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Me refiero a su editorial del último número —Los uruguayos y los impuestos—, en el cual se congratula de que, de acuerdo a una encuesta, los uruguayos consideran un deber pagar impuestos.
Hay otras formas de evasión que son habituales y que no se toman en cuenta. La informalidad es la más común en sus varias manifestaciones. El contrabando, incluyendo el hormiga, que, si sumamos, es tan grande como el organizado. Históricamente su combate ha tenido poco éxito porque, en gran parte, hay una cultura permisiva respecto al contrabando. Claro, cuando Coca-Cola denunció que el ingreso de productos desde Brasil la perjudicaba y se vería en la necesidad de enviar personal al seguro de paro, se dejaron de ver las fundas por las ferias.
También hay canales de microcontrabando familiar difíciles de perseguir. Casos como el de las señoras que viajan a España e Italia y a Miami para traer ropa de los outlets donde compran los saldos que quedaron del fin de la temporada del hemisferio norte para la que comienza en nuestro hemisferio. Atienden desde el domicilio o inmueble alquilado como vivienda y la clientela se consigue por el boca a boca. Y ni hablar de la oleada de turismo de compras desde hace unos años a Argentina —que hay que apurarse porque está por terminar—.
Continuemos con la construcción, sobre todo, fuera de Montevideo. Recuerdo que se hizo un muestreo en Canelones con Google Maps que mostraba una gran diferencia con los planes catastrales. Se da mucho con viviendas construidas con plan económico que luego son ampliadas y mejoradas sin registrarse estas modificaciones.
Algo parecido pasó con los edificios del Plan de Viviendas, que se hacía de acuerdo al reglamento y luego de ocupados los propietarios mejoraban las unidades, por ejemplo, poniendo parquet en los pisos, cambiando los artefactos de cocina y baños, etc.; hasta quitaban del frente la placa amarilla que indicaba que se construyó con el Plan de Vivienda.
Podríamos seguir con otras como los lavaderos de autos que han pululado, que lavan en la calle y usan agua a precio de casa habitación, los tragamonedas en los boliches (¿cómo llegaron, cómo los dejaron difundir?), pero con las que mencioné alcanza.
Combatir la informalidad es una tarea ingrata porque puede tener repercusiones sociales penosas al tener que aplicar las normas. Además, reprimirla tiene riesgos electorales que no sé si nuestros políticos están dispuestos a asumir.
