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Además de que la actividad económica de por sí entró, por razones sanitarias, en una recesión, la Dirección General Impositiva (DGI) prorrogó vencimientos de pagos para darles oxígeno a las empresas contribuyentes. También la Dirección Nacional de Aduanas está padeciendo la merma en la recaudación de tributos al comercio exterior. Otras fuentes de ingresos para el fisco están resentidas, como los juegos de azar que administra Loterías y Quinielas. Y con las salas cerradas al público, con solo una guardia integrada por el gerente, la seguridad y limpiadores, “la recaudación es cero” en los casinos, declaró a Búsqueda el director de esa repartición del Ministerio de Economía y Finanzas, Gustavo Anselmi.
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El panorama no es muy diferente para algunas empresas públicas, cuyos negocios se han visto impactados por la exhortación al aislamiento social y la virtual detención de la economía. En Ancap, por ejemplo, la venta de algunos combustibles cayó de manera brusca en la segunda semana de marzo, lo que se traducirá en peores resultados; eso acota sus posibilidades de girarle dividendos a su accionista, el gobierno.
Lo que para los jerarcas de las distintas unidades ejecutoras y los entes es una preocupación por mantener andando sus oficinas —con todas las distorsiones, también financieras, que provoca la emergencia sanitaria—, para sus jefes se trata de un problema de mayor dimensión. Deben ingeniárselas para, con menos dinero ingresando a Rentas Generales, seguir proveyendo el presupuesto habitual y, además, atender un gasto en salud y las consecuencias económicas de la pandemia (principalmente por la explosión de los “seguros de paro” y por enfermedad).
Como los números fiscales tienen un mes de rezago, los datos de febrero —informados por el MEF este martes— no mostraron todavía el impacto de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo. Sin considerar los ingresos extraordinarios por la desafiliación de las AFAP de los llamados “cincuentones”, el resultado negativo en los 12 meses fue equivalente a 5% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que supuso una ampliación del déficit. El dato se vio afectado por los adelantos de pasividades y salarios públicos de marzo por “cuestiones operativas”.
Deuda
El déficit en las cuentas públicas se cubre pidiendo dinero prestado, ya sea a organismos internacionales como a inversores que compran títulos del gobierno en los mercados. El Banco Interamericano de Desarrollo confirmó esta semana un desembolso de US$ 400 millones de líneas contingentes y mantiene conversaciones con las autoridades acerca de su apoyo al país a futuro, dijo a Búsqueda una fuente del organismo.
Los datos de endeudamiento a fin de 2019 fueron informados este martes por el Banco Central. Todo el sector público tenía pasivos de capital por US$ 37.160 millones (lo que significó una baja de US$ 1.243 millones respecto al cierre del año anterior). Como los activos de reserva sumaban US$ 18.484 millones, la deuda neta disminuyó en US$ 273 millones y se ubicó en US$ 18.676 millones. Expresado en relación con el PBI, el endeudamiento bruto pasó de 64,4% en 2018 a 66,3% en 2019, y el neto lo hizo de 31,8% a 33,3%.
Además, el sector público debía pagar intereses de deuda por otros US$ 29.413 millones al cierre de diciembre. Sumando los pasivos por concepto de capital, el servicio de la deuda ascendía a US$ 50.079 millones (89,3% del Producto).
El gobierno anunció que recurrirá a líneas de crédito de organismos multilaterales que ya tenía disponibles y que negociará ampliaciones para cubrir necesidades financieras ante la crisis sanitaria por el Covid-19 (Búsqueda N° 2.065). Eso abultará la cuenta de endeudamiento en los próximos meses.
