Los cambios al régimen de zonas francas que impulsa el gobierno afectan la “confianza” de los inversores en Uruguay, afirma Dovat

Dovat asumió en abril pasado al frente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, que agrupa a explotadores de esos enclaves y a sus usuarios directos e indirectos.

—Desde 2004 el país viene mostrando un buen desempeño en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, hoy se pueden anotar ciertas dificultades como la inflación, que responde a un excesivo nivel del gasto público. La consecuencia es obvia: un déficit fiscal notorio. Además, lo que más preocupa es que en la década de mayor prosperidad hemos aumentado el nivel de endeudamiento. Es como si en una casa, en la década en que a la familia le entró más dinero, hubiera salido a pedir prestado y a aumentar el nivel de gastos. Esto es lo que ha pasado con el Estado, que somos todos. Y ese gasto no ha sido ni para mejorar la educación, ni la seguridad, ni la infraestructura, donde el país vive desde hace años un rezago importante, que afecta su presente y afectará aún más su futuro.

—¿Qué piensa de la modificación del régimen de zonas francas que tiene a estudio el Parlamento?

—El proyecto de ley es innecesario, inconveniente y restrictivo.

Innecesario porque mantiene lo esencial del régimen de los operadores de zonas francas, sean usuarios o explotadores, por lo que no se justifica crear una nueva ley para consagrar unas pocas innovaciones, como la de las zonas temáticas de servicios.

Es restrictivo, porque es un régimen que ha funcionado bien durante 25 años y ahora generará incertidumbre e inseguridad jurídica, porque limita derechos individuales, afectando la libertad contractual que ha sido el valor central del desarrollo de las zonas francas, que desde 1923 estaban estancadas. El Estado interviene en los contratos.

Y es inconveniente porque desprecia un instrumento de atracción de inversiones de amplia aceptación y reconocimiento a nivel mundial.

Además, les cambia el nombre solo por un aspecto marketinero, lo que traerá consecuencias jurídicas pues el instrumento de las zonas francas está recogido por los acuerdos de protección de Inversiones suscritos, así como en el proyecto de Código Aduanero del Mercosur.

También generará incertidumbre e inseguridad jurídica y comercial porque coexistirán dos regímenes durante décadas, lo que traerá conflictos sobre qué ley es aplicable.

Por ello, estimo que el proyecto es claramente un retroceso más que un avance, las innovaciones son muy pocas, regula y controla a las zonas francas más que aportar creaciones novedosas. La experiencia y la buena administración enseñan que lo que funciona bien no debe cambiarse. No se justifica y menos aún por un afán de control estatal. Pero se insiste con la mentada reforma, que no es tal. En realidad, lo que se está afectando es la confianza del inversor global en las zonas francas.

Otro asunto es el de las zonas temáticas de servicios. No tengo nada en contra, pero lo que no puedo aceptar es que se legisle con nombre y apellido. En Búsqueda se informó que hay un emprendimiento médico, otro de servicios audiovisuales y otro de esparcimiento, a la espera de la aprobación de esta ley. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay no puede aceptar que se trastoque toda la ley de zonas francas para apoyar tres emprendimientos privados y específicos, perdiéndose de vista la neutralidad con que debe necesariamente legislarse.

El proyecto además hace algo muy curioso: da ventajas operativas a las zonas situadas a más de 40 kilómetros de Montevideo dejando consagradas “exclusividades” en las zonas que están a menos de esa distancia de la capital. Tendremos un monopolio y la ley lo consagra.

—¿Qué otros temas le inquietan a los empresarios instalado en las zonas?

—La ley de responsabilidad penal empresarial fue aprobada sin un adecuado marco de discusión parlamentario y fue aprobada a presión; su texto es muy escueto, genera mucha incertidumbre jurídica y preocupación para los empresarios en general. Falta una ley de prevención de riesgos laborales: no creo que la prevención de accidentes laborales venga por la coacción de una sanción penal en el marco de un delito de peligro.

—¿Cómo analiza el panorama político que dejaron las elecciones internas?

—Se tienen que ordenar las fichas en el tablero. No creo que nada de lo que está sucediendo traiga consecuencias sobre el empresariado y las reglas de juego, hasta que se conozcan los programas de los partidos.

Tras las internas, hay dos lecturas posibles. Una es la desidia del cuerpo electoral. ¿Qué debemos interpretar? ¿Que a nadie le importa lo que pasa en el país? ¿Que la gente no cree que la política resuelva sus problemas? ¿Que los políticos están gastados frente a la opinión pública?

La segunda es el claro cambio de visión que ha tenido el electorado uruguayo, volcándose hacia figuras jóvenes y soluciones prácticas. Basta de slogans, basta de propuestas en que se nos iguala hacia abajo, basta de promesas sobre seguridad sin justicia, basta de promesas de educación basada en Presupuesto y no en principios. Basta con seguir premiando al que no hace sobre el que hace. Esto no tiene color político.

¿Cómo conciliamos la desidia o la baja votación con esta visión optimista del nuevo mapa político uruguayo? Muy simple, la mayoría manifestó su desconformidad no votando. Los otros dijeron: “Ustedes me están dando la oportunidad. Podemos cambiar”.

Quedan atrás las izquierdas y las derechas, las teorías liberales o conservadoras; queremos libertad por encima de todo, y recién luego la igualdad.