Los negocios entre “grandes jugadores” sobresalen entre las operaciones en el mercado de campos

Una es la reciente venta de miles de hectáreas de Montes del Plata al fondo de inversión norteamericano GMO Renewable Resources y la compra de 12.500 hectáreas en Cerro Largo por parte del empresario brasileño Ernesto Correa a una firma procedente de Brasil, señalaron.

A fines de 2012 la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) vendió sus tierras en Uruguay al fondo de inversión de Estados Unidos Harvard Equities, que opera en el país a través de Forestal Atlántico Sur. Ese negocio comprendió la transacción de 27.780 hectáreas e instalaciones para aserrado de madera por U$S 77,3 millones, según informó ENCE en su momento.

El mercado de tierras incorporó en 2011 cambios tributarios promovidos por el gobierno (con la creación del Impuesto a la Concentración de inmuebles Rurales, en proceso de derogación tras ser declarado inconstitucional pero que prevé ser sustituido mediante una modificación del Impuesto al Patrimonio), al mismo tiempo que en ámbitos oficiales se discuten alternativas para restringir la adquisición de campos por parte de inversores foráneos.

Fuera de estos grandes negocios puntuales, el mercado de campos registra cada año transacciones de predios de menores extensiones. De hecho, en los últimos años la mitad de la superficie vendida correspondió a predios de hasta 500 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media del país), según registros de la Dirección de Estadística Agropecuaria. 

Los datos más recientemente publicados por esa oficina del Ministerio de Ganadería indican que en el primer semestre de 2012 prácticamente se mantuvo esa tendencia, ya que los negocios de campos con una extensión menor a 500 hectáreas  abarcó 47%  del total de hectáreas vendidas.

Intervención estatal.

La ley 11.029 y otras normas establecen que “antes de vender un campo con una extensión igual o superior a 500 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media), todo propietario está obligado a ofrecerlo en primer término” al Instituto Nacional de Colonización (INC), que “tendrá la preferencia en la compra por igual valor y plazo de pago”.

Considerando que en varios departamentos del país, principalmente los ubicados en el sur, la mayoría de los predios son chicos o medianos y por lo tanto, quedan fuera del alcance de esa disposición legal, unas 40 gremiales de productores de Canelones —que integran la mesa de desarrollo rural de ese departamento, y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que representa unas 100 sociedades de productores— plantearon al gobierno que se baje ese umbral.

“El perfil de las chacras en Canelones, San José y en Montevideo rural es de 10 hectáreas y algunas más, entonces quedan fuera de la posibilidad de que el Estado, mediante el INC, pueda intervenir en el mercado”, dijo a Búsqueda el titular de la CNFR, Mario Buzzalino.

Explicó que si Colonización puede optar por la compra de esos campos se genera una alternativa de solución para radicar a los productores en las tierras. Ese instituto dispone de una cartera de predios que arrienda a familias de productores y les cobra un canon por explotarlos.

Durante una reunión con el presidente José Mujica realizada el pasado 5 de marzo en la Torre Ejecutiva, la directiva de esa gremial pidió al Poder Ejecutivo que impulse una modificación legislativa para el logro de ese objetivo. El mandatario “manifestó estar de acuerdo” con esa iniciativa, dijo Buzzalino. 

Consideró necesario “adecuar la normativa al promedio de hectáreas de los predios de cada departamento, como por ejemplo en algunas áreas de Paysandú, Salto o Tacuarembó” donde “existen unidades ganaderas de 8 o 10 hectáreas”.

“En Canelones muchas tierras salieron de la producción agropecuaria para ser utilizadas en sectores de logística e industrias, y hay un desmantelamiento del aparato productivo y no hay mano de obra especializada para trabajar en la granja”, se lamentó.

Paralelamente, ese productor indicó que “en Canelones hay agricultores plantando soja en predios de 3 hectáreas”. “Alguien podría pensar que nadie va a mover maquinarias para trabajar esa cantidad de tierra, pero si uno tiene tres hectáreas, otro cinco, y algunos 15 entonces se justifica el traslado de maquinaria agrícola para las labores” de siembra y cosecha, dijo.

Aclaró que la CNFR no está en contra de la producción de soja sino que “cuestiona el modelo concentrador que implica esa actividad y los riesgos que supone para el cuidado del suelo y la contaminación ambiental por el uso de agroquímicos”.

En cuanto a la idea de darle mayor alcance a Colonización en cuanto a la posibilidad de optar por la compra de campos de menos de 500 hectáreas, el directorio de ese ente estatal comunicó el 18 de marzo al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, la decisión de “apoyar una iniciativa legislativa en tal sentido, sólo para el caso de los departamentos de Montevideo y Canelones”, según consta en la nota a la que accedió Búsqueda.

Este tema también fue analizado el pasado 21 de marzo en el encuentro de la sección nacional del grupo tierra que participa de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del Mercosur, comentaron a Búsqueda participantes en esa actividad. 

Dijeron que otros planteos discutidos en esa instancia fue que el INC pueda tener preferencia en la compra de predios que cuenten con viviendas construidas por Mevir, que es un organismo público bajo derecho privado.