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“Se están comprando problemas”, dijo la senadora electa del Partido Nacional, Graciela Bianchi, mientras se discutía uno de los artículos de la ley de urgente consideración relacionado a la gobernanza educativa. Ayer miércoles, cerca del mediodía, los diputados y senadores electos bajo el paraguas del sector Todos, del futuro presidente Luis Lacalle Pou, se reunieron durante dos horas en la sala 15 del Palacio Legislativo para intercambiar sobre todas las cuestiones que están incluidas en esa normativa gigante que será enviada al Parlamento ni bien asuma el nuevo gobierno de la coalición multicolor. Fue un primer encuentro. Y fue para discutir cuestiones macro. No hubo demasiados espacios para tecnicismos, pero sí para abordar la filosofía y la política de esa ley ómnibus.
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Se habló de todo. En educación, estuvo sobre la mesa la posibilidad de sustituir a los consejos desconcentrados —que actualmente funcionan con un sistema colegiado integrado por dos representantes políticos y uno elegido por los docentes— por directores generales que focalicen esa función. Bianchi, exsecretaria del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hizo saber sus reparos: “Se están comprando problemas”, repitió, pero aclaró que si esto llega así al Parlamento “acatará” y “defenderá” la postura del gobierno.
En la reunión estuvieron presentes la vicepresidente electa, Beatriz Argimón, el prosecretario designado, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema.
Durante la discusión se habló de los cuestionamientos recibidos en la previa sobre el derecho a la huelga de los trabajadores. Varios de los legisladores plantearon que quede claro que lo que se pretende es prohibir las ocupaciones en los lugares de trabajo y no el derecho de huelga.
El exintendente de Cerro Largo y senador electo, Sergio Botana, fue uno de los más activos en el debate. Cuestionó algunos de los artículos referidos a la seguridad. Específicamente se refirió al artículo 78, que habla sobre la organización de los espectáculos públicos. Botana planteó que las exigencias en seguridad, tal como están redactadas hoy, hacen peligrar a los pequeños emprendimientos, pues les es imposible acceder a la operativa que se les reclama.
También se detuvo en la ley de derribos a los aeronaves que trafican drogas. Ahí su reclamo fue concreto: “Cuidemos al presidente”. Y pidió en ese sentido que la responsabilidad de dar la orden del derribo no recaiga en el mandatario, sino en el ministro de Defensa. “‘Que ese sea el fusible que salte”, sugirió, en caso de errores.
Botana también hizo aportes sobre la regla de ajuste fiscal prevista por Economía y propuso que se base en una regla estructural del crecimiento del gasto corriente.
El diputado por Maldonado, Diego Echeverría, advirtió que el artículo 25 del anteproyecto, que limita los casos que aplican para los juicios abreviados, puede provocar una saturación del sistema judicial. También pidió que en el artículo 69, que excluye a una serie de delitos de la posibilidad de acceder al régimen de salidas transitorias, se incorporen los delitos sexuales. Y alertó sobre una posible inconstitucionalidad del artículo 42, que permite llevar testigos a dependencias policiales aun cuando estos se nieguen.
Pequeñas y medianas empresas
Durante la discusión se habló de los artículos relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí quien llevó la voz cantante fue el diputado Alfonso Lereté. Manifestó preocupación porque algunos de los contenidos en los artículos 185, 186 y 187 (que buscan promover facilidades al sector) no terminen derivando en costos adicionales. Ejemplificó con la eventualidad de tener que contratar a profesionales para la presentación de las declaraciones juradas exigidas en las normas. Además, planteó agregar en el anteproyecto un artículo que modifique el importe mínimo que se exige a las empresas para unirse a la facturación electrónica.
