En estos días el presidente de la República, a través del ministro de Defensa Nacional, ha hecho saber su preocupación por la prisión del ciudadano Leonardo Vidal, de 69 años, oriundo de Cerro Largo, con domicilio en el asentamiento Los Reyes, quien siendo un soldado de veintiún años en 1972, arriesgando su vida en la guerra declarada por las autoridades democráticas y dando estricto cumplimiento a la orden del superior a cargo de una operación nocturna contra locales del enemigo, abatió por el fuego a uno de ellos que se fugaba.
Si se hubiera negado a dar cumplimiento a la orden, habría sido condenado por la misma Justicia militar competente, que entonces lo absolvió, por el delito de desobediencia, agravado por estado de guerra y en presencia del enemigo.
Pero no es el propósito de esta carta ilustrar sobre las distintas y varias aberraciones del caso, a todas luces evidentes, ni de tantos otros ya denunciados por prestigiosos juristas, sino informar por su intermedio que el Foro Libertad y Concordia, que defiende a los perseguidos y prisioneros políticos por la lucha contra la sedición, cumplió con su deber, advirtiendo en su momento al entonces candidato a presidente, sobre estos atropellos al Estado de derecho, la verdad y la justicia.
El 10 de julio de 2017, el entonces senador y candidato Luis Lacalle Pou, organizó una reunión en la Casa del Partido Nacional junto a otros legisladores de su sector, para escuchar distintas ponencias y preguntas por parte de militares retirados.
El Foro Libertad y Concordia presentó el siguiente documento, que fuera expuesto en la oportunidad por el suscrito:
Hace unos días se escribió en el quincenario nacionalista La Democracia:
Hoy asistimos a una estigmatización de la institución Fuerzas Armadas esa es la realidad, por eso esta situación nos recuerda palabras del Dr. Luis Alberto de Herrera: Somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, sino de la nuestra.
Patria que las Fuerzas Armadas defendieron en la pasada guerra contrarrevolucionaria con el enorme esfuerzo, la sangre y la vida de sus integrantes, actuando además en concordancia con el espíritu humanista que le imbuyeron el general Artigas y la tradición democrática del país; espíritu gracias al cual, y en el marco de la Justicia militar, las bajas enemigas fueron mínimas, considerando el tipo de conflicto lanzado por la subversión marxista.
Hoy como entonces, las patrias de la América hispánica y la nuestra en particular, son objeto de un ataque a la soberanía nacional y a la institucionalidad democrática, por una acción conjunta entre centros de poder supranacionales, el Foro de San Pablo y las izquierdas populistas locales.
Una de sus manifestaciones es la contumaz persecución de los militares que defendieron al Estado en la guerra interna de hace ya medio siglo por parte de la Justicia ordinaria, como si fueran delincuentes comunes que hubieran actuado por su cuenta.
Esta acción confluye en la imposición de una memoria o relato ficticio en el imaginario social, que a la vez de legitimar a los entonces delincuentes de lesa nación y sus compañeros de ruta, construyendo poder electoral por hegemonía cultural, coadyuva también con el propósito de la progresiva eliminación del factor militar del poder nacional.
Para ello, y con el mismo objeto de debilitar la institucionalidad democrática y de vivir del negocio de los derechos humanos, como denunció hace poco el antropólogo López Mazz, se han llevado por delante el pronunciamiento del cuerpo electoral, que en ejercicio directo de la soberanía ratificó en dos oportunidades la ley de caducidad, la cual es de amnistía según dictamen de la Suprema Corte en 1988.
Acto soberano que, como expresa el constitucionalista Dr. Gonzalo Aguirre, no hay forma legal de revocarlo, interpretarlo, derogarlo y menos anularlo; aunque acá se haga posible (Ley 18.831), bajo el concepto de que los derechos humanos no se plebiscitan, o que las mayorías a veces se equivocan.
Asimismo han arrasado con las garantías constitucionales del Estado de derecho democrático, tales como: el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, la prescripción de los delitos, el respeto a la cosa juzgada, el principio de inocencia, etcétera.
Además de invertir la carga de la prueba, se procesa sin pruebas y en base a una historia manipulada, la cual no les funcionó en el reciente juicio en Roma que absolvió a los camaradas que acá hace once años que están prisioneros. A su vez siempre se tipifican como delitos especialmente agravados y se califica como peligrosos a ancianos que son abuelos de familia, para poder encarcelarlos en cadena perpetua.
Los últimos dos oficiales procesados con prisión lo han sido, uno por privaciones de libertad a sediciosos en plena democracia y guerra interna, y otro por el hecho de hacer un acta como juez sumariante del sistema legal actuante.
Como último hecho político, se aprobó en la Cámara de Senadores y con votos de todos los partidos, la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985, para que, como dijo el fiscal de Corte en el programa Código País el 22 de octubre de 2015: “Acá hay una carrera contra el tiempo, las víctimas y los victimarios se están muriendo”. O sea, hay que apurarse a meter presos a los militares antes de que se mueran. Además, con el gran agravante de que su nombre acepta la tipificación de lesa humanidad, lo que va a ser usado para que sean delitos imprescriptibles sine die, pese a que el Tratado de Roma, que es del año 2006, especifica que el mismo no se aplica con retroactividad.
En orden a lo expuesto, la pregunta es si usted considera que tiene suficiente información y cabal conocimiento de este asunto y de las personas prisioneras, y si como hombre de derecho y como líder político candidato a la presidencia, tiene opinión formada sobre la gravedad institucional, histórica y moral del mismo”.
Hasta aquí el documento en poder del señor presidente desde entonces. Por razones de espacio no nos extendemos en las consideraciones hechas en la oportunidad por Lacalle, Penadés, Heber y Gloria Rodríguez.
La declaración del Observatorio Luz Ibarburu, respecto al efecto que esto debe tener sobre el Ejército en próximas operaciones, desnuda la verdadera intención de los bien pagados por el supercapitalista George Soros, que obviamente no son la verdad ni la justicia.
La culpa no es de la gota que derramó el vaso, sino de los que se quedaron mirando cómo se llenaba y no hicieron nada.
Por el Foro Libertad y Concordia
Coronel José Carlos Araújo
CI 1.273.330-6
