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Las estadísticas y los especialistas en Derecho Penal indican que la prisión preventiva no tiene un efecto disuasorio. El nuevo Código del Proceso Penal establece que la prisión preventiva será una excepción, salvo cuando se trate de asegurar el cumplimento de una eventual condena, para impedir que se alteren pruebas, o que se presuma que el investigado puede darse a la fuga.
La decisión del fiscal penal Juan Gómez de solicitar la prisión preventiva de una madre que agredió y lesionó a dos docentes de la Escuela 251, en Lecocq y Millán, no se basa en esas excepciones, pero se justifica ampliamente en varios terrenos y el juez penal Humberto Álvarez lo compartió.
La foto de esa madre saltando la reja de la escuela para agredir a la directora —ese mismo día había golpeado antes a la maestra y regresó para su segundo ataque—, frente a 250 alumnos es todo un símbolo de iracundia, de falta de cultura de respeto y de sentido de la impunidad. La mujer tiene 27 años y seis hijos y para ellos se avizora un futuro complejo. Hace 10 años la madre tenía 17 años e ingresaba a la mayoría de edad, pero su comportamiento, su espíritu y su moral se fueron descomponiendo desde la niñez. Hoy es irrecuperable.
El fiscal valoró que podría cometer otro delito, por eso la prisión. Luego en Subrayado explicó que debido a su vecindad con la escuela y su comportamiento resultaba imposible aplicar una medida sustitutiva a la prisión. Perfecto: la gente debe tener la certeza de que ante hechos de esa naturaleza impera la ley y que jueces y fiscales están dispuestos a aplicarla.
“Hay situaciones de violencia desbordada que la sociedad no puede permitir sin responder”. Es una manera de decir: “Mire, señores, para el que viola la ley hay frenos”, razonó Gómez.
Este hecho reitera otros similares ocurridos durante el año. Son todos claros ejemplos de la destrucción del tejido social y no todos surgen de barrios marginales. Desde hace tiempo se reacciona en forma violenta, ofensiva, insultante. No responde a una sola causa: domina la permisividad, los ejemplos perniciosos alentando a desconocer la ley, un lenguaje bastardo, escasa represión, desaparición de valores, quiebres de la estructura familiar, ignorancia de la autoridad e inacción del gobierno y de los partidos políticos. Están más ocupados en acumular adhesiones descalificando rivales que trabajando áreas que suponen que no les reportan votos.
Basta con detenerse un instante y observar alrededor para constatar la destrucción de ese tejido: en el almacén de la esquina, en las cárceles, en el INAU, en las oficinas, en las tribunas deportivas, en el tránsito, en los espectáculos masivos y en las descalificaciones e insultos anónimos en las redes sociales de quienes vuelcan sus frustraciones y venganzas e incitan al odio y se replican. Se añaden la creciente delincuencia y las drogas.
Hay casos insólitos. La semana pasada militantes radicales de Plenaria Memoria y Justicia rompieron vidrios y efectuaron pintadas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una oficina de la Embajada argentina, en las puertas de vidrio de Búsqueda en la calle Mercedes y en varios espacios públicos. Reclamaban por el militante social argentino Santiago Maldonado desparecido hace un mes en Chubut. ¡Sí, en Argentina!
Luego del ataque a las docentes, la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) dispuso, sin siquiera fundamentarlo seriamente, un paro de 24 horas como si fuera una solución, o tuviera un efecto disuasorio para los padres violentos. ¡Paparruchas! Contribuyen a la destrucción del tejido social, distorsionan la vida planificada para ese día de miles de familias y privan a los niños de un día de educación. ¿Castigaron a dos maestras? Castiguemos a las familias y a los niños, parecen razonar.
Como todo sindicato, sus dirigentes tienen que justificar su razón de existir. El paro responde a ese objetivo y también a la absurda pretensión de establecer sanciones penales especiales para quienes agredan a los docentes dentro de los centros educativos. ¿De qué estamos hablando? Ya existen leyes que sancionan esos delitos. Es una repugnante demagogia.
Los docentes se reunirán el miércoles 20 con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Dicen que será para cambiar ideas sobre esa legislación especial que pretenden. ¿El presidente de la Corte —uno de los responsables de aplicar en última instancia la ley— no puede adelantarles su posición sobre la propuesta ni aconsejarlos? En todo caso les dirá lo que ya saben: existen delitos que ya castigan esas infracciones. Una puesta en escena.
Al salir de la reunión los maestros —luego de convocar a los medios— harán su aparición ante las cámaras y centenares de emocionales maestras los aplaudirán por TV sin pensar que todo quedará en la nada. Ademu hace lo mismo que otros gremios o grupos sociales: pretenden solucionar problemas estableciendo sanciones penales mayores. Lo advirtió el expresidente de la Corte Ricardo Pérez Manrique: “Todo el mundo quiere su ley penal propia para castigar más severamente a quienes le agreden”.
Quienes alientan huelgas sin sentido olvidan que la democracia y el tejido social se sostienen o derrumban a través de valores como la dignidad, el respeto por la ley, los derechos y la moral.
Ni el paro ni una nueva ley van a detener y menos recomponer el tejido social. Ademu debería dedicar sus energías a buscar soluciones junto a otros gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno para desafilar las tijeras y que, al menos en las escuelas, no siga creciendo la violencia.
Eso requiere más trabajo y esfuerzo que declaraciones tiradas al voleo y de repente no están dispuestos.
