Por vender 13 vacas de manera irregular, al ponerles caravanas de terneros y marcas de propiedad que difieren de los registros oficiales, los responsables de un caso detectado días pasados en Paysandú “están yendo contra el sistema” de identificación individual electrónica del ganado, lo que “tiene un impacto negativo” para Uruguay y, por eso, el Ministerio de Ganadería (MGAP) hizo “un llamado” a los actores del sector cárnico “a hacer las cosas bien” considerando “el peso que tienen las exportaciones de carne en la economía” del país.
Así lo señaló a Campo la directora del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), María Nela González, quien consideró necesario aplicar “sanciones ejemplarizantes” a los implicados en este “caso aislado” y que quede registrado en la base de datos a la que acceden inspectores sanitarios de países compradores de carne uruguaya cuando auditan los controles del MGAP y la producción ganadera local.
Un grupo de la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) detuvo en Paysandú a dos camiones que transportaban ganado desde Salto y Artigas con documentación que reveló algunas anomalías, como el uso de caravanas de terneros en 13 vacas, publicó el diario “El Telégrafo”, de Paysandú, a inicios de mayo. Ese matutino sanducero no dio a conocer el nombre de la firma consignataria involucrada pero informó que los animales iban a ser faenados en el frigorífico Casablanca de esa ciudad. Consignatarios consultados por ese medio plantearon, en un intento de justificar esa irregularidad, “la pérdida de caravanas” y dijeron que “en caso de desaparecer ese dispositivo (electrónico) en novillos que están prontos para enviar a la planta de faena, recurren a caravanas sobrantes o de otros animales, porque la caravana verde que se les entrega desde el MGAP impide que esos ejemplares de la tropa puedan ir a la exportación, generando una gran complicación”. Las caravanas de color verde se colocan en vacunos importados o que no están en condiciones de ser trazados, por su categoría (edad) u otros aspectos; mientras que las de color salmón corresponden al ganado correctamente identificado, según consta en el sitio web del SNIG.
Consultada por Campo, González confirmó que “eran 59 vacunos con documentación correspondiente a animales menores de 18 meses y se detectó que 13 vacas llevaban caravanas de identificación pertenecientes a terneros”, lo que implica una “inconsistencia” respecto al sistema de identificación individual del ganado.
A partir de ese operativo, el Ministerio del Interior inició un sumario y una investigación administrativa para comprobar quiénes son los responsables de esa situación irregular y aplicar las sanciones correspondientes, comentó. Dijo que esa Secretaría de Estado además presentará los antecedentes del caso a la Justicia.
“Ahora el Ministerio de Ganadería aguarda que Interior remita el oficio del caso para que el SNIG pueda ratificar o rectificar los datos” recabados por esa agrupación especial de la Policía, señaló.
Añadió, respecto a cómo seguirá el proceso, que “cuando llegue el oficio hay varias competencias que actuarán —una de ellas es el SNIG y otra es la División Contralor de Semovientes (Dicose)— en la verificación de si las caravanas están asociadas al número de registro y a la marca, que es la que revela la propiedad del ganado”. Y por otro lado, González aclaró que “la Dirección de Sanidad Animal deberá corroborar si el veterinario particular actuante hizo lo que corresponde y fiscalizaría esos aspectos”. Eso implica “un conjunto de procesos”, enfatizó.
Para esa jerarca, “el frigorífico no tiene responsabilidad en este caso, sino más bien el productor, el consignatario, que es el intermediario, el operador que leyó las caravanas de los animales y el veterinario que certificó los vacunos”. El veterinario cumple la función de “certificar el estado sanitario del animal pero no está en el momento del embarque del ganado” para su transporte a las plantas de faena, indicó.
La ley 17.977 de 2006 establece el carácter obligatorio de la identificación individual del ganado. Si hay un incumplimiento o violación de una ley corresponde aplicar sanciones que dependerán de la gravedad del hecho; luego del proceso administrativo los servicios jurídicos del MGAP definirán si será una multa y el monto u otra medida, según la titular del SNIG.
Según fuentes de la Bepra, en este caso verificado en Paysandú se trata de una reconocida firma de Florida que opera en lo nacional. El consignatario involucrado actuó con prepotencia y generalmente los efectivos policiales que intervienen en este tipo de procedimientos reciben fuertes presiones de los empresarios, se quejaron.
Contaron que las vacas que tenían caravanas de terneros ya fueron faenadas en el frigorífico sanducero. La norma legal vigente establece que la carne de esos animales no puede ser exportada y solo puede venderse en el mercado interno. “¿Quién controla que el consumidor local no pague el precio de un corte cárnico que es de una vaca vieja y no de un ternero?”, plantearon. Respetando el secreto de sumario, tanto en Ganadería como en la Bepra no quisieron divulgar el nombre de la empresa infractora.
A la luz
Más allá de tratarse de un primer suceso de este tipo y el que consideró estar “aislado” de lo que es el funcionamiento del sector, la jerarca del MGAP no restó importancia al mismo por las implicancias que tiene y que puede tener en el futuro. “Estas cosas quedan registradas y (cuando) venga una auditoría esto puede quedar a la luz y el Ministerio, como autoridad competente, deberá demostrar cuáles fueron las acciones que adoptó frente a este tipo de casos y eso es lo que le da transparencia al sistema”, indicó.
Por eso insistió en que “tener el 100% del ganado identificado facilita a la Dirección de Servicios Ganaderos realizar los controles epidemiológicos y de vigilancia, lo que es una fortaleza del esquema sanitario uruguayo”.
“En la medida en que todos lo protegemos, estamos cuidando un patrimonio del país; por eso causa dolor que actores del sector vayan contra el sistema, poniendo en juego esto”, se lamentó.
Declaró que “esto, que es un caso aislado, tiene un impacto negativo y es un llamado a sensibilizar a todas las partes a hacer las cosas bien, porque la importancia que tienen 13 animales en la ganadería local y en el peso que tienen las exportaciones de carne en la economía, no es nada”.
“Sin embargo, esto impacta negativamente en el contexto nacional”, advirtió. Y manifestó la necesidad de aplicar “sanciones ejemplarizantes” en estos casos, como una “señal fuerte” para quienes operan en este sector.
Política de Estado
La titular del SNIG aprovechó este caso para rescatar el valor que tiene el avance tecnológico logrado en Uruguay en una actividad clave de la economía mediante la implementación de la trazabilidad, que desde 2006 es obligatoria por ley. Y recordó que “es una política de Estado” que arrancó en años anteriores y “trasciende a los gobiernos de turno”.
Informó que hoy el 100% (de las 11,5 millones de cabezas del stock vacuno) está identificado y un 83% está trazado, es decir que los animales fueron inscriptos en los registros antes de cumplir los seis meses y todos los eventos de esos bovinos fueron ingresados al sistema en tiempo y forma”.
“Es un proyecto nuevo para lo que es la cultura ganadera de Uruguay, que lleva 400 años desde el ingreso de los primeros vacunos al territorio, que tradicionalmente fue registrado con las marcas (a fuego en el cuero de los animales) y los formularios en papel con los datos (de la hacienda), y en los ocho años que lleva la trazabilidad individual obligatoria se está dando un agregado de valor con la incorporación de los chips y los lectores electrónicos”, valoró.
En cuanto a la responsabilidad del gobierno en este tema, la jerarca comentó que “la Dirección de Servicios Ganaderos realiza auditorías aleatorias de los establecimientos ganaderos para verificar el funcionamiento” de los mismos en cuanto a las normas sanitarias.
El MGAP además “inspecciona el ingreso de los animales a los frigoríficos y si existe alguna inconsistencia en los datos correspondientes a las tropas se da cuenta de eso y se inician los procesos” administrativos, dijo.
Puntualizó que ese tipo de casos “son los menos”, pero reconoció que “hay operadores que cometen irregularidades con intención”.
Para González es destacable “la madurez del sector” para evitar esas situaciones, teniendo en cuenta la importancia de los negocios cárnicos y del cuidado de los mercados, principalmente en los años recientes, por el acceso a países que pagan mejores precios. Las exportaciones cárnicas de Uruguay superaron los U$S 1.000 millones en 2013, mediante la colocación mayoritaria de carne bovina y en segundo lugar de carne ovina, además de pollos y carne de equinos.
