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En los últimos años, las zonas francas operativas en Uruguay crecieron en número y en actividad desarrollada —libres de impuestos nacionales— dentro de sus predios, algunos cercados por alambrados u oficinas instaladas en torres de edificios. Las empresas explotadoras de esos enclaves deben pagar un canon anual al Estado por el usufructo del permiso, que normalmente está asociado al volumen de negocios que se realizan desde allí.
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En 2016, el Ministerio de Economía (MEF), a través de su Dirección General de Comercio (DGC), recaudó US$ 6,1 millones por concepto de canon cobrado al conjunto de las zonas francas activas, incluida la administrada por el propio Estado. La cifra bajó respecto al año anterior, cuando lo percibido fue US$ 6,5 millones, rompiendo con la tendencia de aumento que se había dado desde 2007, según datos proporcionados por esa repartición.
Pero el pedido de acceso a la información pública cursado por Búsqueda fue respondido solo parcialmente y no entregó cifras desagregadas para cada zona franca.Eso impide saber si el descenso estuvo asociado a una menor actividad en algún enclave en particular, o si fue una caída generalizada.
Para la DGC, “la información relativa al monto anual del aporte por pago del canon por cada explotador de zona franca reviste carácter confidencial, y su difusión vulnera los datos personales, pudiendo otorgarse en forma disociada, salvo consentimiento libre previo, expreso informado de los titulares”.
Ante esa respuesta, Búsqueda apeló a la intervención de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Dicha acción no logró más que una reiteración del alegato, firmado en este caso por la directora de la DGC, Rosa Osimani. “Entendimos que el monto anual del aporte por pago del canon por cada explotador de zona franca en los períodos señalados vulneraría datos personales sensibles para las empresas (…)”. Invocó un inciso de la Ley de Acceso a la Información Pública que permite declarar como confidencial “hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativos, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”.
UPM y canon.
El régimen de zonas francas, y las ventajas que otorga, han sido objeto de cuestionamiento por algunos sectores de la izquierda. El tema volvió al debate público cuando el gobierno confirmó en un acuerdo con la empresa finlandesa UPM que le daría un nuevo enclave para que instale allí, si así lo decide, una segunda fábrica de pasta de celulosa en el país, entre otros compromisos asumidos en materia de infraestructura. Algunos dirigentes empresariales reclamaron que se otorguen condiciones de costos similares al resto de las firmas que actúan fuera de territorios francos.
El canon comprometido por UPM, en caso de concretar esa millonaria inversión, será de US$ 1,05 millones anuales a partir de la autorización. Luego, cuando empiece a operar la planta, deberá pagar US$ 2,1 millones al año si la producción es menor a dos millones de toneladas de pasta de celulosa y US$ 3,4 millones si es mayor. Adicionalmente, durante los primeros 20 años la empresa tendrá que abonar US$ 3,5 millones anuales.
El contrato firmado también modifica el canon para la zona franca de UPM en Fray Bentos a partir del 15 de octubre de 2034, llevándolo a US$ 2,1 millones anuales.
El pago al Estado por los explotadores de las zonas francas es diferente, si bien siempre está asociado al nivel de actividad.
Por ejemplo, en el caso de Zonamerica, la más grande de las 11 existentes, la autorización para operar aprobada en 1990 previó un canon equivalente a 5% de la totalidad de ingresos brutos que perciba cada semestre de sus usuarios directos por el arrendamiento o utilización de predios y construcciones.
Por otro lado, las dos plantas de pasta de celulosa operativas en el país están instaladas en territorios francos. Por ejemplo, para Botnia Fray Bentos (hoy UPM) el Poder Ejecutivo dispuso también un canon de 5% de los ingresos brutos, en este caso de pago anual, que se computó de manera distinta durante los primeros tres años en función de determinada cantidad de hectáreas, además de otros montos fijos en dólares.
Por explotar bajo el régimen de zona franca sus torres de oficina en el Buceo, WTC Free Zone debe abonar al Estado como canon la mayor de tres cifras (un monto fijo, otra variable relacionada con la cantidad de metros cuadrados adjudicados a usuarios o el 7% de la facturación del explotador) que fueron aumentando.
