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Además de la reinstalación de los Consejos de Salarios, a poco de iniciado el primer gobierno del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez reguló la ocupación de los lugares de trabajo como parte del derecho de huelga, limitó el horario de los empleados del sector rural y propició una formalización de los trabajadores domésticos. Entre otras medidas, también aprobó la creación de un fondo para garantizar el cobro de créditos laborales ante el cierre de una empresa, que se financia con el aporte de los empleadores. Esas decisiones marcaron un cambio en el modelo de las relaciones laborales; lo que fueron logros para los trabajadores, se consideraron rigideces por parte del empresariado.
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La administración de Luis Lacalle Pou que se instalará el 1º de marzo de 2020 aseguró que mantendrá los Consejos de Salarios —si bien pretende introducirle ajustes a este ámbito de negociación— y derogará el artículo 4º del decreto Nº 165, con lo cual las ocupaciones de las empresas privadas serán ilegales. En ese sentido, el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló que aspira a poner el “péndulo” de las relaciones laborales “en su punto medio” (Búsqueda Nº 2.052).
“No hay un posicionamiento del sector, lo habrá cuando se convoque al Consejo Superior Tripartito, se diga hacia dónde vamos y se hable de lineamientos”, declaró a Búsqueda el presidente de la Comisión de Relaciones Sociolaborales de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik.
A su juicio, puede que no haya “más problemas” que los que hubo en las anteriores rondas de negociación salarial, aunque espera “mayores condimentos” si se confirma la idea del gobierno electo de flexibilizar los ajustes al considerar el tamaño y la ubicación geográfica de las firmas. “Eso requiere lineamientos, y milagrosamente serían a favor de nadie”, apuntó el dirigente empresarial. Y añadió: “En una negociación alguien siempre pierde o al menos empata. Si queremos hacer las cosas bien, lo máximo que podemos aspirar en un cambio (de política) es que todos empaten, pero es difícil”.
Advirtió que hay ramas industriales que ni siquiera están en condiciones de subir los salarios por el Índice de Precios al Consumo (IPC) si el nuevo gobierno no toma medidas que mejoren la competitividad del sector productivo.
Con relativo pesimismo, Fostik proyectó que no habrá mayores cambios en el relacionamiento laboral, porque uno de los actores —el PIT CNT— “va a seguir haciendo lo mismo”, dijo refiriéndose a las ocupaciones. “No hay mucha esperanza, porque (la central) se va a resistir a cualquier cambio”, insistió.
Sobre la figura del designado ministro de Trabajo, señaló: “No vemos a Mieres un aliado del empresario. Le encantó al PIT-CNT, de hecho. Lo que está bueno es que dijo que buscará que el péndulo esté en el centro. Y capaz que con eso alcanza, y que las partes hagan lo que puedan”. Más allá de eso, le reconoció al futuro jerarca un “entusiasmo” que puede favorecer un mejor clima laboral.
Para Fostik, es clave que los ajustes salariales que se pacten contemplen distintas situaciones y problemáticas. Si un sector tiene un buen desempeño, “va a ser difícil que no le puedan sacar algo” los trabajadores, dijo. Pero, según él, el problema se plantea cuando “el que está liquidado, está obligado a dar lo que no puede”. Algo que el empresariado apunta a que cambie, mediante un mayor uso de los “descuelgues” de los convenios firmados a nivel de ramas o de la negociación bipartita.
“No hay ningún bote salvavidas. Si miramos cómo van las relaciones laborales en el mundo hay una regla: los países con regulaciones más rígidas son los que menos crecen, y los más flexibles más crecen”.
“Sin revanchismo”
El nombramiento del líder del Partido Independiente al frente de la cartera de Trabajo fue bienvenido en el movimiento sindical. “Entre tener una persona dura...; no puedo ser necio, prefiero siempre a una persona de diálogo”, dijo a Búsqueda Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.
“No vamos a una negociación con preconceptos”, sino con “una idea clara de preservar los avances que los trabajadores han conseguido”, señaló. De cara a la siguiente ronda de los Consejos de Salarios, que empezará en 2020, mencionó como aspectos centrales el empleo y el salario, en una negociación en la que de parte de los sindicatos habrá disposición a “discutir productividad”, avanzó.
“Según la última encuesta de Búsqueda muchos (empresarios) dicen que empatan o que van a crecer, salvo 16% que se encuentra en dificultades...Si son más optimistas, sin conocer ninguna medida del gobierno, y la mitad dice que va a crecer, entonces después no me vayan a una mesa de negociación diciendo ‘estoy jodido’. Otro 30% dice que piensa que estará igual (su nivel de producción), bueno, entonces, ¡no me rebaje los salarios!”.
Aclaró, no obstante, que aún no tienen un posicionamiento definido y están a la espera de “lo que diga el gobierno y cómo se plantee la negociación. No quiero aparecer como que estamos poniendo palos en la rueda ni que todo lo que va a venir será color rosa. Vamos a verlo, y ahí actuaremos, de forma más pragmática”, sostuvo Castellano.
Agregó que también “habrá que ver cómo se paran los empresarios”, y estimó que buscarán acuerdos. “Las principales empresas del país me han llamado para decirme: ‘Mirá que estas cosas no van a cambiar’. Así que no creo que se sumen a una especie de revanchismo. (...) En los principales sectores, desde el punto de vista societario, las principales empresas son trasnacionales, con gerencias que rinden cuenta y lo que miran es la rentabilidad. No creo que estén para barrer organizaciones sindicales, quitar los derechos...Me parece que esa no será la actitud”.
Advirtió que desde el PIT-CNT la “premisa básica tiene que ser no perder, mantener el piso del poder adquisitivo”, de los sueldos. Sin embargo, no descartó “atender y ver la realidad” de alguna empresa que pueda estar en dificultades. “¡Pero que lo genérico no sea eso!”.
En un reciente informe la Universidad Católica proyectó un aumento de la conflictividad para el año que comienza ante los anuncios del gobierno electo en materia de austeridad, la posible modificación de artículos de la ley de negociación colectiva (observados por la OIT hace una década), el vencimiento de la mayoría de los convenios colectivos y la discusión del presupuesto quinquenal. Se comparará con un 2019 que tuvo 110 situaciones de conflicto (entre los que hubo una decena de ocupaciones y cuatro paros generales) que significaron la pérdida de 821.275 jornadas de trabajo.
