Los pesos uruguayos registran baja falsificación

En Uruguay los casos de falsificación de moneda no son tan sonados ni frecuentes, aunque el delito existe. En promedio, los billetes apócrifos detectados cada mes son menos de tres cada millón en circulación, según datos pedidos por Búsqueda al Banco Central (BCU). Esa proporción es baja si se compara con Australia (16 cada millón de billetes), Canadá (29), México (98) y Reino Unido (230), además de la zona euro (46).

Cualquier persona física que se encuentre ante un billete de dudosa autenticidad o el mismo le sea rechazado para efectuar un pago, debe entregarlo a una institución financiera. La entidad lo debe retener y enviar al BCU, que le hace una pericia. Si se determina que el papel moneda es falso, el Central lo remite a la Policía Científica y luego, previa autorización judicial, regresa a la autoridad monetaria para su destrucción.

Según un análisis elaborado por el Banco de la Reserva de Australia, las pérdidas derivadas del fraude por la falsificación pueden ser significativas para algunos agentes en la economía, en especial los hogares de menores ingresos porque son los que usan el efectivo más que otros instrumentos de pago. Y para los negocios con menores márgenes de ganancia, es posible que la pérdida por recibir dinero falso exceda sus ganancias cotidianas.

En Uruguay periódicamente se incorporan nuevas medidas de seguridad a los billetes, de acuerdo con los avances tecnológicos. Asimismo, el BCU dicta talleres informativos dirigidos a cajeros de comercios y grupos de escolares.

“Dineral”.

Por comodidad, seguridad y costos, la tendencia a nivel mundial es ir sustituyendo los billetes y monedas por pagos con instrumentos electrónicos. A su ritmo, Uruguay está siendo parte de esa oleada, un proceso que, como ocurrió con el paso del trueque al uso del dinero, puede revolucionar el sistema económico. Esa visión fue planteada el jueves 17 ante la comisión de Hacienda del Senado por Martín Vallcorba, quien coordina desde el Ministerio de Economía un plan que se viene ejecutando gradualmente para estimular la sustitución del dinero físico por tarjetas de débito o crédito, u otras modalidades de pago electrónico. La base de dicha iniciativa es la llamada ley de inclusión financiera aprobada a fines de 2014.

Vallcorba fue al Parlamento para explicar el alcance de un proyecto de ley que instaura un régimen transitorio para fomentar la aceptación de pagos con medios electrónicos entre los pequeños comercios y monotributistas. El “principal costo que opera” para ellos es el de la formalidad, explicó a los legisladores.

La cantidad de aparatos que permiten registrar las transacciones con tarjetas —conocidos con la sigla POS— pasó de 13.157 a fines de 2011 a 45.488 hacia fines de 2015, aunque el año pasado solo 12% de los pequeños comercios o monotributistas aceptó medios electrónicos como forma de pago, según los datos que aportó en su comparecencia. “(…) Deberíamos aspirar a que no menos de la mitad de los comercios estén incorporados al sistema”, sostuvo.

El asesor ministerial defendió el plan del gobierno. “¿Por qué a la sociedad le conviene que se utilicen los medios electrónicos en sustitución del uso del efectivo? Porque esto último es extremadamente costoso. Mover dinero de Montevideo a Artigas o viceversa sale un dineral. Procesar los cheques —por más que sea modernizado el sistema, porque hoy tenemos un montón de aspectos que han mejorado la operativa—, que es un instrumento físico, es extremadamente costoso respecto a procesar una transferencia electrónica o una transacción electrónica en general”, reseñó. Y agregó: “Nadie de nosotros paga un costo por usar el efectivo, pero la sociedad en su conjunto asume un costo que lo terminamos pagando todos”.

Esta semana el Poder Ejecutivo anunció la intención de limitar el pago con billetes y monedas en estaciones de servicio y taxímetros, luego de varios robos violentos. Ya hay legislación vigente que apunta en esa dirección: el artículo 739 del Presupuesto 2016-2019 facultó al Poder Ejecutivo a “habilitar, a solicitud de parte, a que los establecimientos que enajenen bienes o presten servicios puedan restringir la aceptación del efectivo para el cobro de tales operaciones, a efectos de proteger la integridad física” de sus trabajadores y clientes.