema resulta de la especulación inmobiliaria, la culpa es de los propietarios de los predios que no los urbanizan o edifican, esperando obtener un mayor beneficio en el futuro, cuando se valoricen. La especulación es una de las causas pero no la única. Pero no parece que los planificadores y políticos frenteamplistas realmente crean que el problema es la especulación, ya que no han diseñado y no han aplicado los impuestos a los predios baldíos o a las edificaciones inapropiadas, elevándolos progresivamente como se debe hacer para reducir la especulación inmobiliaria, impuestos que más que para recaudar son herramientas importantísimas de gestión urbana, que cuando se utilizan correctamente, al incrementar progresivamente los costos de mantener inmovilizados a los inmuebles reducen, anulan y finalmente vuelven negativas las expectativas de futuras ganancias.
Por otro lado, cuando en una ciudad hay zonas vacías o degradadas, a las que los planificadores y políticos frenteamplista de Montevideo ni siquiera se refieren, es porque no son atractivas para las personas que entienden que no les ofrecen espacios o ambientes adecuados para desarrollar sus planes de vida, no están ubicadas donde les conviene o que tienen carencias mayores que otras, por lo que no les sirven. Esto tiene muy diferentes causas, que además varían en cada caso. Justamente, es tarea fundamental de los planificadores plantear e instrumentar medidas correctivas que cambien la situación y vuelvan a esas zonas atractivas y por ello demandadas por algunos de los habitantes de la cuidad. En Montevideo no lo han hecho, peor aún, ni se lo han planteado.
La intendenta de Montevideo y sus predecesores no han tomado medidas contra la especulación inmobiliaria, no tienen diagnósticos de las causas de los “huecos” ni de las áreas urbanas deterioradas, no han diseñado mediadas para transformarlas en áreas atractivas, no han cambiado sus planes de gestión urbana y territorial, ya que no los entienden parte del problema; y sobre todo, no muestran empatía con las personas, particularmente con las de menores recursos, ya que no han intentado satisfacer sus necesidades adaptando los planes de ordenamiento territorial y urbanísticos departamentales a sus necesidades. Solo hacen declaraciones planteando utopías totalmente desconectadas con la gente.
No quedan dudas sobre la incompetencia de los políticos y de los planificadores “progresistas” en la gestión urbana y territorial de Montevideo, pero la necia insistencia en seguir igual, además de mostrar una soberbia inhumana, lleva a pensar que lo hacen a propósito y que, sádicamente, prefieren que las personas vivan en pésimas condiciones, parece que aplican la premisa sesentista de que “cuanto peor, mejor”
