En ese tiempo, la matrícula pasó de unos 600 alumnos de grado a más de 22.000, y los ingresos crecen desde el 2002 a la fecha, según el Anuario Estadístico 2010 del MEC. En cuanto al nivel de egresos en carreras de grado, ese año 1.233 estudiantes terminaron su carrera, mientras que ingresaron 4.130 personas. En términos porcentuales, eso implica que los privados tienen un 17% de los ingresos anuales del sector y un 13,8 % de la matrícula.
La Universidad de la República es lejos la institución con más estudiantes, con 112.891 alumnos en 2010. Su masa estudiantil sigue creciendo; solo en 2010 registró 19.647 ingresos. Ese mismo año egresaron 4.784 estudiantes.
Si bien se registra un “incremento constante del volumen de aspirantes” en el sector privado, lo cierto es que su participación en el total dista mucho del promedio regional de 49%, según cálculos de especialistas.
La diferencia entre la Universidad estatal y las privadas se reduce a nivel de posgrados. En 2010 la institución pública tuvo 1.442 ingresos frente a 739 egresos, mientras que las privadas tuvieron 1.318 ingresos y 467 egresos.
Corset.
El decreto 308 aprobado en 1995 creó el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de un organismo asesor del ministro integrado por ocho miembros: tres representantes de la Universidad de la República, dos del MEC, uno de la ANEP y dos de las universidades privadas.
Las instituciones universitarias privadas deben solicitar autorización al MEC para cualquier modificación que quieran aplicar en el área educativa, desde crear una nueva carrera a cambiar un docente. La Universidad estatal, ley orgánica mediante, dispone de autonomía y tiene sus propios sistemas de autorregulación.
Desde su nacimiento, la integración y las decisiones del Consejo Consultivo han suscitado duras polémicas y enfrentamientos (ver recuadro).
Para el rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, la transformación del sistema universitario ha sido “lo más importante que ha pasado en educación en el último cuarto del siglo XX”.
“Es una revolución silenciosa, pero ha sido el único cambio radical que modificó la matriz de la educación en el país, el resto han sido graduales”, dijo a Búsqueda. El ingreso del sector privado “le aportó al sistema una visión distinta de lo que era hacer educación superior” mediante la “innovación” educativa. Según el rector, “sin la diversificación del sistema universitario hubiera sido imposible que el sistema absorbiera” el aumento de la demanda por acceder a formación terciaria.
En cuanto al relacionamiento con el sector estatal, Casarotti dijo que “es un problema serio del Uruguay” el hecho de que existe “una regulación del sector estatal sobre el privado” en vez de que el gobierno “asegure la calidad de todo el sistema terciario”.
“Es una pena que Uruguay no haya desarrollado aún una agencia de acreditación” que establezca “estándares de calidad públicos abiertos y transparentes” al cual las instituciones privadas y públicas se sometan “por igual”, añadió.
“La visión unitaria del sistema universitario es clave para el desarrollo del país. Hoy tenemos la dificultad grande en Uruguay de no ver la realidad, de que por problemas ideológicos se ve a la universidad como si fuera lo mismo de siempre cuando la matriz es muy diferente a la que era hace 27 años”, opinó. Casarotti dijo que si bien el relacionamiento es bueno, los privados “están absolutamente regulados” por el MEC “y en forma preceptiva también por uno de los actores, como es la Universidad de la República”.
“Desde el MEC se regula encorsetando y rigidizando. Es difícil innovar en la estructura curricular de las carreras porque la burocracia estatal se ha hecho muy compleja”, cuestionó.
Para Julio Fernández, decano de Desarrollo Académico de la Universidad ORT, la relación entre ambos sectores es positiva. “Existe un buen diálogo y una mayor profesionalidad en la gestión del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura. Hemos observado que hay apertura para resolver las discrepancias mediante el diálogo”.
Fernández dijo a Búsqueda que el sistema privado le aportó a la educación terciaria “diversidad de filosofías educativas, de metodologías de enseñanza, y de disciplinas ofrecidas” y que “es posible que el desafío de múltiples universidades en el país haya contribuido a la mejora de todo el sistema universitario”.
Para el académico, “muchas cosas pasaron” desde que se aprobó el decreto regulatorio hace 17 años, por lo que “las instituciones tendrían que ir ganando autonomía a medida que el tiempo transcurre y van demostrando su desempeño, tal como ocurre en otros sistemas universitarios”.
“En algún momento a lo largo de su trayectoria las instituciones de gestión privada deberían llegar a ser autónomas, por lo menos para el ajuste de sus planes de estudio o incluso el lanzamiento de nuevas carreras”, dijo.
Diálogos y desconfianzas.
“La competencia siempre es buena porque genera una sana emulación”, dijo el decano de la Universidad de Montevideo, Santiago Pérez del Castillo, al ser consultado por Búsqueda.
El rector evaluó como “positivo” el intercambio con el sector público, donde los jerarcas del MEC “han tenido una actitud respetuosa con la libertad de enseñanza y firme cuando se trató de establecer resoluciones que no eran del agrado de algunas entidades”.
Para Pérez, “pudo haber una desconfianza original que se ha ido revirtiendo con el paso del tiempo y la comprobación del trabajo serio de las universidades privadas”. Sobre el Apacet dijo que la propuesta elaborada por el gobierno “no termina de convencer”, porque “incluye entre otras cosas un órgano de dirección donde son numerosos los designados por la Universidad de la República, que no deja de ser un par a estos efectos”.
Por su parte, el rector de la Universidad de la Empresa, Roberto Brezzo, dijo a Búsqueda que con la entrada de las universidades privadas al sistema “no se han producido ninguno de los supuestos peligros” que señalaban sus detractores. “Entre las principales contribuciones (de su ingreso) podemos señalar: mayor amplitud de opciones para la formación, diversidad en las propuestas educativas y fuerte relacionamiento con el sector productivo”.
Brezzo coincidió con sus colegas en cuanto a que existe “un relacionamiento muy bueno” con “fluidez en las comunicaciones” con las autoridades públicas. Sin embargo, dijo que es “imprescindible pasar de la primera etapa preñada de desconfianzas” a una nueva “donde se trabaje todos juntos” y con “bases claras”.
Para el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la evolución de la institución que dirige “ha estado influida fundamentalmente por otros factores (y no por la entrada de los privados): en lo externo sus relaciones con el sector público y con variados actores sociales, en lo interno los logros y las frustraciones en materia de mejoras y cambios”.
Consultado acerca de cómo afectó la aparición del sector privado, Arocena dijo que “en algunos casos ha generado polémicas y críticas hacia la Universidad pública; en otros ha posibilitado colaboraciones. Ojalá estas fueran más que aquellas”.
Arocena opinó que “hay espacio y necesidad de tener un verdadero Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública, constituido por varias instituciones terciarias y universitarias, todas ellas gratuitas, de libre acceso, autónomas, cogobernadas y estrechamente coordinadas entre sí”.
Sobre la intervención de representantes de la Universidad pública en todas las autorizaciones para las privadas, Arocena dijo que le parece bien “si lo hacen con nivel académico y corrección ética”.
Visión oficial.
Luis Garbaldi, director de Educación del MEC, opina que hoy públicos y privados “no están en una etapa de enfrentamiento”, pero “sí de tensiones y desconfianzas”.
“Pero —agregó— existe una aceptación general y mutua del papel que cumplen las instituciones universitarias públicas y privadas. Persisten desconfianzas, pero también hay ámbitos de trabajo conjunto y de sintonía, como es el de la acreditación regional. Quizás el desafío sea pasar de una etapa de aceptación con desconfianzas a una de colaboración y complementariedad”.
Consultado al respecto, el responsable del área de Educación Superior del MEC, Rony Corbo, dijo que hasta hace un año y medio el Ministerio “no contaba con los recursos técnicos ni económicos necesarios para hacer frente a lo que ha sido la enorme expansión del sector terciario privado”.
Sobre el tema de las demoras burocráticas para habilitar cambios a esas instituciones, dijo que “se redujeron los plazos” para la aprobación de carreras de tres a un año. Sostuvo que si bien está a favor de “la regulación del Estado del sistema privado”, también “es cierto que el sistema actual es excesivamente centralista” y que hay “muchas cosas que se podrían evitar”.
“Las instituciones (privadas) tienen que ganar espacios de autonomía en particular en el área administrativa. Si el proyecto de la Apacet no prospera en el Parlamento estoy a favor de modificar el decreto 308/995 para adaptarlo a los tiempos que corren”. Para Corbo “la división público-privado hoy está totalmente desdibujada” y es una “cuestión falsa”, porque la universidad estatal “no es competidora de las privadas en el Uruguay”, ya que tienen “una misión y valores diferentes”.
“Hay un sistema diversificado, habrá diferencias, pero se convive. En el CCETP se toman todas las decisiones por consenso. Esto habla de que estamos en otra etapa, otro estadio de funcionamiento; ya pasó la época de guerra frontal, ahora hay diálogo muy fluido”, agregó.
Versión técnica.
Para varios especialistas en educación terciaria la situación no es tan optimista. En su artículo “25 años de Educación Superior Privada en el Uruguay: una reforma en voz baja”, el doctor en Derecho y Ciencias Sociales y director del Programa en Estudios de Educación Superior de la Universidad Católica, Pablo Landoni, advierte que “el sistema universitario uruguayo es regulado de forma dual con estatutos completamente diferentes para la Universidad estatal y el subsistema privado”.
Según Landoni, “el papel dominante de la Universidad de la República en el conjunto del sistema ha influido para que el desarrollo del sector privado haya sido acotado”.
En su estudio, el investigador sostiene que el desarrollo de las universidades privadas tuvo dos fases diferenciadas. Entre 1995 y 2004 “se produjo una fase de expansión en la que se reconocieron tres nuevas universidades y más de una decena de institutos”. Mientras que desde el año 2005 “el crecimiento se desacelera, dado que en los últimos cinco años se reconocieron dos nuevos institutos”, pero “se revocaron los reconocimientos de dos de ellos”.
Este enlentecimiento del desarrollo privado se debe, según Landoni, a dinámicas de “regulación” e “isomorfismo coactivo” en el sector universitario a partir del 2005, que “cuestionan si la tendencia al crecimiento continuará en el futuro”.
“La coalición de izquierda triunfante (en 2005) asume los compromisos de aprobar una nueva ley de Educación”, la cual “no modificó la regulación en del sector universitario privado, aunque reforzó el protagonismo de la Universidad de la República en las políticas educativas”.
Debido a que la institución estatal impulsó a partir del 2005 “una regulación más estricta” en el sector privado, se dio una dinámica de “isomorfismo coactivo”: esto significa que las universidades e institutos tratan de no salirse del modelo estatal para evitar dificultades. Esta “adaptación al entorno”, “inhibió el crecimiento diferenciado” y provoca que el sistema terciario uruguayo tenga “niveles relativamente bajos de diversificación”, dijo Landoni.
“La normativa vigente —agregó— lleva a que las instituciones universitarias privadas se comporten con una excesiva cautela a la hora de introducir innovaciones y cambios sustantivos, puesto que corren el peligro de no ser aceptados dado que el modelo de referencia termina siendo la oferta de la universidad pública estatal”.
“Avance regulador”.
Por su parte, el investigador en Educación y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UDE, Claudio Rama, sostuvo en su libro “La nueva fase de la universidad privada en América Latina” que el CCETP fue siempre “objeto de conflictos” porque tenía representantes de la Universidad estatal que “promovían orientaciones” que no se aplicaban en la institución pública.
“Pero lo más significativo ha sido su evolución hacia mayores niveles de fiscalización y control sobre las universidades privadas, a través de ir reduciendo sus espacios de autonomía de gestión y por ende acotando su crecimiento”, cuestiona.
Este “avance regulador”, dice Rama, “se desarrollará fuertemente con el cambio político producido en el país en el 2005”.
A partir de allí el sistema se hace “más engorroso y lento” y el eje de las decisiones administrativas “se ha basado dominantemente en cuestiones ideológicas y de tribus académicas y fundamentalmente en una tensión entre lo público y lo privado”.
Una historia de enfrentamientos
Desde el surgimiento de la Universidad Católica en 1985, pero en particular desde la aprobación del decreto 308/995 del 11 de agosto de 1995, en el que se regulaban los criterios para el funcionamiento de las instituciones privadas de enseñanza terciaria, se sucedieron una serie de enfrentamientos entre la Universidad de la República, estas instituciones y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que recién hace pocos años se han ido suavizando.
A continuación resumimos algunos de los puntos clave en esa historia:
El 17 de agosto de 1995 Búsqueda informó que tras la promulgación del decreto (a principios del gobierno de Julio María Sanguinetti) la Universidad estatal emitió “severos cuestionamientos” mientras que las instituciones privadas brindaron su “total respaldo” a la decisión del gobierno (ver Nº 805).
El 31 de agosto, el ente estatal anunció que impugnaría el decreto mientras que desde el MEC el entonces director de Educación, Pablo Mieres, declaró que el gobierno “va a seguir trabajando en la línea que ha definido”. Esa misma semana, el decano de la Facultad de Humanidades, Carlos Zubillaga, dijo a Búsqueda que “la Universidad considera que su potestad ha sido sustraída” y recordó que el Consejo Directivo Central (CDC) estimó en 1991 que la “habilitación y contralor de instituciones de enseñanza superior privada es privativa” de la Universidad. “¿Por qué la habilitación y control en la enseñanza primaria y secundaria está en manos de la ANEP y la habilitación y control de la enseñanza superior privada se pretende que esté en manos del Poder Ejecutivo?”, agregó (ver Nº 807).
En 2001, la Universidad estatal volvió a cargar contra el sistema de habilitación y control de las instituciones privadas ejercido por el MEC. Sus representantes aseguraron que no estaba garantizada la calidad de la enseñanza (ver Nº 1.124).
El 12 agosto de ese año el entonces ministro de Educación, Antonio Mercader, emitió un nuevo decreto en el que se estableció que es “innecesaria” la opinion de la Universidad de la República para autorizar modificaciones en los estatutos de las privadas. El decreto fue duramente combatido desde el sector público y en diciembre de 2002 el nuevo ministro de Educación, Leonardo Guzmán, anunció que revisaría el decreto, lo que preocupó a las universidades privadas (ver Nº 1.183).
En octubre del 2001, el rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga, denunció una “situación de deterioro” en el control de las universidades privadas. El 6 de febrero del 2003, Guzmán y el presidente del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, Jorge Ares Pons, confirmaron a Búsqueda que se había llegado a un acuerdo para modificar el polémico decreto (ver Nº 1.188).
En 2004, las universidades privadas denunciaron un “marcado desequilibrio” y una “discriminación” en favor de la institución estatal en la integración de los órganos que determinarán los beneficiarios del Fondo Nacional de Investigadores (FNI) (ver Nº1.267).
En mayo del 2008 y luego de un largo proceso, la Administración Nacional de Educación Pública otorgó a la Universidad de Montevideo la habilitación de sus carreras de Profesorado. Con esa decisión, se quebró el monopolio del Instituto de Profesores Artigas vigente desde 1951.
En junio del 2008 comenzó la discusión para la creación de una agencia que controle la calidad de las universidades privadas (ver Nº1.461). Esa propuesta aún sigue en debate parlamentario y suscitó varias críticas del sector privado.
En febrero del 2010 el Ejecutivo cerró definitivamente el Instituto Universitario de Punta del Este tras encontrar “irregularidades muy serias” (ver Nº 1.549).
En setiembre del 2011 las universidades privadas cuestionaron una propuesta oficialista que estableció un tope a los fondos que reciben mediante donaciones (ver 1.629).
