No superan el 1,5% del total de población atendida por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), pero la necesidad de buscar soluciones a los menores en conflicto con la ley llevó a que en el último año al menos el 20% de las inversiones y del personal del organismo fuera destinado a su atención.
Según consta en la Memoria 2012 del INAU, el año pasado el organismo llegó a atender a 74.550 personas (2% más que el año anterior), una cifra récord para las autoridades. El 64% de esa población son niños de entre 0 y 5 años, 19% tienen entre 6 y 12 años, 14% entre 13 y 17 y el 3% tiene 18 o más años pero siguen siendo asistidos por el INAU.
En ese período de tiempo, el organismo atendió a 1.129 adolescentes infractores (1,5% del total de la población bajo su cargo). De este número, 510 estuvieron privados de libertad en algún centro de reclusión y 619 cumplieron medidas alternativas. Es decir que la cantidad de menores presos no supera el 0,5% de la población total atendida por el INAU.
En la memoria se destaca el incremento del número de funcionarios para la atención de los adolescentes privados de libertad y de los que tienen medidas alternativas.
De hecho, en el informe se relata que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) es la división que más funcionarios tiene en la actualidad: 1.103 personas. Esto representa aproximadamente el 20% del total de funcionarios del organismo.
El Sirpa es la división que se llevó la mayor cantidad de ingresos de funcionarios. Según el documento, en 2012 se designaron 709 funcionarios en el INAU de los que el 42% fue destinado al Sirpa, el 30% fue a los servicios dependientes de las Direcciones Departamentales y el 28% restante a servicios en Montevideo.
Consultado por Búsqueda, el director del INAU, Jorge Ferrando, destacó el número de ingresos, en especial de educadores, para destinarlos al Sirpa y mejorar la atención de los adolescentes.
Por su parte, el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, explicó que el ingreso de funcionarios se completó recién sobre fin de año y añadió que no todos están vinculados a la atención directa de los menores. De todas formas dijo que se tiene un “número adecuado” de trabajadores designados a la atención de adolescentes infractores de la ley.
“El problema es que en cada uno de los servicios tenemos más gurises de los que realmente deberíamos tener. La infraestructura da para 320, siendo generosos, y hoy ya tenemos más de 500. La situación es preocupante, hay complicaciones porque los servicios están saturados y las construcciones demoradas”, comentó a Búsqueda.
El domingo 3, el diario “El País” informó que en enero se produjo un récord de adolescentes internados, más de 500. El 50% de los internos son primarios y la mayoría cometió rapiñas.
Las autoridades esperan que con el fin de la feria judicial, los jueces comiencen a dictar medidas alternativas a la prisión para esos menores, lo que permitirá descongestionar los centros de reclusión.
Asimismo, tienen en vista que en el correr de los próximos meses comiencen a estar habitables nuevos lugares de reclusión como La Tablada, mientras se construyen otros centros para aumentar la capacidad de atención.
El Sirpa tiene 18 centros de reclusión: 8 en la Colonia Berro y 10 en Montevideo.
En el 2012 se realizaron inversiones en refacciones y ampliaciones de esos centros de privación de libertad por unos $23 millones. El total de inversiones del INAU ese año fue de $113 millones.
“Es de destacar que en el presente ejercicio se redujeron significativamente las salidas no autorizadas de los diferentes servicios como consecuencia de un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer el sistema de atención en todas sus dimensiones. En efecto el ingreso de nuevo personal, la capacitación de los funcionarios, las mejoras en la infraestructura, aún insuficientes, y el desarrollo sostenido de actividades socio-educativas, han hecho una importante contribución al efectivo cumplimiento de las medidas dispuestas por el Poder Judicial”, se dice en el informe.
En el documento se destacan los acuerdos con 11 empresas privadas y dos públicas para capacitar e insertar laboralmente a los adolescentes. En total hay 140 lugares de inserción laboral disponibles, se indica en el informe.
En materia educativa, se rindieron 234 exámenes de Secundaria por parte de menores privados de libertad. También se dictaron tres módulos de albañilería de 160 horas cada uno. Entre los adolescentes con medidas alternativas, el 70% cursó enseñanza primaria en centros formales, 20% en áreas pedagógicas y un 10% concurrió a algún curso de enseñanza secundaria.
Las autoridades invirtieron en la capacitación de 67 funcionarios en reglamentación y formas de trabajo, mientras que 40 participaron en el curso “Modelos y prácticas socio-educativas en medio libre para adolescentes que han infringido la Ley Penal”.
En el documento se destaca la firma de un acuerdo internacional con la Unión Europea para recibir apoyo en la reforma del sistema de Justicia penal y la mejora de las condiciones de vida de las personas presas. El convenio incluye financiación para un programa de inserción social de vida y comunitaria para jóvenes en riesgo.
Apoyo económico.
En el informe se destaca que continúa creciendo la cobertura a través de los centros CAIF, destinados a la atención de niños y sus familias. En la actualidad la población que participa en el sistema es de 45.204 niños, 713 más que en 2011, distribuidos en 339 centros.
Según se detalla en la memoria hay 30 consultas diarias que llegan a través de la “línea azul”, que solicitan información, orientación o intervenciones del INAU en casos urgentes, en especial de violencia.
En 2012, se aceptaron 590 de 780 solicitudes de apoyo socioeconómico, por un monto total de $8.459.083. Los pedidos apuntaron a mejorar la calidad de vida, obtener apoyo para comprar electrodomésticos, ropa, mobiliario, realizar cursos, demandas de vivienda (alquileres, pensiones, materiales de construcción), cuidados y salud.
