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La discusión del presupuesto del Banco de Previsión Social (BPS) para 2019 se aprobó con un voto discorde. Como argumento a su oposición, Elvira Domínguez, directora en representación del empresariado, reclamó mayores controles en las prestaciones que otorga ese organismo, a la vez que mostró preocupación por su sustentabilidad. Además, entre otras cosas propuso establecer mayores sanciones para casos de fraude en certificaciones médicas.
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La jerarca dijo a Búsqueda que no hubo “oportunidad de discutir” algunas de las metas de gestión que el BPS se plantea para 2019. Por ejemplo, señaló que si bien se proyecta mejorar los análisis de riesgo, “no hay específicamente un énfasis” en los requerimientos de acceso para las prestaciones que otorga. También comentó que aunque se prevé contratar un auditor informático, se necesita analizar el sistema de licencia en el sector construcción, donde la directora ya había denunciado errores de cálculo que entre 2013 y 2016 significaron una pérdida de US$ 50 millones.
Por otra parte, la representante empresarial en el BPS reclamó “rediseñar” algunos procesos de fiscalización que permitan incluir también el comercio electrónico y criticó que se postergue para 2019 el inicio del registro de pensiones alimenticias. Ese instrumento surgió a partir de la Ley 19.480 —aprobada en 2017— como forma de control del pago de las prestaciones por hijo en parejas divorciadas, creando una base de datos a la que las empresas puedan acceder.
Para Domínguez, se necesita revisar el “crecimiento exponencial” de las jubilaciones por incapacidad. Ya el año pasado el ministro de Economía, Danilo Astori, había advertido que uno de cada cinco retiros correspondían a esa causal.
El presupuesto del BPS para el próximo año propone aumentar 12% la cantidad de juntas médicas, una instancia de corroboración para certificaciones médicas de largo plazo. Si bien esto “está alineado” con la necesidad de mayores controles, para la directora “no hay normas” que permitan aplicar sanciones “ejemplificantes”.
“Desfase”.
Por otro lado, el presupuesto votado incorpora ampliaciones para el centro que atiende defectos congénitos y enfermedades raras. Domínguez entiende que “no es el momento” de hacer esas obras dado el “desfase” de ingresos y egresos del BPS. “Nos preocupa la sustentabilidad de la seguridad social”, señaló. “Mucho de ese desfase tiene que ver con la gestión (del BPS), pero también está el problema de que los legisladores aprueban leyes con impacto (en las finanzas del organismo) de manera inconsulta”, dijo. El Parlamento puede, por ejemplo, extender la duración de seguros de paro.
El BPS prevé necesitar una asistencia de Rentas Generales de US$ 700 millones este año y poco más de US$ 800 en 2019.
El presupuesto aprobado la semana pasada, que ahora debe ser enviado al Poder Ejecutivo, proyecta ingresos por US$ 13.100 millones y egresos por US$ 13.906 millones, lo que da un déficit de US$ 806 millones.
Entre los gastos se incluyó la contratación de una auditoría externa para revisar el balance de 2019, algo que era reclamado por Domínguez.
