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Los intendentes blancos impulsan un proyecto para aplicar una “refinanciación” a los deudores del impuesto de patentes de rodados en todo Uruguay y buscan una definición “urgente”. La medida es apoyada por el único jefe comunal colorado, el riverense Marne Osorio, pero rechazada por los jerarcas comunales del Frente Amplio.
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El planteo de los dirigentes nacionalistas, que está en agenda desde hace meses, volvió a tratarse en la última reunión del Congreso de Intendentes, que se hizo el jueves 17 en San Pedro del Timote, Florida. Allí, los intendentes blancos manejaron distintas alternativas para instrumentar la medida, dijeron a Búsqueda participantes de la reunión y distintas fuentes políticas.
Durante el encuentro, el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, dijo que en un principio no es muy partidario de aplicar ese tipo de exoneraciones porque pueden dar la sensación de que el mal pagador es “premiado” y quien paga en fecha “castigado”. No obstante, apuntó que existen fórmulas que permiten “conciliar un poco las cosas”. En ese sentido, insistió en que la exoneración no implique un “perdona tutti” sino un “achicamiento” de la cantidad de recargos y multas. Además, es necesario que la fórmula que se aplique mantenga las bonificaciones exclusivamente a los buenos pagadores, indicó.
Esa formula sería “una especie de criterio intermedio” y un mensaje que se le da al contribuyente de que sigue siendo un “buen negocio” estar al día. “Porque muchas veces también vienen las quejas del buen pagador que dice: yo cumplo en fecha y resulta que soy un gil porque después viene el otro que no pagó, pasó dos o tres años sin pagar y le sacan todos los recargos. Al final yo soy el nabo de la película”, ejemplificó Da Rosa.
En sintonía con ese jerarca, el intendente de San José, José Luis Falero, propuso no otorgar a quienes suscriban al plan de refinanciación el beneficio de descontar 10% del impuesto que actualmente reciben quienes pagan en fecha. “Es una forma de atender que el buen pagador tenga una diferencia”, argumentó el jefe departamental.
Por su parte, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, sugirió que el plan de refinanciación se aplique “por única vez” en los cinco años de gobierno. Igual que sus correligionarios, insistió en la idea de tomar recaudos a la hora de aplicar la exoneración para que el “perdona tutti” sea “hasta ahí” y, de esa manera, no estimular al mal pagador y perjudicar indirectamente a quien paga los impuestos al día.
Ese jerarca también llamó la atención sobre que la “mitad” de los vehículos que están registrados en el padrón automotriz dejaron de circular. “Sería bueno que a través del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares) se implementara algo, para tener la realidad en cuanto a cuál es el padrón que cada departamento tiene”, propuso el intendente.
El Sucive es un órgano técnico asesor del Congreso de Intendentes que está integrado por representantes de los jefes comunales de todos los partidos, del Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y República Afisa.
Ese organismo da su opinión sobre los temas relacionados a la patente y la traslada que al Congreso. En caso de que sea apoyado, es enviado a las 19 juntas departamentales para que decidan o no su aprobación.
Falero habló sobre la necesidad de resolver el tema de las exoneraciones rápidamente debido a que los intendentes necesitan definir la planificación presupuestal para los próximos cinco años antes del 9 de enero del 2016, la fecha límite que tienen para presentar sus proyectos a las juntas departamentales. Debido a la urgencia, explicó el intendente durante la reunión, la idea es ejecutar la propuesta primero y que luego cada intendencia decida si se adhiere al plan de recuperación de adeudados.
El colorado Osorio, que no participó del último Congreso de Intendentes, explicó a Búsqueda que la propuesta no es una “amnistía” sino un “plan de repagos” que le permite al contribuyente “refinanciar la deuda”.
Los pagos de la deuda irán al departamento en el que el contribuyente sacó la patente originalmente. Eso habilitará a quienes están atrasados a hacer el cambio de departamento para que, de ese momento en adelante, puedan empezar a pagar la patente en donde estén circulando. “Se separa lo que es deuda de lo que es la tributación a partir de ese momento”, dijo Osorio. De esa manera, alguien que sacó la patente en Treinta y Tres pero vive en Rivera podrá hacer el “traslado” y regularizar su situación, ejemplificó, y señaló que “hoy hay muchos vehículos que están circulando y no le están pagando a nadie”.
“Todos tenemos necesidades y voluntad de trabajar en el tema”, por lo que “propongo hacer una suerte de Congreso ficto” para “avanzar” en los acuerdos, dijo durante la reunión del 17 el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que pertenece al Partido Nacional y es, además, el presidente del Congreso.
No obstante, no hay una fecha concreta para resolver el tema y los intendentes del Frente Amplio están en desacuerdo con la iniciativa, sobre todo el gobierno de Montevideo, dijeron los informantes. Fuentes de la comuna capitalina agregaron que no pueden darse el “lujo” de aplicar esa exoneración, aunque todavía no hay una definición oficial definitiva.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo a Búsqueda que rechaza que se aplique “cualquier tipo de amnistía general” y “perdona tutti”, como dice que plantean los dirigentes blancos. En todo caso, apuntó, está “abierto” a discutir propuestas para “situaciones particulares” y no para antes del 9 de enero.
Los técnicos que asesoran a los intendentes tienen discrepancias sobre si esta propuesta puede ser impulsada por unanimidad o por mayoría simple. Los intendentes nacionalistas y el intendente colorado suman un total de 13 intendencias, por lo que pueden aprobar la medida en el Congreso de Intendentes sin el apoyo del Frente Amplio.
La patente representa entre el 25% y el 35% del presupuesto de la mayoría de las intendencias.