Los sindicatos en la enseñanza

Aumentos del salario es lo que toda persona quiere. Lo normal es que lo soliciten aquellos que realizan bien sus tareas, que trabajan con responsabilidad, que concurren todos los días a trabajar cumpliendo los horarios y que son eficaces, confiables y eficientes. Está claro que los docentes del sistema de educación pública, como colectivo, no califican para  aumentos en sus retribuciones ya que todos los indicadores muestran que no están haciendo un buen trabajo. Es más: muestran que los niveles de conocimiento que adquieren sus estudiantes están decayendo. Justificaciones del deterioro hay muchas y no poca responsabilidad le corresponde a la ANEP y a la cultura nacional de las excusas para eximir de responsabilidades a todos, especialmente a los burócratas, pero al final, cuando un estudiante no aprende, la responsabilidad es de sus docentes. Es más, los uruguayos les hemos dado crédito a los docentes y les hemos aumentado sustancialmente las retribuciones confiando que realizarían mejor su trabajo y los estudiantes mejorarían sus niveles de aprendizaje. Fue un enorme error: los niveles de aprendizaje bajaron y aumentaron notablemente las repeticiones y las deserciones.

Por otro lado, destinar el 6% del PIB a los sistemas públicos de enseñanza no soluciona nada ya que sus problemas básicos son las organizaciones que la rigen y los criterios pedagógicos y de gestión actuales. Los importantes recursos que actualmente los uruguayos destinamos a la enseñanza pública hoy son simplemente despilfarrados tal como lo muestran los pésimos niveles de aprendizaje de los alumnos, las numerosísimas repeticiones y la increíble cantidad de desertores. Cuando el sistema sea reorganizado, los criterios pedagógicos y de gestión cambiados y mejorados, la administración sea racional y prudente y el plan de desarrollo lo requiera, sus administradores deberán solicitar, fundadamente, más recursos. No necesitarán de paros ni huelgas para obtenerlos.

La ofensiva que los dirigentes de los gremios de docentes han emprendido contra el liceo Jubilar y los otros liceos privados y gratuitos dedicados a atender a poblaciones muy carenciadas es un grosero ataque al derecho de los padres o tutores de elegir la educación de sus hijos y a la libertad de enseñanza, derechos reconocidos en la Constitución y en las declaraciones de Derechos Humanos de las que el Uruguay es signatario. Además de pretender que el Estado viole los derechos humanos de los jóvenes que en esos liceos estudian y el de sus padres o tutores que los han elegido para la educación de sus hijos, se trata también de declaraciones políticas y no gremiales.

Estos liceos, habilitados por el Consejo de Secundaria y bajo  su supervisión, cumplen con todas las normas que el Uruguay les ha impuesto a los institutos de enseñanza privados. Lo más importante es que son extraordinariamente exitosos, no solo por los buenos niveles de aprendizaje de sus alumnos y lo que muestran otros indicadores, sino también por la enorme aceptación de los padres o tutores que demandan sus servicios y por el gran impacto social que tienen en la zona en la que están instalados.

Una de las críticas que les han hecho a estos liceos es que seleccionan a sus alumnos como si esto no es lo que todos hacen, empezando por Secundaria que decide a qué liceo concurre cada alumno. Pero vale la pena mencionar que el liceo Jubilar pone dos condiciones para aceptar a sus alumnos: que sean del barrio y que no hayan repetido más de dos veces en Primaria. Esto último es en lo que algunos críticos ponen el acento sin atender ni considerar las razones pedagógicas en las que se basa esta condición. Lo curioso es que nadie plantea el problema real e importantísimo de que Primaria funciona en forma tan ineficiente y de que, a pesar del “pase social”, hay alumnos que repiten más de dos veces.

Primaria ha decaído a extremos que hasta no hace mucho tiempo eran impensables, particularmente en las escuelas de las zonas más carenciadas, de forma que porcentajes crecientes de sus alumnos no aprenden ni siquiera a leer y para peor lo oculta y hasta falsea los niveles de conocimiento de los alumnos en los informes oficiales, incluidos los que envía a UNESCO. A pesar de la tragedia que la ignorancia significa para la vida de esos niños, no he sentido a ningún dirigente de los gremios de docentes mencionar el problema ni hablar de plantear algún tipo de solución.

Los dirigentes de los gremios de docentes sostienen que ellos son los que saben lo que hay que hacer para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Es más, descalifican a los demás ciudadanos asegurando que no tienen la capacitación necesaria como para ocuparse de esos asuntos. La realidad muestra que ellos mismos ni siquiera están capacitados para mejorar los niveles de aprendizaje de sus alumnos en las materias que dictan, por lo que sus planteos suenan ridículos, aunque son patéticos por las nefastas consecuencias que han tenido y tienen. Quizás sea hora de que, con humildad, se autoanalicen, con honestidad identifiquen sus fallas como docentes y corrijan sus problemas de forma que sus próximos alumnos aprendan un poco más que los que han tenido hasta ahora. Esa es la contribución que les deben y su obligación.

La decadencia de la enseñanza es la mayor tragedia de la historia nacional porque sepulta a las nuevas generaciones en la pobreza por lo que requiere de todos un abordaje serio y urgente. Los dirigentes de los gremios de docentes deberían participar honestamente en la búsqueda en serio de soluciones, para lo que deben empezar por abandonar la soberbia de creerse que son los que saben del tema y mejorar su trabajo diario con sus alumnos. No lo harán; sólo les interesa cobrar más e incrementar su poder. De cumplir con sus obligaciones, nada.

¿Qué harán las autoridades? Y más importante aún: ¿seguirán los uruguayos aceptando que los docentes no asuman sus obligaciones? 

Arq. Juan Andrés Sienra

CI 998.166-3

Punta del Este (Maldonado)