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En el transcurso de la emergencia sanitaria por el Covid-19, muchas oficinas públicas ajustaron su funcionamiento para atender menos días al público, restringieron sus horarios o pasaron al teletrabajo para bajar la movilidad de la gente y el ritmo de los contagios. En el caso de la Dirección General de Registros (DGR) —donde se inscriben compraventas inmobiliarias, de automotores, embargos, hipotecas, actos societarios y demás—, permaneció abierta, cumpliendo los protocolos sanitarios y trabajando con equipos reducidos de funcionarios, organizados en “burbujas” para asegurar la continuidad del servicio.
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Si bien la dinámica comercial se enlenteció como derivación del problema sanitario, en los últimos meses se acumuló un “atraso brutal” en la tramitación de los distintos actos porque “no dan abasto” con la cantidad de funcionarios y vienen “tapando incendios”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Diego Stirling.
Por su parte, la directora general de Registros, Daniella Pena, señaló a Búsqueda que ya había informado al MEC sobre lo que a su juicio es la “peor crisis” que atraviesa la repartición en cuanto a los recursos humanos y financieros. “Hemos perdido una cantidad impresionante de funcionarios. En 2006 éramos 600 y hoy hay 295”, contó.
Pena explicó que a pesar de la digitalización que en los últimos años se ha ido incorporando al ingreso de documentación y pedidos de información de forma electrónica, el número de personal es insuficiente por la “multiplicidad de negocios y la complejización de figuras jurídicas y controles fiscales” diversos que realiza la DGR.
“Asumí en marzo (del 2020) con esta realidad. El registro de Flores tiene solo un escribano que hace todo; en Rivera el director pidió la baja (…). Tuvimos que empezar a tapar parches, y el organismo no está avanzado en tecnología, lo que es clave”, agregó.
Negocios frustrados
El cuello de embudo en el estudio, calificación y entrega de la documentación hizo caer algunos negocios inmobiliarios puntuales y la preocupación fue trasladada a las autoridades de la DGR, así como del Ministerio de Economía y hasta el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante una reunión que la Asociación de Promotores Privados de la Construcción mantuvo con el mandatario semanas atrás.
Recientemente, el director ejecutivo de esa gremial, Aníbal Durán, aludió a la problemática. “Me consta de negocios que se han frustrado, como una compraventa de un terreno o de una vivienda pasible de ser demolida por la demora que existe en los registros públicos en el estudio de los documentos. Ni el promotor ni el vendedor de una casa pueden esperar tanto tiempo para que venga el feed back a un compromiso de compraventa presentado”, señaló en una columna titulada Negocios en la cornisa, publicada el domingo 25 en el suplemento de avisos inmobiliarios de El País.
Refuerzo de funcionarios
Pena informó que están buscando soluciones en diálogo con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y “evaluando alternativas” para reforzar la dotación de recursos humanos de su repartición. Con eso se busca “estabilizar” la situación y lograr “plazos razonables que satisfagan las necesidades y dinamizar el mundo de los negocios y proyectos de inversión que hoy se ven afectados”.
Mencionó la posibilidad de generar las condiciones para el ingreso de unos 50 funcionarios —entre técnicos y administrativos— a nivel del país (en total hay 21 oficinas de registro). Una segunda alternativa es la posibilidad de “reforzar” la DGR con escribanos de otros organismos públicos. La jerarca indicó que eso sería un “paliativo” para dar una respuesta “rápida”, y no implica una “solución definitiva”.
Esta semana y la próxima, la Asociación de Escribanos —en el marco de un convenio que tiene con la DGR— está colaborando en la entrega de 2.500 documentos con agremiados que realizan la tarea de forma presencial y por agenda para no provocar aglomeraciones, dijo Stirling.
El principal cuello de botella se genera en Montevideo, por el mayor volumen de actividad que concentra, explicó Pena.
Acudiendo a gráficas, contó que en marzo de 2019 la DGR contaba con 385 funcionarios y se ingresaron 21.000 documentos, y que en el mismo mes de 2020 —con el impacto de la epidemia y menos días hábiles— entraron 14.000. Mientras, en marzo pasado, con 294 funcionarios, se recepcionaron 27.500 trámites.
Pena consideró que es vital el ingreso de personal porque los actuales “están muy presionados, con muchas tareas y recargados”, también por la necesidad de trabajar en equipos chicos y en “burbujas” para mantener sin afectación los distintos servicios.
Otro ejemplo de la problemática que existe en la DGR se relaciona con el Registro de Personas Jurídicas, uno de los “más comprometidos” por la carencia de funcionarios. La directora explicó que hay un atraso en la inscripción de las sociedades comerciales por acciones simplificadas (SAS) cuya ley estableció cinco días de plazo para su calificación, desconociendo la realidad del funcionamiento registral.
DGR digital
En el mediano plazo, la jerarca se refirió a la necesidad de capacitación de los registrales para elaborar manuales de calificación; de formar una Dirección de Auditoría Registral que realice inspecciones periódicas en las distintas sedes; y de unificar procesos de inscripción así como de incorporar herramientas tecnológicas que permitan realizar el seguimiento del documento en cada una de sus etapas permitiendo la “trazabilidad”.
Para Pena, la DGR tiene un “potencial enorme” para desarrollar otro tipo de productos con información y datos estadísticos.
Hacia el 2023 y 2024 se propone incorporar la “comunicación telemática segura” de documentos como respuesta a las transformaciones globales y avanzar hacia una “DGR digital”.
El proyecto consiste en ofrecer una “plataforma tecnológica que permita la inscripción electrónica de documentos en todas las sedes registrales y también avanzar en el envío del documento que se pretende inscribir mediante un soporte notarial electrónico.
