El gremialismo rural, que tradicionalmente ejerció presión ante los gobiernos de turno para la definición de políticas públicas para su sector, debió “adecuar sus reclamos” ante la llegada al poder del Frente Amplio en 2005. Pero también para los gobernantes de izquierda significó un desafío interiorizarse de las demandas de los productores, en un contexto de una “nueva ruralidad” en la que surgieron gremiales agroindustriales con perfiles y estrategias distintas a las que históricamente llevaron adelante la Asociación (ARU) y la Federación Rural (FR).
Esas son algunas de las conclusiones del trabajo titulado “Gremiales agroindustriales y las políticas públicas”, presentado en las recientes Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. El objetivo es analizar los reclamos de las organizaciones agroindustriales al gobierno y al Parlamento entre 2005 y 2012, en un contexto de gobiernos frenteamplistas. Se basó en informes, entrevistas a dirigentes ruralistas y en un repaso de las versiones taquigráficas de las comisiones parlamentarias.
El autor de la monografía, Andrés Aquino, señala que entre las principales demandas de las gremiales que se repiten con “alta” frecuencia figuran la evolución al alza de los costos de producción, la política tributaria, el “impuesto a la tierra” y la falta de infraestructura y logística, además de aspectos institucionales como la burocratización y la estructura estatal. En menor medida hubo reclamos sobre la política cambiaria y de apertura de mercados, indica.
Menciona que hubo algunos aspectos coincidentes entre las gremiales y el gobierno, específicamente la necesidad de tomar medidas de sustentabilidad y preservación de los recursos naturales, en materia de capacitación y educación, y en un caso vinculado a la definición de la institucionalidad para las políticas granjeras.
Según el autor, en los años recientes las asociaciones del agro obtuvieron resultados positivos sobre determinadas políticas, como la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. Pero en otros ocurrió lo contrario, por ejemplo con la creación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), luego derogado tras haber sido declarado institucional y sustituido por el Impuesto al Patrimonio.
Para Aquino, las políticas implementadas por el gobierno de izquierda han sido “un reto” para las organizaciones del agro. Es así que sus reclamos se han tenido que “adecuar”, explica.
“Estos años significaron un proceso de aprendizaje para los distintos actores. En el caso de los partidos políticos y el gobierno, debieron interiorizarse de las demandas de las gremiales”, señala.
Nueva ruralidad
Ante los desafíos de la “nueva ruralidad” surgieron otras organizaciones diferentes a las gremiales tradicionales, comenta el autor.
A diferencia de la ARU y la FR, las agrupaciones emergentes no solo defienden las nuevas y viejas demandas, sean políticas referidas a aspectos tributarios, sociales, tecnológicos, entre otras, sino que tratan de hacer lobby en busca de modificar con su presión las políticas que lleva adelante la izquierda en el gobierno. “Es una lucha simbólica entre las organizaciones y el poder que tiene la izquierda sobre la implementación de las política pública”, resume.
En esa línea menciona el caso de la Sociedad de Productores Forestales, que se opuso al ICIR “por considerar que el gobierno de izquierda incumplía con las reglas macroeconómicas”.
Más allá de esas discrepancias en el período que comprende esta investigación, las organizaciones de productores “desarrollaron una acción gremial de apoyo en términos generales de algunas políticas públicas, como la búsqueda de nuevos mercados”, afirma Aquino. Sostiene que ello obedece a la “conveniencia de mostrarse complacientes ante un gobierno de izquierda promotor de un proceso demasiado fuerte para oponerse, del cual además podían extraerse sus ventajas por una esperada conciencia de que determinadas políticas no se podían modificar”.
Al analizar las organizaciones del agro, el autor observó especial interés en aquellas definidas como “político-reinvindicativas” y otras denominadas “gremiales de productores”.
Menciona gremiales agroindustriales con características de dinamismo económico y político, que buscan la maximización de su tasa de ganancia. Esos actores, dice, “no especulan, sino que invierten en innovación tecnológica, mejoramiento de la productividad, entre otros” aspectos.
Las organizaciones analizadas en este trabajo son empresarios agrícola ganaderos, lecheros, forestales, arroceros y frutihortícolas. Esos grupos “generan y ejercen poder, empleando diferentes métodos. Los medios utilizados son con mayor frecuencia las declaraciones, comunicados e informes” y “a través de ellos buscan legitimizar sus posiciones ante la opinión pública y principalmente, en aquellos ámbitos donde se encuentran los factores reales de poder, llámese Poder Ejecutivo y comisiones del Parlamento”, comenta. Agrega que la acción política de dichas organizaciones también incluye contactos directos con jerarcas y parlamentarios, o encuentros “más discretos”.
Aquino considera la existencia de una estructura social agraria constituida a partir de productores con un perfil empresarial y otro grupo con un perfil familiar. A partir de eso afirma que existen dos tipos de políticas, una dirigida al sector tradicional del agro local y otra al sector de los productores familiares.
Neocorporativismo
“El control” que ejercían la FR y la ARU sobre el “sector dominante de la economía, les permitió obtener acuerdos favorables para los intereses de ambas organizaciones”, señala el autor. Y considera que “lo que lograron fue que las autoridades les transfirieran en cierta forma poder y recurso para autorregular el sector”.
A lo largo de la historia ambas gremiales tuvieron “fuerte influencia en la construcción de políticas” dirigidas a la ganadería, agrega.
Opina que “con el advenimiento de la democracia esas dos asociaciones perdieron poder a la hora de influir en las decisiones que tomaron los gobiernos de turno al momento de implementar políticas” para el agro. Pero luego “las gremiales ganaderas desplegaron una amplia y sostenida estrategia de relegitimación de su posición y de sus intereses que demostró ser sumamente exitosa”, agrega. Así lograron objetivos favorables que permitieron “revertir un escenario adverso” y con esto consiguieron “ampliar su capital simbólico de poder”, afirma.
A la par de las gremiales tradicionales que en 2002 y otros años enfocaron sus reclamos en poner fin al atraso cambiario y a soluciones a las deudas de los productores afectados por la crisis, surgieron nuevos grupos vinculados al uso de la tierra, como los sojeros, señala.
Para Aquino, con el paso del tiempo, a los temas económicos de la agenda de la FR y ARU se sumó el reclamo de la disminución de los impuestos. “Como forma de presionar al Estado, reivindican y consideran que el agro es el mayor responsable en la generación de riqueza del país y que con sus aportes al fisco subsidian el aparato estatal y contribuyen al desarrollo de otros sectores económicos del país”, sostiene. Esos temas suelen ser encontrados en casi todos los reclamos de los ganaderos y los nuevos empresarios sojeros, “salvo en los del problema de la tierra”.
Además de ese conjunto de productores, en el trabajo alude a otros dos grupos de ruralistas nucleados en diferentes agremiaciones.
Uno es el colectivo de agricultores familiares que integran la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Colonos y la Confederación Granjera, “que tiene una fuerte impronta empresarial”, señala.
La Asociación de Cultivadores de Arroz, la Sociedad de Productores Forestales, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Asociación Nacional de Productores de Leche “no tienen vinculaciones directas con el sistema político y su independencia ha sido una de sus principales reivindicaciones”, sostiene el autor, basándose en una publicación de 2009 de su Facultad.
Observa que algunos temas vinculan o generan afinidad entre gremiales, principalmente el incremento de los costos de producción.
